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SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Si bien comparto la postura mayoritaria consistente en declarar inexequible los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011, porque desconocen el mandato constitucional, según el cual, las normas que reglamentan de manera integral un derecho fundamental deben ser establecidas mediante una ley estatutaria. Creo, que no se han debido diferir los efectos de la sentencia de inexequibilidad, en la medida en que en el presente caso no se configura ninguno de los supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional. La finalidad de retrasar la entrada en vigor de los fallos de inconstitucionalidad por parte de los Tribunales Constitucionales no es otra que la de evitar que la declaratoria de inexequibilidad provoque un vacío normativo que puede resultar más problemático o lesivo. En mi criterio, las razones esbozadas no conducen a que se le aplique el trato excepcional a la declaratoria de inconstitucionalidad de diferir sus efectos hacia el futuro, toda vez que se trata de disposiciones legales que aún no han entrado en vigencia, de manera que con esta decisión no se produce ningún vacío normativo que afecte el ejercicio de derechos fundamentales y en todo caso, al momento de entrar a regir el nuevo código de procedimiento istrativo, la inconstitucionalidad implica que revivirán las normas que regulan el ejercicio del derecho de petición en el Decreto 01 de 1984, no obstante la derogatoria prevista en el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011, mientras el Congreso de la República decide si expide la correspondiente ley estatutaria, lo anterior en aplicación de la doctrina constitucional relacionada con el fenómeno de la reviviscencia de las normas derogadas que ha desarrollado esta corte entre otras en la Sentencia C402/10. SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA MAGISTRADA MARIA VICTORIA CALLE CORREA A LA SENTENCIA C-818/11 Si bien comparto la orientación general del fallo y la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones que regulan el derecho fundamental de petición, me aparto de la decisión adoptada, en el sentido de diferir los efectos de la declaratoria de inexequibilidad de múltiples artículos de la Ley 1437 de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2014, “a fin de que el Congreso, expida la Ley Estatutaria correspondiente”. 

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que el Congreso de la República no alcanzará a adoptar una nueva regulación del derecho fundamental de petición, mediante ley estatutaria, antes del 2 de julio de 2012, fecha de entrada en vigencia de la ley, que configura un hipotético inaceptable, ya que el legislador colombiano cuenta con las herramientas institucionales necesarias para dar cumplimiento a las condiciones establecidas en la Constitución para expedir una ley de las características señaladas. Que la declaratoria de inexequibilidad pura y simple va a generar un vacío jurídico automático cuyos efectos inconstitucionales son más graves que

la permanencia de las normas declaradas inexequibles en el ordenamiento jurídico, ya que al momento de adoptarse la sentencia C818/11, por decisión expresa del Legislador, el Código Contencioso istrativo expedido en 1984 continúa vigente. Luego la declaratoria de inexequibilidad no genera ningún vacío en el ordenamiento jurídico colombiano. El carácter excepcionalísimo del recurso al diferimiento de los efectos de un fallo de inconstitucionalidad. Carga argumentativa elevada para el juez constitucional. la Corte ha dispuesto claramente que “sólo resulta legítimo recurrir a una sentencia de constitucionalidad temporal, si (i) se justifica expresamente esa modalidad de decisión; (ii) claramente se desprende del expediente que la declaración e inexequibilidad inmediata ocasionaría un vacío normativo que conduciría a una situación constitucionalmente peor que el mantenimiento en el ordenamiento de la disposición acusada; (iii) se explica que esa solución es más adecuada que la de recurrir a una sentencia integradora, para lo cual debe tenerse en cuenta, entre otras, el margen de configuración que tiene el Legislador en la materia, y qué tan lesivo a los principios y valores constitucionales es el mantenimiento de la disposición acusada en el ordenamiento y, finalmente, si (iv) el juez constitucional justifica la extensión del plazo conferido al legislador, el cual depende, en gran medida, de la complejidad misma del tema y del posible impacto de la preservación de la regulación en la vigencia de los principios y derechos constitucionales” El supuesto de hecho consistente en que el Congreso de la República no alcanzará a expedir una ley estatutaria antes del 2 de julio de 2012. Como lo hizo la mayoría, que se presentarán indefectiblemente -o como cuestión de la “normalidad” legislativa- tardanzas, obstáculos o complicaciones que impedirán aprobar la legislación estatutaria dentro del plazo referido, equivale a normalizar en sede de control constitucional la ocurrencia de presuntas complicaciones, y suponer de antemano que el Legislador no podrá cumplir oportunamente con su cometido esencial de hacer las leyes. Este presupuesto hipotético es inaceptable. Considero que el legislador colombiano cuenta con las herramientas institucionales necesarias para dar cumplimiento a las condiciones establecidas en la Constitución Política, para expedir una ley de las características de la que nos ocupa. Por lo tanto, discrepo de la mayoría en relación con la verificación de este primer supuesto, de índole fáctica, y en consecuencia no considero procedente, por esta razón, la adopción de un fallo de inconstitucionalidad de efectos diferidos.