Denuncia Penal 307030

ABOGADOS ASOCIADOS

Secretario : Dr. Denuncia : 2014Escrito : 001. Cuaderno : Principal Sumilla : Formula denuncia penal y otro.

“León & Llallico”

Justicia Legal para Todos Jr. Torre Tagle N° 123 –Hvca. Jr. J. P. Riego No 419 Of. 203 T-Hyo.

SEÑOR FISCAL DE LA FISCALIA EN LO PENAL DE TURNO DE HUANCAVELICA. RENNE ABRAHAM

MONTES CANCHURICRA, Identificado

con D.N.I. No. 19922319, con domicilio en calle Kero N° 103 El Tambp – Huancayo- Junin, GARY RONAL OSORIO URBANO, Identificado con D.N.I. No 40722789 con domicilio real en el Jr. Villa Rica s/n Barrio de Santa Ana-Huancavelica y CESAR ANGEL

VILLA

41273855,

RIVEROS,

Identificado

con

D.N.I.

N°

con domicilio real en el Jr. 20 de Enero N° 173

Barrio de Yananaco - Huancavelica, y para los efectos legales señalamos nuestro domicilio procesal sito en el Jr. Torre Tagle N° 123 – cercado de Huancavelica; ante Ud., con incita consideración digo: I.- PRETENSIÓN PROCESAL PENAL. Que, en uso del derecho de acción y petición, en amparo al irrestricto derecho de defensa, y de abuso de derecho prescrita en el Art. 2 Inc. 20), 23) y 103 última parte

de nuestra Carta Fundamental, y habiéndose advertido hechos de

contenido penal sancionado y reprochables la misma que el Estado debe procurar su investigación y proceder a sanción de su autor, procurando para ello de ser el caso de reparación civil, por lo que vengo por ante vuestro Despacho con la finalidad de Interponer Denuncia Penal, en contra de: 1) YOLANDA QUICHA PINO (C.P.C.C. – Perito Judicial del Poder Judicial de Huancavelica), como presunto autor de la comisión de los ilícitos penales contra la fe pública en su modalidad de: Falsificación de documentos Art. 427 C.P., Falsedad Genérica Art. 428 C.P.; Interferencia a código ilícita contenido a base de datos (delito Informático)

271 –A C.P. y Falso Testimonio en Juicio Art. 409 C.P. y cobro

indebido (en grado de tentativa) Art. 383 del Código Penal, en agravio de los suscritos denunciantes.

II.- FUNDAMENTOS FACTICOS Y SUSTANTIVO DE LA DENUNCIA PENAL. Primero.punitiva).- Señor Fiscal,

(Cuestión

jurídica

previa

de

nuestra

pretensión

teniendo en consideración que el derecho penal constituye

el

medio de control social formal estatuido, por el cual el estado interviene con la intervención mínima del derecho punitivo frente a una hechos reprimido, antijurídico y reprochable que requiere judicializarse para la comprobación del mismo, tiene como auxiliar a la criminología tendiente a solucionar el problema de la criminalidad y de los delincuentes, empero los

hechos tienen y trascendencia jurídica en nuestro caso por la intervención en el hecho punible sujetos activos del tipo porque no solo son autoridades, sino han sido designados y adiestrados por la norma ´para ejercer funciones que motivan y sirvan de disuasivo en la sociedad, por lo que su comportamiento debe ser motivador ante los demás, lo que no ocurre ello, de ahí que, es fundamento de la crisis de la istración de justicia y reto negativo contra la misma delincuencia, que lejos de buscar la paz social, armonía social y cumplimiento de sus obligaciones como ser social propician más la delincuencia, la misma debe darse en un estado de derecho democrático y un derecho moderno garantista. Por otro lado el derecho penal buscando luchar contra la criminalidad como mínima intervención o ultima rattio, tiene dos corazones; uno la de proteger a la sociedad (victima), y por otro lado al imputado (a quien delinque), empero no solo este criterio debe primer en el proceso, sino en la mentalidad del operador de justicia, por ello debemos señalar como una cuestión previa ante su actuación debemos lo siguiente : “Construir y mantener un ordenamiento jurídico es un cometido técnico, como todo los demás, con la particularidad de que la técnica del Derecho es probablemente la más difícil entre todas. El Estado tiene la necesidad de buenos juristas, no menos, y quizá más, que de buenos médicos, buenos ingenieros buenos comerciantes. Sin buenos juristas es

vano

esperar que un estado pueda estar jurídicamente bien ordenado y lograr la ansiada justicia como el fundamento democrático del estado de derecho”. Por lo que, del análisis de lo plasmado en la denuncia de esta parte se acredita la existencia de elementos objetivos del tipo penal denunciado

en contra de la Ex – a del Gobierno regional, quien

aparte de haber falsificado mi firma en un supuesto contrato se ha beneficiado y coludido de la adjudicación de Yeso para el Proyecto “Mejoramiento y Rehabilitación de las Atenciones

de las Infraestructuras Económicos, Sociales y productivos en la

Región de Huancavelica – 2008” del Gobierno Regional, hecho que ha generado en nuestra contra un proceso penal, por haber realizado acuerdos subrepticios en la entrega del mismo, cuando los plazos habían vencido, por lo que debe investigarse nuestra denuncia penal. Segundo.- Que, los hechos tienen como origen en el proceso Judicial que se nos sigue

en el Proceso Judicial No

00137-2010-0-1101-SP-PE-01, por la supuesta

comisión del ilícito penal contra la istración Publica en su modalidad de Peculado, en agravio de la Municipalidad Distrital de Caja Espíritu – Acobamba, y estando a la Ejecutoria Suprema que declara haber Nulidad contra la sentencia expedido por dicha Sala, y se vuelva a realizar nuevo juicio, se ordena una ampliación de la pericia Contable, la misma que es designada la denunciada y otro Contador, es donde la denuncia incurren en actos ilícitos como: Falseo la verdad de los hechos, Nunca concurrió a la Municipalidad de Caja Espíritu a recabar documentos para la pericia, plagio su anterior pericia de fs. ............., hizo firmar al otro perito dicha pericia sin haber realizado dicha pericia, señala que dicha pericia fue realizado mancomunadamente los peritos designados, altero los datos de la pericia y de la información del Ministerio de Economía y finanzas, en dicho hechos se configura los delitos que denunciamos: DELIMITACIÓN DEL TIPO PENAL DENUNCIADO.- Se configura el tipo penal denunciado y señalado en el petitorio como lo exponemos:

a) DE ILICITO PENAL del delito informático Interferencia a código ilícita contenido a base de datos (delito Informático) 271 –A del Código Penal.- Se configura el tipo penal, con la conducta ilícita de la denuncia, por cuanto al haber realizado la pericia contable ampliatoria por mandato de la Corte Suprema de la Republica y Sala Penal de Huancavelica, pese a que anteriormente ya había realizado la pericia, para justificar su pericia a más “Nunca fue a la

Municipalidad Distrital de Caja Espíritu” a recabar documentación istrativa de la gestión 2003 a 2006; violando la seguridad del Sistema de Información o consulta Amigable del MEF, extrae información de los años 2003. 2004. 2005 y 2006 de una supuesta declaración de la ejecución de obras y gestión edil antes señalado, sin embargo los Gobiernos Locales (Municipalidad Distrital de Caja), recién registran información a partir del año 2007, por lo tanto la información de los años 2003, 2004, 2005, y 2006 obtenidas y presentadas en el Peritaje Contable son datos muy falsos,

empero lo grave de

todo ello y el dolo con que actuó, se da cuando altera los datos de dicha información colgada por el MEF, tal es así que ha cambiado ilícita datos consignados por el Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de perjudicarnos y hacer creer a la Sala Penal, que existen irregularidades en la gestión y ha existido apropiación ilícita de caudales del estado,

cuando en

realidad es completamente falso, para la cual toda la Información se encuentra en PDF y lo convierte a Word, para así poder alterar la información, la misma que imprimiendo dicha información alterada adjunta a su peritaje, como por citar las siguientes acciones: 

Los cuadros que se muestran

corresponden a la pericia contable, en el cual se

advierte datos falsos y adulterados, fecha en la que el MEF no tenía disponibilidad de datos de los Gobiernos Locales para poder incorporar a su sistema de Consulta amigable, que recién a partir del año 2007 incorporan a los Gobiernos Locales, hecho que fue alterado por la denunciada, así como haber falseado la verdad de los hechos, incorporándolo como medio probatorio de su peritaje.

b) Cobro Indebido Art. 388 del Código Penal.- Pese a que dicha conducta delictual se encuentra acreditada con datos alterados, no solo en la página Web del Ministerio de Economía y Finanzas de los Gobiernos Locales y Regionales, así como haber falsificado

la pericia con datos falsos, así como altera los datos

reales de la gestión (con datos falsos) al prestar con su pericia, solicita el pago de S/. 12,000.00 nuevos soles como pretensión pecuniaria de su peritaje, a sabiendas que la misma es un documento falso y de un contenido de datos falsos, la misma que la Sala Penal, le itió en la suma de S/. 1,500.00 nuevos soles, que lo viene tramitando su pago, es decir si bien su pericia es falsa, como pretende cobrar cuando esta

es adulterada, por lo mismo no debe contra en

absoluto. Es decir pretende cobrar ilegalmente de un trabajo falso, con irregularidades, alteración de información y otros. 

Así mismo, en este cuadro se muestra que el año de ejecución es 20005, el cual es totalmente adulterado, por cuanto los datos de la página del MEF de Consulta amigable son totalmente confiables y absolutamente cuidadosos del cual se infiere que la denunciada a manipulado y adulterado dicho dato.



Señor fiscal para demostrar nuestra denuncia es verosímil, cumplimos con adjuntar las verdaderas informaciones extraídas de la Página del MEF de Consulta amigable, con la verificación objetiva la misma que su despacho deberá de cotejar con un especialista del CONECTAMEF de Huancavelica. Agregando que, para el año 2003 al 2006 el MEF no contaba con información de los Gobiernos Locales, sino que hasta recién a partir del año 2007 los Gobiernos Locales fueron incorporados a la Página del

MEF de Consulta Amigable

como lo demostramos con documentos extraídos de

consulta amigable. (Sic Anexo 01). c) Falso Testimonio en Juicio, Art. 409 del Código Penal.- La perito al momento de ratificarse por mandato de la Sala Penal Liquidadora, prestó juramento de Ley de decir la verdad

y solo la verdad, al que contesto si juro (refiriéndose a que si

mintiera incurre en delito como le exhortó los Vocales de la Sala Penal), en efecto si advertimos la pericia primigenia de fs. 790 a 797, esta tiene un contenido distinto que la pericia ampliada a de fecha, lo grave de todo ello es en la pericia ampliatoria consigna datos falsos e inexistentes, como la información adulterada del MEF, lo cual “A DADO FALSO TESTIMONIO EN SU DECLARACION Y SU PERICIA”, cuanto más nunca fué a la Municipalidad Distrital de Caja Espíritu

a recabar información

documental, sin embargo en audiencia señalo que si fué, como lo demostramos en lo siguiente: 

En la Pericia anterior señalan que el presupuesto de la Obra del Palacio Municipal era de S/. 137,000.00 nuevos soles mientras que en la pericia actual ampliada señala que es la Suma de S/. 107,000.00 nuevos soles, existiendo un faltante de S/. 15,000.00 aproximadamente.



Que el comprobante de Pago N° 469 corresponde al pago de la Empresa Navarro, cuando es totalmente falso y corresponde a otro servicio conforme lo acreditaremos en el proceso de investigación.



Igualmente respecto de la ejecución de la obra Const. Trocha carrozable ChilcapiteCcasancca, la denunciada señala que los suscritos se han apropiado la suma de S/. 538,690.01 soles, los mismo que de manera insistente y tozuda han señalado ante la sala que los suscrito nos hemos beneficiado, cuando en realidad nunca existió ese dinero físicamente, Simplemente dicho monto aparece en el expediente técnico, entre toras irregularidades y falsedades de la pericia, la misma que la denunciada debe de probar contrario sensu documentalmente y con extractos bancarios de los ingresos y gastos de la Municipalidad

d) Contra la Fe Publica en su modalidad de Falsificación de documentos y Falsedad Genérica Art. 427 y 428 del C.P.- Concomitante con lo señalado en líneas arriba, la denunciada solo hizo firmar al C.P.C. Ángel Rubén Carvo

Lara, quien reconoció que en efecto solo la

denunciada le sorprendió haciéndolo firmar la pericia; con los datos falso contradictorios a las dos pericias que la misma denunciada realiza y su pericia ampliatoria, se demuestra que la pericia ampliatoria es un documento FALSO Y ADULTERADO, es decir ha creado un documento falso con la finalidad de perjudicarnos, al extremo que llega a la conclusión que los suscritos

dice que

nos habríamos apropiado la suma de S/. 1,426.98 nuevos soles, cuando en su anterior denuncia señala otro monto distinto en no supera el Millón, si los hechos son los mismos no ha variado ningún documento para la pericia, caso contrario disminuirá el monto entre otros. Finalmente señor fiscal es verosímil nuestra denuncia sobre la adulteración y falsificación de documentos (Pericia Contable) por cuanto como se tiene en la primera tipificación del delito la denunciada ha realizado su pericia con datos manipulados, adulterados y falsos convirtiendo la pericia como si fuera un documento verdadero, cuando en realidad dicha pericia es falsa, además contiene datos falsos. Algo más, es decir la denunciada ha actuado con conocimiento de causa y creyendo el resultado de su conducta (Con Dolo) con la preeminencia del Colegiado penal, no a tomar en cuenta estas acciones dolosas e ilícitas, pero lo grave de todo ello es que percibiendo rodo ello el Fiscal Superior Belisario

Cruz Torres (hasta pensamos que es su cómplice), es más habiendo oído las barbaridades y falsedades que contiene dicha pericia y lo elocuente de sus falsedades que declaraba en audiencia la denunciar lejos de denunciar este ilícito, mas por el contrario le apoyaba y le aleccionaba que es lo que debería a responder, quedando acreditado los fundamentos de nuestra denuncia penal, por lo que debe investigarse ello, ya que no es la única vez, sino en forma constante en todas las pericias, no solo se dedica a ello, sino a extorsionar a los justiciables, solicitándole dinero para inclinar su peritaje, de no ser así se venga señalando que existió irregularidades en

dicha gestión o ejecución de una obra, Caso

contra Maximiliano Taipe Palacios, Walter Garma Breña, Ireneo Arotoma Lanazca y otros, por lo que debe ser sancionada. PRUEBAS.1.

En mérito del nombramiento de un especialista del programa o Pagina Web del Ministerio de Economía y Finanzas a fin de que pueda determinar, si es posible alterar la información y si hasta en el año 2003 ya existía y podía brindar información con la Pagina Consulta Amigo MEF.

2.

Se curse Oficio a la Sala Penal Liquidadora de Huancavelica, a la brevedad posible a fin de que remita copia fedatada de la pericia contable ampliatoria de la denunciada.

3.

Se curse Oficio a la Sala Penal Liquidadora de Huancavelica, a la brevedad posible a fin de que remita copia fedatada de la pericia contable primigenia que corres a fs. 979

del tomo IX del

Exp. No. 136-2010-0-1101-SP-PE-01 secretario Verónica Núñez 4.

Copia simple de las hojas extraídas de la hoja Consulta amigo - MEF, en la que adultero la información consignado por el MEF.

5.

La declaración de los suscritos en calidad de agraviados. Anexo 01.

OTROSI DIGO.- Que,

la denunciada deberán ser

notificada en el Jr. Virrey Toledo No 401 del

cercado de Huancavelica, lugar donde se le hará llegar las ulteriores notificaciones de Ley. POR LO EXPUESTO: A Ud., Señor Fiscal, impetro lo solicitado por ser Justo y conforme a Ley. Huancavelica, 15 de Enero del 2014.

ABOGADOS ASOCIADOS

“León & Llallico”

Justicia Legal para Todos Jr. Torre Tagle N° 123 –Hvca. Jr. J. P. Riego No 419 Of. 203 T-Hyo.

Secretario : Dr. Denuncia : N° 2013Escrito : Correlativo Cuaderno : Principal Sumilla : Formula denuncia penal y otro.

SEÑOR FISCAL DE LA FISCALIA EN LO PENAL DE TURNO DE HUANCAVELICA. HILARIO MULATO GAVILAN, Identificado con D.N.I. N° 23254599, con domicilio real en el Cenbtro Poblado de Chopccapampa del Distrito de Yauli - Huancavelica, y para los efectos legales señalo mi domicilio procesal sito en el Jr. Torre Tagle

N° 123 – cercado de

Huancavelica; ante Ud., con incita consideración digo: I.- PRETENSIÓN PROCESAL PENAL. Que, en uso del derecho de acción y petición, en amparo al irrestricto derecho de defensa, y de abuso de derecho prescrita en el Art. 2 Inc. 20), 23) y 103 de nuestra Carta Fundamental, y habiéndose advertido hechos de contenido penal sancionado y reprochables la misma que el Estado debe procurar su investigación y la respectiva sanción para su autor, procurando para ello de ser el caso de reparación civil, por lo que vengo por ante vuestro Despacho con la finalidad de Interponer Denuncia Penal, en contra: 2) FELIX CRISPIN REYMUNDO, Alcalde de la Municipalidad Distrital de

Paucara - Acobamba, en su condición de autor de la Comisión del ilícito penal contrala fe publica en su modalidad de Falsificación de documentos en general y Usurpación de Funciones conforme al Art. 427 del Código Penal, a quien se le deberá de notificar en su domicilio legal sito en el Jr. Virrey Toledo No.............

Huancavelica.

3) Y contra quienes resulten responsable que ha de identificarse en el

transcurso de la investigación, por el mismo delito. II.- FUNDAMENTOS DE LA DENUNCIA PENAL. Primero.- (Cuestión

jurídica previa de nuestra pretensión

punitiva).- Señor Fiscal, teniendo en consideración que el derecho penal constituye el medio de control social formal estatuido, por el cual el estado interviene con la intervención mínima del derecho punitivo frente a una hechos reprimido, antijurídico

y reprochable que requiere judicializarse para la comprobación del

mismo, tiene como auxiliar a la criminología tendiente a solucionar el problema de la criminalidad y de los delincuentes, empero los hechos tienen y trascendencia

jurídica en nuestro caso por la intervención en el hecho punible sujetos activos del tipo porque no solo son autoridades, sino han sido designados y adiestrados por la norma ´para ejercer funciones que motivan y sirvan de disuasivo en la sociedad, por lo que su comportamiento debe ser motivador ante los demás, lo que no ocurre ello, de ahí que, es fundamento de la crisis de la istración de justicia y reto negativo contra la misma delincuencia, que lejos de buscar la paz social, armonía social y cumplimiento de sus obligaciones como ser social propician más la delincuencia, la misma debe darse en un estado de derecho democrático y un derecho moderno garantista. Segundo.- Bajo esta óptica netamente sustantiva y dogmática se tiene que los hechos materia de investigación a darse se ha materializado, para la cual pasamos a delimitar cada tipo penal y debe investigarse sobre la base de ello: DELIMITACIÓN DEL TIPO PENAL DENUNCIADO.- Se configura

el

tipo

penal

denunciado

y

señalado

en

el

petitorio

como

lo

demostraremos: e) DE LA FALSIFICACION DE FIRMA Art. 427 del C.P.- El presente

Artículo, primer párrafo, señala taxativamente que: “Sera reprimido con pena privativa de libertad no (...), 3.- el que con violencia o amenaza, turba la posesión de un inmueble (…)”. El bien jurídico genérico y específico del tipo penal de la protección jurídica es la fe pública, a decir del jurista Fidel Rojas Vargas. Siempre es la protección de nuestra fe como bien juridico protegido,

cuya conducta afecta la

seguirdad juridica de los actos quye realiza la persona huma (contratos o cualquier documento, cuyo contenido es falseado, adulterado o la firma, selo haciendo como verdaderoque genrra derechos y obligaciones), está refiriéndose a la lesión del bien jurídicamente protegido la cual es haber falsificado en un supuesto contrato del suscrito conel Gobierno regional de Huancavelica, para generar la obligacion que debería supuestamente tener el suscrito con el Gobierno regional de Huancavelica en mi condición de supuesto “Promotor local”, la cual s completamente falso dicho acto contractual, en razón de que el suscrito nunca firmo dicho contrato. Por otro lado, con fecha 01 de agosto del 2007empece a trabajar cuya duración era al 31 de Diciembre del año 2007, posteriormente seguí trabajando bajo la promesa de ampliación de contrato de trabajo, al misma que nunca se dio, menos se firmó dicho contrato, pese a la exigencia no solo del

suscrito sino de muchos al igual como yo. Cargo el que me otorgo como Promotor local, es asi que durante lapso hast la culminacion dell Proyecto................. Algo más, Señor Fiscal, . PRUEBAS.6.

En mérito de la Minuta del inmueble materia de usurpación, en copia legalizada por el Notario.

7.

Las vistas fotográficas del inmueble, la misma que será corroborada por la Inspección Técnico Policial de Moya, para la cual deberá

encomendársele

dichas diligencias y otras que considere vital vuestra Fiscalía. 8.

El Informe que deberá efectuar la Oficina de COFOPRI, sobre la pretensión de Titulación y atoro, por doña Irma Matos de Guevara, para la cual se curse Oficio a dicha institución.

9.

Constancia de posesión del inmueble expedido por el Juez de Paz de Mayo.

10.

El candado fracturado por los denunciados que, servía de seguridad en la puerta principal de , que fuera encontrado en dicho lugar.

11.

En fs. 6 constancias de posesión del inmueble otorgado por las autoridades del Distrito de Moya, así como por los vecinos de la Calle Salaverry e intersección de Calle Huancayo.

12.

Candado de marca Glion, color amarillo, fracturada por los denunciados.

OTROSI DIGO.- Que, los denunciados deberán ser notificados en el Jr. Alejandro D. Deustua No 543 del Distrito del Tambo - Huancayo.

POR LO EXPUESTO: A Ud., Señor Fiscal, impetro lo solicitado por ser Justo y conforme a Ley. Huancavelica, 04 de Setiembre del 2013.

ABOGADOS ASOCIADOS

“León & Llallico”

Justicia Legal para Todos

Secretario : Dr. Denuncia : N° 2013Escrito : Correlativo Cuaderno : Principal Sumilla : Formula denuncia penal y otro.

Jr. Torre Tagle N° 123 –Hvca. Jr. J. P. Riego No 419 Of. 203 T-Hyo.

SEÑOR FISCAL DE LA FISCALIA EN LO PENAL DE TURNO DE HUANCAVELICA. JORGE LUIS

ZUASNABAR ARIAS, Identificado

D.N.I. N° 23704238, con domicilio real en

con

el Jr. Torre

Tagle No 123 de la localidad cercado de Huancavelica, y para los efectos legales señalo mi domicilio procesal sito en el Jr. Torre Tagle

N° 123 del cercado de

esta ciudad; ante Ud., con incita consideración digo: I.- PRETENSIÓN PROCESAL PENAL. Que, en uso del derecho de acción y petición, en amparo al irrestricto derecho de defensa, y de abuso de derecho prescrita en el Art. 2 Inc. 20), 23) y 103 de nuestra Carta Fundamental, y habiéndose advertido hechos de contenido penal sancionado y reprochables la misma que el Estado debe procurar su investigación y la respectiva sanción para su autora, procurando para ello de ser el caso de reparación civil, por lo que vengo por ante vuestro Despacho con la finalidad de Interponer Denuncia Penal, en contra: 4) HORTENCIA VALDERRAMA TORRE, en su condición de autora de la

Comisión del ilícito penal contra la fe pública en su modalidad de Falsificación de firma conforme al Art. 427 del Código Penal. II.- FUNDAMENTOS DE LA DENUNCIA PENAL. Primero.-

(Cuestión

jurídica previa de nuestra

pretensión punitiva).- Señor Fiscal, teniendo en consideración que el derecho penal constituye el medio de control social formal estatuido, por el cual el estado interviene con la intervención mínima del derecho punitivo frente a una hechos reprimido,

antijurídico

comprobación del mismo,

y

reprochable

que

requiere

judicializarse

para

la

tiene como auxiliar a la criminología tendiente a

solucionar el problema de la criminalidad y de los delincuentes, empero los hechos tienen y trascendencia jurídica en nuestro caso por la intervención en el hecho punible sujetos activos del tipo porque no solo son autoridades, sino han sido designados y adiestrados por la norma para ejercer funciones que motivan y sirvan de disuasivo en la sociedad, por lo que su comportamiento debe ser motivador antes los demás, lo que no ocurre ello, de ahí que, es fundamento de la crisis de la istración de justicia y reto negativo contra la misma delincuencia, que lejos de buscar la paz social, armonía social y cumplimiento de sus obligaciones como ser

social propician más la delincuencia, la misma debe darse en un estado de derecho democrático y un derecho moderno garantista. Y si bien el procedimiento penal es el camino para la búsqueda de la verdad material sobre los hechos investigados y conforme

el material de

evidencia incorporada al proceso (se inicia con a investigación preliminar), existen elementos de juicio para deslumbrar con mayor facilidad tanto más que no hayan sido cuestionados. Ventaja para dilucidar con mayor facilidad tanto más que no hayan sido cuestionados, debiendo de dejar de lado pruebas no oportunas que no adolecen del hecho. La denuncia contiene las siguientes deficiencias de orden material y formal, los que nulifican los actos procesales y deslizan sobre ella nuestra postura de contradicción

Por otro lado el derecho penal buscando luchar contra la criminalidad como mínima intervención o ultima rattio, tiene dos corazones; uno la de proteger a la sociedad (victima), y por otro lado al imputado (a quien delinque), empero no solo este criterio debe primer en el proceso, sino en la mentalidad del operador de justicia, por ello debemos señalar como una cuestión previa ante su actuación debemos lo siguiente:

“Construir y mantener un ordenamiento

jurídico es un cometido técnico, como todo los demás, con la particularidad de que la técnica del Derecho es probablemente la más difícil entre todas. El Estado tiene la necesidad de

buenos

juristas, no menos, y quizá más, que de buenos médicos, buenos ingenieros buenos comerciantes. Sin buenos juristas es

vano

esperar que un estado pueda estar jurídicamente bien ordenado y lograr la ansiada justicia como el fundamento democrático del estado de derecho”. Por lo que, del análisis de lo plasmado en la denuncia de esta parte se acredita la existencia de elementos objetivos del tipo penal denunciado en contra de la Ex – a del Gobierno regional, quien aparte de haber falsificado mi firma en un supuesto contrato se ha beneficiado y coludido de la adjudicación de Yeso para el Proyecto “Mejoramiento y Rehabilitación de las Atenciones de las Infraestructuras Económicos, Sociales y productivos en la Región de Huancavelica – 2008” del Gobierno Regional, hecho que ha generado en nuestra contra un proceso penal, por haber realizado acuerdos subrepticios en la entrega del mismo, cuando los plazos habían vencido, por lo que debe investigarse nuestra denuncia penal

Segundo.- Bajo esta óptica netamente sustantiva y dogmática se tiene que los hechos materia de investigación a darse se ha materializado, para la cual pasamos a delimitar cada tipo penal y debe investigarse sobre la base de ello: DELIMITACIÓN DE LOS TIPOS PENALES DENUNCIADOS.Se configura el tipo penal denunciado y señalado en el petitorio como lo demostraremos: a)- DE LA falsificación de firma Art. 427 del C.P.- El presente Artículo, primer párrafo, señala taxativamente que: “Sera reprimido

con pena privativa de

libertad no (...), 3.- el que con violencia o amenaza, turba la posesión de un inmueble (…)”. El bien jurídico genérico y especifico del tipo penal es la protección de la fe pública, la seguridad jurídica de la fe pública, ya sea en los contratos, documentos o cualquier otro hecho que genere una obligación a un tercero. Bajo este carril, el suscrito inicio su trabajo como Promotor local para el Gobierno Regional de Huancavelica en la localidad de Pampas Tayacaja, en el año del 2007, bajo el contrato No 408-2007/ORA de fecha 1 de Agosto del 2007 al 31 de Diciembre del 2007, empero al año siguiente seguíamos trabajando en dicho Proyecto sin contrato, bajo la promesa de regularizarse el contrato no solamente por la denunciada, sino del mismo Presidente Regional, así como otros funcionarios, la cual nunca se cumplió y no se nos pagó por los días trabajados, quedando impagos hasta la fecha. Resulta que, en el mes de Octubre del año 2007 se suscribe el contrato No

con el Grupo San Cristóbal, a fin de que este último pueda proveer

yeso x 22 la bolsa, cuyo cumplimiento debería ser en 4 días hábiles, sin embargo no se dio ello, simplemente se incumplió, por lo que estaba bajo nuestra responsabilidad

control, calidad, peso y otras condiciones para beneficio del

Gobierno regional, y como no se entregó en su oportunidad, así trascurrieron los meses de Diciembre, enero, febrero y marzo del 2008, seguíamos trabajando con la promesa de fraccionarse el contrato, lo cual nunca se firmó y ni siquiera se nos pagó. Por otro lado, el suscrito venia cumpliendo sus funciones como tal, es así que desconocía los tratos que tenía con dicha proveedora la denuncia, la que se generó una denuncia penal por el Procurador del Gobierno Regional,

la

misma que se viene llevando a cabo el juicio oral ante la Sala Penal liquidadora, es cuando recién me doy con la ingrata sorpresa que me habían falsificado mi firma en el contrato No 211-2008/ORA, que se incorporó al proceso,

cuando el suscrito

nunca suscribió contrato alguno. Es decir me han falsificado mi firma, por lo que se me atribuye tener responsabilidad sobre la recepción de yesos, la cual se firmó por

orden y función de la denunciada, por lo que debe investigarse y sancionar a la denunciada, pues es la única persona con quien se firma y que recuerde respecto del mes de la supuesta fecha de suscripción del contrato, nunca firme, no siendo mi letra y firma de puño en dicho contrato. PRUEBAS.1.- Se curse oficio a la Sala Penal Liquidadora de esta ciudad y remita a su Despacho el contrato fraudulento que se encuentra en el Exp. No 00512-20100-1101-JR-PE-01, seguida contra Santiago Ciencia Crispín y otros, por el delito de Peculado y otro, en agravio del Gobierno Regional de esta ciudad. 2.- Mi declaración Indagatoria que ha de prestar. 3.- La declaración Indagatoria de la denunciada. 4.- Se remita oficio al Gobierno Regional de esta ciudad y remita todo los contratos del suscrito en el Proyecto “Mejoramiento y Rehabilitación de las Atenciones de las Infraestructuras Económicos, Sociales y productivos en la Región de Huancavelica – 2008”, bajo apercibimiento de Ley. 5.- Se realice la pericia grafo técnica sobre la firma del contrato fraudulento materia de denuncia penal, para la cual se designe los peritos correspondientes y se me recabe las muestras gráficas. OTROSI DIGO.- Que,

la denunciada deberán ser

notificados en el Jr. Virrey

Toledo No 267 (costado de la entidad Financiera Pro – Empresa), casa de la familia Valderrama Torre, del cercado de Huancavelica. POR LO EXPUESTO: A Ud., Señor Fiscal, impetro lo solicitado por ser Justo y conforme a Ley. Huancavelica, 08 de Enero del 2014.

ABOGADOS ASOCIADOS

Sec.

: Denuncia :

“León & Llallico”

2008-

Justicia Legal para Todos

Sumilla

:

Interpone denuncia Jr.

Torre

Tagle

No

123

–Hvca.

Penal por Abuso de Jr.

J.

P.

Riego

No

419

Of.

203

T-Hyo.

Autoridad.

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL EN LO PENAL DE HUANCAVELICA. EPIFANIO MONTES PARI, Identificado con D.N.I. No

, con domicilio real en el Jr.

No 119 del Barrio de

Yananaco - Huancavelica y por domicilio Procesal en el Jr. Torre Tagle No 123 del cercado; ante Ud., con incita consideración digo: I.- DE LA PRETENSIÓN PENAL. Haciendo uso del irrestricto derecho de defensa y de petición prescrito en el Art. 2 Inc. 20) y 23), así como del Art. 103 que repudia el abuso del derecho en nuestra Carta Constitucional, en armonía con lo prescrito en el Art. 12 y 94 del D. Leg. N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Publico; y habiéndose cometidos hechos de contenido penal con signos de corruptela en la expedición de la Resolución No 579-2013-D-HD/HVCA, la misma que el Estado debe procurar su investigación y la respectiva sanción penal contra sus autores, cómplices y coautores, procurando para ello de ser el caso de reparación civil, vengo por ante vuestro Despacho con la finalidad de INTERPONER DENUNCIA PENAL, contra sus autores: 1) El Director del Hospital departamental de Huancavelica, Máximo Enrique Ecos Lima (Autor); 2) Jefe de Personal don Antonio Jurado De la Cruz (cómplice); 3) Jefe de Asesoría Legal don Carlos Anccasi Cunya (Coautor); y 4) La Oficina de istración don Julián Chocca Huarancca (cómplice), por la comisión de los ilícitos penales contra de: 1) Delitos cometidos contra la istración Publica en su modalidad de Abuso de Autoridad, prescrito en el del Código Penal; Sustentándola

de manera clara y concreta, por la existencia de

suficientes elementos de juicio, constituidos en medios instrumentales de prueba idónea que acreditan la comisión del tipo penal y en lo siguientes fundamentos de hecho y derecho: I.- SUCINTA EXPOSICIÓN DE HECHOS QUE MOTIVAN LA DENUNCIA.

Primero.- (Breve sustento de la acción delictual) Señor Fiscal, cuando aparece el Ministerio Publico con la constitución de 1,979 (Art. 250 Inc. 5), establecía que el representante del Ministerio Publico, es quien debe velar y vigilar en la investigación preliminar, en los actos Prejudiciales con la finalidad de establecer si existen elementos de juicio o no de una presunción de la comisión de un hecho reprochable antijurídico, es decir proveer elementos para decir el ejercicio de la acción penal, pues, no investiga en si la producción del delito en sí. Mandato que concuerda con lo previsto en el Atr. 9 del D. Leg. 052 de la LOMP, en consecuencia esta labor debe no solo debe resumirse en encontrar las exigencias legales del mandato del Art. 77 de Código de Procedimientos Penales, empero que acredite la verosimilitud de lo denunciado y sus características normativas o de los denominados indicio del hacho punible. A parte de ello, debemos diferenciar la titularidad del ejercicio de la acción, ya que, no solo el Fiscal, con la finalidad de llevar in caso concreto o una causa probable a la instancia jurisdiccional, la misma que esta debe extenderse no lo solo a la formalización de la denuncia, sino a la acusación y requisitoria, la de demostrar y dotarle el cumplimiento de su obligación procesal, de probar su denuncia, de manera que estos aspectos debemos tratar de entender esta función a fin de desterrar que existe

insuficiente de medios

personales y materiales necesarios para la persecución del delito, dejando menos el protagonismo de la investigación policial en el nuevo modelo con independencia, razonamiento lógico y como premisa el principio de legalidad como eslogan de si función a fin de garantizar el inicio de una transparente y oportuna istración de justicia. Siendo el Ministerio Publico la institución tutelar de la legalidad y representante de la sociedad, por cuanto tiene como función formal la persecución del delito, como comportamiento antisocial de los ciudadanos, conforme lo prescribe el Art. 1 del d. Leg. 052, Ley Orgánica del Ministerio Publico, en armonía con el Art. 259 de nuestra Carta fundamental. Judicatura en la que debe recaer la investigación preliminar, par la

cual debe dotar las mininas garantías de la

investigación preliminar, a fin de darle una transparente, independiente, objetividad jurídica y una actuación acorde a ley, quien debe reunir los elementos de juicio e indicios de la sospecha de la comisión de un hecho reprochable antijurídico, por lo que es necesario la intervención del derecho penal, como medio de control social formal. Por lo mismo, la finalidad de derecho penal siendo la de reprimir los actos punibles. El derecho penal realiza su misión de protección de la sociedad, castigando las infracciones ya cometidas, por lo que es de naturaleza represiva. En segundo lugar, cumple esa misma misión por medio de la prevención de infracciones de posible comisión futura, por lo que posee naturaleza preventiva.

Ambas funciones del derecho Penal no son contradictorias, sino que deben concebirse como una unidad. El Derecho Penal tiene una función represiva, en tanto interviene para reprimir o sancionar el delito ya cometido. Pero esta función represiva siempre va acompañada de una función preventiva, pues con el castigo del delito se pretende impedir t5ambien que en el futuro se cometa por otros o por el mismo delincuente, esa esta de manera individual o colectiva, pues no solo debemos enfrentar ello, sino los nuevos tipos de delincuencia acorde a nuestra realidad fáctica social, como señala

Roxin.-“la

Criminalidad

organizada

globalizada”, empero buscando el bienestar y garantía que conlleva a una eficaz y garantista istración de justicia (control social y prevención). Empero, bajo esta óptica debe sujetarse nuestras acciones así como la obligación del Ministerio Publico, que nos vinculemos a la frase Nullum crimen, nulla poena sine lege, porque justamente dentro de nuestra argumentación de la presente imputación contra los denunciados, se encuentra plasmado dentro del principio antes acotado, es decir el principio de legalidad, por lo que es necesario la intervención mínima del derecho Penal, como ultima rattio a fin de prevenir las conductas dolosos y delictivas de los denunciados, que no se motivan de la norma penal.

Segundo.- (Brece exposición de los hechos materia de la denuncia y actos de corrupción).- Siendo así, con fecha 10 de Octubre del 2011, me aperturaron instrucción por la supuesta comisión del ilícito penal contra la fe Pública, en agravio del Estado Gobierno Regional de Huancavelica (Hospital Departamental), y según el trajín del proceso pese haber demostrado la inexistencia del tipo penal, el Segundo Juzgado en lo Penal de Huancavelica, me sentencio a la pena privativa de Libertad con carácter suspendida de 4 años, con periodo de prueba de 2 años y reglas de conductas, así como a la pena de inhabilitación de 1 año para ejercer cargo o mandato, la misma que ha quedado consentida y ejecutoriada. Empero a nivel istrativa igualmente mediante Resolución Directoral No 0230-2010-D-HD/HVCA; ya fui sancionado

a la pena

istrativa de cesa temporal sin goce de remuneraciones de 6 meses, la misma que se ha cumplido en su oportunidad, que, pese a ello me destituye es decir doble sanción istrativa. Bajo este carril de ideas, en merito a dicha sentencia el segundo Juzgado pone de conocimiento a la Dirección del Hospital Departamental del contenido de dicha sentencia, por lo que, a fin de cumplir dicha inhabilitación el señor Director de aquel entonces Medico Walter Fernando Malca Jáuregui, expido la Resolución Directoral No 515-2012-D-HD/UP de fecha 07 de Junio del 2012, suspendiéndome

por un año de inhabilitación para el trabajo que venía

desempeñándome, ello en merito a la sentencia expedida por el segundo Juzgado Penal, con lo que al 10 de Junio del 2013, “SE HA CUMPLIDO DICHA

INHABIILITACION ISTRATIVA”, es decir el día de hoy cumplí dicha pena ria de la sentencia. Tercero.- Señor Fiscal, a nadie hace daño un poco de estudio, ya que, habiéndose vencido el día de

la fecha dicha inhabilitación ordenada

mediante acto resolutivo de la Dirección del Hospital, presente mi solicitud de reincorporación como lo acredito, empero sin dilación alguna y en tiempo tan veloz de manera abusiva los denunciados: Máximo Enrique Ecos Lima, Carlos Anccasi Cunya, Antonio Jurado De la Cruz y Julián Chocca Huarancca (allegados del Director y el Asesor Legal), ordenaron la expedir la Resolución Directoral No 579-2013-DHD/HVCA, en la que se resuelve DESTITUIRME del cargo que ostentaba, ello sin previo proceso istrativo y supuestamente automática. Ufanándose ambos denunciados ser conocedores de los mecanismos istrativos y de la ley, de manera prepotente ordenaron dicho acto istrativo. Lo grave de todo ello es que, el suscrito no ha solicitado la reincorporación en función de la sentencia y la rehabilitación,

SINO

POR

LA

RESOLUCION

ISTRATIVA

ANTES

SEÑALADO (suspensión istrativa), es decir el suscrito ha cumplido la inhabilitación no por mandato del mismo Hospital y no por orden directa

del

Juzgado, o por la REHABILITACION como supuestamente alude el articulista Abogado y el denunciado Director, que por cierto sostiene animadversión con el suscrito porque siempre le he cuestionado sus actos de corruptela, como explicaremos en adelante. Pues, el suscrito no ha solicitado la reincorporación en función de la supuesta rehabilitación que presume y desconoce el asesor legal, sino en función de un acto resolutivo, de manera que en dicha resolución no solo existe el abuso de autoridad, sino la falsedad genérica, tanto más que con sus dotes de soñador e iluso se reputa de “doctor” (VEASE SU POST FIRMA) usurpando

título viene

actuando en forma ilegal, por una triquiñuela persona, en consecuencia se encuentra acreditado debidamente los ilícitos penales denunciados, así como los otros hechos dolosos que viene cometiendo en contra del Estado y el Hospital, como sustracción de bienes, medicina, útiles de escritorio, caudales y otros, usurpación de cargo y otros como colusión, peculado.

Cuarto.- (De la configuración del Tipo penal de Abuso de Autoridad).-Señor Fiscal, se configura cuando por haber ordenado el denunciado Máximo Ecos Lima, su coautor Asesor Legal, y sus cómplice de la expedición de una acto resolutivo abusivo aprovechándose de su cargo que ostenta; pues, si bien es cierto fui sentenciado a la pena privativa de Libertad de 4 años

con carácter

suspendido y reglas de conductas, HABRIA QUE REFRESCARLE LA MENTE

Y

RECORDARLE A LOS DENUNCIADOS LA DESTITUCION ES AUTOMATICA, CUANDO

LA PENA ES EFECTIVA (CARCEL) LO CUAL NO HA SUCEDIDO,

empero cuando la pena es suspendida esta deberá previo un proceso istrativo disciplinario conforme se tiene lo prescrito en el Art. 161 del D.S. 005-90-PCM, que dice textualmente : “.......... en el caso de la condena condicional, la comisión de procesos istrativos disciplinarias evalúa, si el servidor puede seguir prestando servicio, siempre y cuando el delito no este relación con las funciones asignadas y ni afecte a la istración publica”. De manera que: 1) No existe proceso istrativo; 2) El

delito no está relacionado con mis funciones que

realizaba (no presto servicio a la fecha) Y NO AFECTA LA ISTRACION Publica, lo que sucede es que, pretende sacarme del cargo para sí poder asignarle en mi cargo a su allegado previo pago de uno o dos sueldos, como siempre lo hace, de tal manera que, fíjese para acomodar a los denunciados les ha cobrado una monto como se comenta y se popula en los pasillos del Hospital, presumiéndose que sea cierto, por ello pese a que la Directiva Nacional al respecto señala que deberán concursar para asignarles o desempeñarse en los cargos de funcionarios en cualquier entidad, empero no fue así al dedo y por recomendación de sus asesores

conformaron una asociación para delinquir de esta forma y como lo

explicamos. Por ello mal podríamos argumentar y sustentar con lo prescrito en el Art. 69 del Código Penal, muestra del abuso de autoridad. Además que, en el hipotético caso negado, cuántos trabajadores tiene la misma condición que el suscrito penados con pena privativa de libertad suspendida y no son destituidos, tanto más que, conforme se tiene la Resolución Directoral No 230-2010-D-HDHVCA/UP de fecha 15-09-2010, en la que me impone la sanción de 6 meses de cese temporal sin goce de remuneraciones, ya existe una sanción istrativa y no puede así me tenga rencor, odio, animadversión o lo pretenda vender dicho puesto como lo hace, destituirme, “YA FUI SANCIONADO”, CONSTITUYENDO EL TIPICO ABUSO DE AUTORIDAD. a.-

CONTRA LA FE PUBLICA, en su modalidad Falsedad Genérica y

Usurpación de Grados y Títulos (Art. 428 del C.P.). Esta figura

penal se

acredita por cuanto el denunciado de manera concertada y premeditada; con el consentimiento de sus denunciados, en todo los documentos suscribe como “Doctor”, es decir sin haber estudiado o cursado el grado académico de Doctorado, nótese que en todo los documentos se ufana y proclama como doctor, cuando en realidad no es así, ello lo hace con el afán que el Presidente Regional lo siga manteniendo como “Director”, es más sospechosamente en su post firma, lo hace y que sus cómplice pese a tener conocimiento han omitido en denunciar y poner de conocimiento de las autoridades competentes. Así de esta manera

burlándose de la buena fe de la sociedad, ufanándose de un grado académico que nunca la curso, ni la obtuvo, con el propósito de obtener ventaja económica y otros en la istración publica, beneficiándose en este caso por dicho supuesto título fue designado como Director, por el Gobierno Regional, cuya designación pese a que es de confianza, es irregular bajo este modus operandi, la de sorprender con estos actos ilícitos, con la preeminencia y conocimiento de sus denunciados, quienes actúan de manera organizada Asociación Ilícita para delinquir). b.- CONTRA LA ISTRACION PUBLICA en su modalidad de Colusión desleal y Peculado.- En su modalidad de Colusión y Peculado (Art. 428 del Código Penal).- Al respecto si bien es cierto, supuestamente sus co-denunciados cumplan los requisitos exigentes para cumplir tal función, según el reglamente de sector público (directiva), sin perjuicio que son cargos de confianza, estos debe concursar, empero como quiera que son personas allegadas al denunciado Máximo Ecos Lima (de su entorno u organización delictual), no han concursado y fueron designados a dedo, para así concertando sus voluntades se hagan nombrar irregularmente y beneficiarse de manera ilegal económicamente entre si. Dentro de la tipicidad, se encuentra que, los denunciados como profesionales, han actuado con dolo, voluntad y conocimiento, es decir con pleno conocimiento de sus actos, consientes y con voluntad de acción aprovechándose su condición de funcionarios públicos, además que a sabiendas que la norma la prohíbe como conducta licita, con el animus es perjudicarme a decir que no siga trabajando en el Hospital Departamental por una animadversión y enemistad persona que deviene cuando en otrora fecha fue Director y me denuncio falsamente por hechos que nunca se dio, denuncias que fueron archivadas, por lo que queda demostrado los tipos penales denunciados.

PRUEBAS.1.- Resolución Directoral No 579-2013-D-HD/HVCA de fecha 07 de Junio del 2013, en la que resuelve destituirme del cargo que ostentaba 2.- El denunciado Máximo Ecos Lima cumpla con informar, quienes conforman la comisión de Procesos istrativos disciplinarios del Hospital Departamental de Huancavelica, y si le solicito y comunico para que procedan conforme a sus facultades para procesarme previo a la destitución o fue por acuerdo solamente de quienes firma dicho acto istrativo. 3.- Se curse, Se curse Oficio a la Dirección del Hospital departamental de Huancavelica a fin de que remita la Resolución Directoral que ordena la apertura de proceso istrativo disciplinario contra el suscrito, para la destitución, con el respectivo Informe de dicha comisión, bajo apercibimiento de Ley.

4.- Que, ponga a disposición el Título de Doctor (grado académico), así como los documentos referentes a su estudio como tal. 5.-

Resolución Directoral No 515-2012-D-HD-HVCA/UP de fecha 07 de Junio del

2012, en la que se me habilita en el cargo. 5.- Resolución Directoral No 230-2010-D-HD-HVCA/UP de fecha 15-09-2010, en la que me impone la sanción de 6 meses

de cese temporal sin goce de

remuneraciones. 6.- Se curse Oficio a la Dirección y Jefatura de Personal del Hospital Departamental de Huancavelica, y remita el proceso de selección (concurso) de los denunciados De la Jefatura de personal y istración, bajo apercibimiento de ley, en caso de negativa. 7.- Se requiera a la Dirección del Hospital Departamental de Huancavelica, remita las boletas de pago, o los recibos de Honorarios profesionales de los denunciados, a fin de demostrar que el denunciado Máximo Ecos Lima, les beneficia de manera ilegal a sus denunciados, por haberse coludido. 8.- La Dirección y la Jefatura de Personal del Hospital Departamental de Huancavelica, remita los contratos de sus codiciados. OTROSI DIGO.- Que, su Despacho efectué una intervención insitu e inmediata a la Dirección, istración y Jefatura de personal, a fin de incautar los documentos necesarios para la presente investigación. OTROSI DIGO.- Que, los denunciados serán notificados en el local del Hospital Departamental de Huancavelica, en la Av. Andrés A. Cáceres s/n del Barrio de Yananaco. POR LO EXPUESTO: A Ud., Señor Fiscal, impetro lo solicitado por ser Justo y de Ley. Huancavelica, 07 de Junio del 2013.

ABOGADOS ASOCIADOS

Sec.

: Denuncia :

“León & Llallico”

2008-

Justicia Legal para Todos

Sumilla

:

Interpone denuncia Jr.

Torre

Tagle

No

123

–Hvca.

Penal por Abuso de Jr.

J.

P.

Riego

No

419

Of.

203

T-Hyo.

Autoridad.

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL EN LO PENAL DE HUANCAVELICA.

COMUNISDAD CAMPESINA DE PUMACCORIA, representado por su presidente Comunal Maximiliano Pari Jurado, identificado con D.N.I. No

, con domicilio

real en la plaza principal de Pumaccoria - Huancavelica y por domicilio Procesal en el Jr. Torre Tagle No 123 del cercado; ante Ud., con incita consideración digo:

I.- DE LA PRETENSIÓN PENAL. Haciendo uso del irrestricto derecho de defensa y de petición prescrito en el Art. 2 Inc. 20) y 23), Art. 70 se garantiza el derecho de la propiedad privada, así como del Art. 103 que repudia el abuso del derecho en nuestra Carta Constitucional, en armonía con lo prescrito en el Art. 12 y 94 del D. Leg. N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Publico;

y habiéndose cometidos hechos de

contenido penal con signos de corruptela en la expedición de la Titulación del predio “Santa Rosa” que venimos posesionado por la Comunidad de Pomaccoria por más de 70 años, la misma que el Estado debe procurar su investigación y la respectiva, sanción penal contra sus autores, cómplices y coautores, procurando para ello de ser el caso de reparación civil por el daño causado, vengo por ante vuestro Despacho con la finalidad de INTERPONER DENUNCIA PENAL, contra sus autores:

1) PRESIDENTE REGIONAL DE HUANCAVELICA, Maciste Díaz Abad (Autor intelectual); de los ilícitos penales de Abuso de Autoridad, Falsificación de documentos, falsedad Genérica y Malversación de fondos. 2) DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA (coautor);

Abuso de

autoridad, falsedad Generica y malversación de fondos. 3) Florencio Rovay Córdova Polo (Coautor); Falsedad Generica y Falsificacion de documentos. 4) EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANÍA del Gobierno Regional Huancavelica, José Víctor Obregón Morales, Falsedad Generica y abuso de autoridad. 5) Y contra quienes resulten responsables (cómplice), por la comisión de los ilícitos penales contra de: 1) Delitos cometidos contra la Fe Publica en su modalidad de Falsedad Genérica previsto y sancionado en el Art. ………

del Código Penal;

Sustentándola de manera clara y concreta, por la existencia de suficientes elementos de juicio, constituidos en medios instrumentales de prueba idónea que acreditan la comisión del tipo penal y en los siguientes fundamentos de hecho y derecho:

I.- SUCINTA EXPOSICIÓN DE HECHOS QUE MOTIVAN LA DENUNCIA CRIMINAL. Primero.- (Breve sustento jurídico de la acción y función del Ministerio Publico como defensor de la legalidad) Señor Fiscal, cuando aparece el Ministerio Publico con la constitución de 1,979 (Art. 250 Inc. 5), establecía que el representante del Ministerio Publico, es quien debe velar y vigilar en la investigación preliminar, en los actos Prejudiciales con la finalidad de establecer si existen elementos de juicio o no de una presunción de la comisión de un hecho reprochable antijurídico, es decir proveer elementos para decir el ejercicio de la acción penal, pues, no investiga en si la producción del delito en sí. Mandato que concuerda con lo previsto en el Atr. 9 del D. Leg. 052 de la LOMP, en consecuencia esta labor debe no solo debe resumirse en encontrar las exigencias legales del mandato del Art. 77 de Código de Procedimientos Penales, empero que acredite la verosimilitud de lo denunciado y sus características normativas o de los denominados indicio del hacho punible. A parte de ello, debemos diferenciar la titularidad del ejercicio de la acción, ya que, no solo el Fiscal, con la finalidad de llevar in caso concreto o una causa probable a la instancia jurisdiccional, la misma que esta debe extenderse no lo solo a la

formalización de la denuncia, sino a la acusación y requisitoria, la de demostrar y dotarle el cumplimiento de su obligación procesal, de probar su denuncia, de manera que estos aspectos debemos tratar de entender esta función a fin de desterrar que existe insuficiente de medios personales y materiales necesarios para la persecución del delito, dejando menos el protagonismo de la investigación policial en el nuevo modelo con independencia, razonamiento lógico y como premisa el principio de legalidad como eslogan de si función a fin de garantizar el inicio de una transparente y oportuna istración de justicia.

Siendo el Ministerio Publico la institución tutelar de la legalidad y representante de la sociedad, por cuanto tiene como función formal la persecución del delito, como comportamiento antisocial de los ciudadanos, conforme lo prescribe el Art. 1 del d. Leg. 052, Ley Orgánica del Ministerio Publico, en armonía con el Art. 259 de nuestra Carta fundamental. Judicatura en la que debe recaer la investigación preliminar, para la

cual debe dotar las mininas garantías de la investigación

preliminar, a fin de darle una transparente, independiente, objetividad jurídica y una actuación acorde a ley, quien debe reunir los elementos de juicio e indicios de la sospecha de la comisión de un hecho reprochable antijurídico, por lo que es necesario la intervención del derecho penal, como medio de control social formal.

Por lo mismo, la finalidad de derecho penal siendo la de reprimir los actos punibles. El derecho penal realiza su misión de protección de la sociedad, castigando las infracciones ya cometidas, por lo que es de naturaleza represiva. En segundo lugar, cumple esa misma misión por medio de la prevención de infracciones de posible comisión futura, por lo que posee naturaleza preventiva. Ambas funciones del derecho Penal no son contradictorias, sino que deben concebirse como una unidad. El Derecho Penal tiene una función represiva, en tanto interviene para reprimir o sancionar el delito ya cometido. Pero esta función represiva siempre va acompañada de una función preventiva, pues con el castigo del delito se pretende impedir t5ambien que en el futuro se cometa por otros o por el mismo delincuente, esa esta de manera individual o colectiva, pues no solo debemos enfrentar ello, sino los nuevos tipos de delincuencia acorde a nuestra realidad fáctica social, como señala Roxin.-“la Criminalidad organizada globalizada”, empero buscando el bienestar y garantía que conlleva a una eficaz y garantista

istración de justicia (control

social y prevención). Empero, bajo esta óptica debe sujetarse nuestras acciones así

como la obligación del Ministerio Público, que nos vinculemos a la frase Nullum crimen, nulla poena sine lege, porque justamente dentro de nuestra argumentación de la presente imputación contra los denunciados, se encuentra plasmado dentro del principio antes acotado, es decir el principio de legalidad, por lo que es necesario la intervención mínima del derecho Penal, como ultima rattio a fin de prevenir las conductas dolosos y delictivas de los denunciados, que no se motivan de la norma penal.

Segundo.- (Brece exposición de los hechos materia de la denuncia y actos de corrupción y el intercriminis).- Bajo este carril de sustanciación jurídica, con fecha 29 de Diciembre del año 2011, supuestamente se suscribió el convenio No 123-2011-GOBIERNO

REGIONAL.HUANCAVELICA,

entre

la

Comunidad

de

Pumaccoria y el Gobierno Regional de Huancavelica, cuya finalidad como convenio de cooperación entre ambas Instituciones, para la ejecución de diversas obras, sustento que fuera recogido por el Gobierno Regional de Huancavelica para la suscripción de dicho convenio se basaron en un Acta de Sesión extraordinaria de la Comunidad de fecha ……………, donde supuestamente

la Comunidad y Comuneros habrían

acordado donar parte del predio Santa Rosa al Gobierno Regional de Huancavelica, a contraprestación de realizar diversas obras que se detallan en dicho convenio, cuando en realidad en dicha sesión nunca se acordó ello, para la cual los funcionarios y denunciados sorprendieron a los Comuneros, aprovechando sus condiciones y grado de cultura que ostenta los Comuneros falsificaron dicha Acta (adicionaron dicha donación de dicho terreno),

del cual es de pleno conocimiento pleno de todo los

denunciados, por cuanto nunca hubo tal acuerdo.

Bajo orden, pese a que existía el ilícito penal de falsificación de documentos en el Acta de fecha……………… del Libro de Acta de Asambleas Generales de la Comunidad de Pumaccoria, (es decir con conocimiento y voluntad) de los denunciados, faccionaron y los sorprendieron a los comuneros al hacerlos firmar dicho convenio embaucando a la Comunidad (ofreciéndoles y prometiéndoles obras), cuya finalidad no es otra cosa afanes políticos del denunciado Presidente Regional y conforme se tiene la cláusula segunda el objeto era

ejecutar el Proyecto Trencito

Macho, así como ejecutar diversas obras como: Irrigación Tecnificada por aspersión desde la laguna de Llaveccocha; Mantenimiento de la trocha carrosable de Huayllaracra a Pumaccoria; Construcción de un pontón en el lugar Arreohuaycco y el

Levantamiento de la casa Hacienda en Santa Rosa, bajo la istracion de la dirección

de

Turismo.

Que,

aparentemente

beneficiaba

a

la

Comunidad

de

Pumaccoria, empero el plazo de vigencia era de dos años desde la fecha de la suscripción de dicho convenio debiendo vencerse en Diciembre del 2013 (ver clausula quinta).

Tercero.- Señor Fiscal, el Ex – Presidente, así como el actual Presidente comunal en reiteradas oportunidades ha concurrido al Gobierno Regional con la finalidad de que se cumpla con dicho convenio, máxime que ya se había advertido la falsificación de dicho documento, empero siempre se negaban y solían señalar que no existe presupuesto, que el terreno primero deberían sanear y cuyo acuerdo verbal era que el Gobierno Regional debería sanear el predio a nombre de la “Comunidad” a través de la Dirección de Agricultura u otro organismo y luego iniciarse las obras, empero los hechos no habían sucedido ello por cuanto lejos de cumplir los acuerdos, así como se había reclamado sobre los hechos y la coordinación optaron por el trafico jurídico para el saneamiento, del cual el denunciado Córdova Polo, así como Director de Agricultura tenían pleno conocimiento, es más se había cuestionado dichos tramites, como lo

hemos puesto de conocimiento mediante documento, así

como a la Superintendencia de Registros Públicos de Huancavelica. Lo grave de todo ello es que si bien aluden que dicho trámite es en mérito al Convenio No 123-2011Gobierno.Regional, mediante Carta Notarial de fecha 24 de Abril del 2013, Fue resuelta por incumplimiento de acuerdo o convenio, así como por la falsificación de documentos del acta que tanto se hace referencia, como o acreditaremos en adelante.

Cuarto.- (De la configuración de los tipos penales denunciados – Delimitación): a) Tipo penal de Abuso de Autoridad.-Señor Fiscal, si bien es cierto aparentemente el convenio antes señalado se encuentra de origen impoluto, con las formalidades de Ley, cuando en realidad proviene de un hecho ilegal e irregular e ilícito; se inicia con la falsificación del Acta de Asamblea General de la Comunidad Campesina de Pumaccoria del Libre de Astas de Asamblea General (fs.

); Nótese que el contenido

original, real y el tipo de caligrafía e intensidad del lapicero es completamente distinto de párrafo donde se señala que: “………………………….” De manera que la Comunidad nunca acordó la donación del terreno que supuestamente ahora se reputa como propietario el Gobierno Regional de Huancavelica, dentro de la esfera jurídica del tipo

penal denunciado, existen dos formas de la consumación del tipo, la de ordenar y actuar de manera arbitraria en contra de las normas, en contra del interés ….

Por lo mismo a sabiendas que el contrato o convenio antes señalado, se originó de una acta falsificado, tanto más que mediante la Carta Notarial de fecha 24 de Abril del 2013, conforme al tercer punto se le comunico la resolución de dicho convenio, por dos razones: 1) Incumplimiento de cláusulas, 2) Falsificación del Acta de acuerdo de Donación, es decir en el mes de Mayo ya tenían conocimiento que dicho convenio ya estaba resuelto, pese a ello festinaron la titulación, además que sabían que nunca posesionaron, ORDENARON LA TITULACION así como los demás tramites de manera arbitraria. A decir, se ha titulado con un convenio resuelto, así como pese a ello se efectúan las declaraciones

del Director de Comercio, Turismo y Artesanía

señalando que el predio Santa Rosa es de propiedad del Gobierno regional, haciendo alusión dicho convenio.

a.- CONTRA LA FE PUBLICA, en su modalidad Falsedad Genérica y Usurpación de Grados y Títulos (Art. 428 del C.P.). Esta figura penal se acredita por cuanto los denunciados de manera concertada y premeditada; en primer orden suscribieron el convenio No 123-2011-Gobierno.Regional de fecha 29-12-2011, a sabiendas que nunca se había acordado por la Comunidad dicho convenio de donación del predio, posteriormente tramitaron la titulación, realizando una falsa declaración jurada y pese a que con la Carta Notarial de Resolución de convenio se le advirtió que el convenio era irregular por la falsificación del Acta de Asambleas General de la Comunidad de Pumaccoria: a.a.- Falsificación del Acta de Asamblea General de la Comunidad de Pumaccoria.a.b.- Firma del convenio No 123-2011-Gobierno.Regional de fecha 29-12-2011.a.c.- Declaraciones Juradas falsas.-

b.- CONTRA LA ISTRACION PUBLICA en su modalidad de Malversión de Fondos.- En su modalidad de Colusión y Peculado (Art. 428 del Código Penal).-

Previamente lo que debemos delimitar en el presente, es el principio de tipicidad del hecho materia de denuncia. Respecto del principio de tipicidad.- Los principios básicos de la legislación penal pueden definirse como aquellos principios generales que, como concreción o especificación de los

principios constitucionales, inspiran toda acción punitiva del Estado. Los principios inspiradores de la legislación penal están regulados por el sub sistema de normas penales, pero su especial relevancia pueden estar además reconocidos dentro del orden constitucional. De esta forma los principios básicos de la legislación penal se constituyen en límites infranqueables del derecho o castigar por parte del Estado. Se trata, ante todo, a través de ellos de evitar que el derecho penal se convierta en un instrumento al servicio del terrorismo de estado. Uno de estos principios, resulta ser el de tipicidad por medio del cual, la conducta atribuida al denunciado o inculpado, debe encuadrarse perfectamente en el descrito. “La herramienta que usa el legislador es la individualización del tipo penal al que define como la descripción concreta y material de la conducta penalmente relevante”. De este principio la garantía de no ser penado sin tipo y sin tipicidad de la conducta atribuida. Esta garantía es independiente de la legalidad, pero a la vez complementaria a ella. Es independiente porque la legalidad satisface con la procedencia de la ley, se complementa porque la adiciona una característica el tipo – al recaudo de precisión que ella exige y el tipo penal, no es otra cosa que la descripción precisa de las acciones u omisiones que son considerados como delito o descripción de la cosa prohibida. Significa pues, que el principio de tipicidad constituye la precisa definición de conducta que la ley considera como delito. En este entender, ha de considerarse que: “en el derecho penal existen principios inamovibles que no pueden ser vulnerados para dar ordena suelta a los excesos”. Entre estos principios figura la tipicidad – exigencia por el cual el comportamiento humano solamente puede ser incriminado si coincide rigurosamente con una previsión nítida de la leyy la consecuente obligación de evitar por todos los medios, las extensiones y las generalizaciones.

La tesis incriminatoria de nuestra parte y que sustenta nuestra denuncia penal es: Que,

3.4.- Suficiencia probatoria de cargo.- No existe prueba alguna que haya el imputado

haya incumplido una obligación, simplemente el informe que la

cuestionamos, por ser falso y

mentiroso, pues la postura del representante del

Ministerio Publico se basa en que, el Informe No 293-2010-MPH/GOP, es más el representante del Ministerio Publico no ha sustentado y justificado en su acusación, menos haya acreditado con prueba alguna que acredite la incriminación; pues a

nadie hace daño un poco de estudio, para conocer la norma

de

contrataciones y adquisiciones del estado, simplemente argumenta que tenía la obligación y nada más, que si bien es cierto aduce además que existe la responsabilidad penal, esta es en razón solamente de dicho informe, no habiendo tomado en consideración las instructiva y los medios de prueba incorporados por los demás imputados, por lo que existe insuficiencia probatoria, pues, para poder penar con eficacia y certeza se debe demostrar la responsabilidad y culpabilidad del acusado y las pruebas incriminatorias que la respaldan. 2.- De los medios de prueba para denunciar y formalizar la denuncia.- En este extremo, siendo el Ministerio Publico quien acusa, la misma que DEBE CONTENER O ESCOLTAR MEDIOS DE PRUEBA, siendo su obligación ineludible, no existe medio probatorio idóneo como para demostrar instrumentalmente que existe acreditando mi participación en los hechos, así como mi autoría de los hechos imputados en todo caso como señala burdamente que no se cumplió con entregar la Pre – Liquidación técnica y financiera, y no es con la única finalidad de eludir mi responsabilidad y accionar al haber negado en forma enfática, así como para desvincularme de los hechos imputados, rebatir su inocencia imputándole falsamente, empero esta postura por demás FALSA

Y ERRADA

del Fiscal

acusador, NO ES CIERTA por cuanto mi persona no es autor del Aborto, por lo que no

se

encuentra

acreditado

la

responsabilidad

penal

de

los

investigados

judicialmente, máxime que existe una duda razonable que constitucionalmente es itida como criterio de inocencia. DE

LA

INEXISTENCIA

indicios

DE

RESPONSABILIDAD

PENAL.-

Este

presupuesto jurídico no existe en autos, por cuanto conforme lo prescribe el Art. VII del T.P. del Código Punitivo, la pena requiere de la responsabilidad penal del autor, no existe medio probatorio incriminatorio que acredite la responsabilidad penal de mi defendido, pues como señala Bacigalupo.-

“La comprobación de la

realización de un hecho ilícito, típico y antijurídico o no justificado y atribuido al autor, no es todavía suficiente para determinar la responsabilidad de este”, sino que la responsabilidad penal requiere que el autor responsada ante el ordenamiento jurídico y se requiere de la culpabilidad, por cuanto la culpabilidad no debe entenderse de todos modos, la culpabilidad moral,, sino simplemente la culpabilidad jurídica, pues esta culpabilidad es reprobabilidad jurídico – penal, en suma y buen romance, es aquel, que pudiendo no se ha motivado ni por el deber impuesto por la norma, ni por la amenaza penal dirigida contra la infracción a ella. Concomitante con ello, se tiene que, en autos, no se ha llegado a la certeza de mi responsabilidad, por cuanto no se ha extraído la sentencia fundado en medios de prueba que acrediten la argumentación jurídica de

la propia sentencia, más aun “No existe ninguna prueba que acredita que nuestras

personas

hayan

incurrido

en

el

tipo

penal

materia

de

investigación”, por lo mismo en aplicación del principio de duda razonable, debió de expedirse una sentencia absolutoria. Ya que como señala Planiol.- El abuso

de derecho no es una categoría distinta de lo ilícito, además con la instrumental que adjunta a su irrita pretensión, nadie puede estar compelido a itir y aceptar dicha prueba. De manera que, incluso los medios probatorios que se ofreció en mi contra fueron aceptados y no existe y la que éxito se desvaneció. .

PRUEBAS.-

OTROSI DIGO.- Que, su Despacho efectué una intervención insitu e inmediata a la Dirección, istración y Jefatura de personal, a fin de incautar los documentos necesarios para la presente investigación.

OTROSI DIGO.- Que, los denunciados serán notificados en el local del Hospital Departamental de Huancavelica, en la Av. Andrés A. Cáceres s/n del Barrio de Yananaco.

POR LO EXPUESTO: A Ud., Señor Fiscal, impetro lo solicitado por ser Justo y de Ley. Huancavelica, 07 de Junio del 2013.

Sec.

: Denuncia : 2013Sumilla : Interpone

ABOGADOS ASOCIADOS

“León & Llallico” Justicia Legal Para Todos Jr.

Torre

Denuncia Penal.

Tagle

No

123

–Hvca.

Jr. J. P. Riego No 419 Of. 203 T-Hyo.

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE HUANCAVELICA. NORMA

QUINTO

ESPINOIZA,

Identificada

con

D.N.I.

No

40123887, con domicilio real en el Jr. Francisco de Angulo N° 245 – Cercado de Huancavelica y por domicilio Procesal en el

Jr.

Torre Tagle No 123 del cercado; ante Ud., con incita consideración digo: I.- DE LA PRETENSIÓN PENAL. Haciendo uso del irrestricto derecho de defensa y de petición prescrito en el Art. 2 Inc. 20) y 23), así como del Art. 24, 103 que repudia el abuso del derecho en nuestra Carta Constitucional, en armonía con lo prescrito en el Art. 12 y 94 del D. Leg. N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público; y con la finalidad de vuestra Judicatura conmine a la denunciada FELICIANA ROMERO CORASMA, por los siguientes fundamentos de hecho y derecho: I.- SUCINTA EXPOSICIÓN DE HECHOS QUE MOTIVAN LA DENUNCIA. Primero.- (Breve sustento de la acción delictual) Señor Fiscal,

la

finalidad de derecho penal siendo la de reprimir los actos punibles en vía de prensión. El derecho penal realiza su misión de protección de la sociedad, castigando las infracciones ya cometidas, por lo que

es de naturaleza represiva. En segundo lugar, cumple esa misma

misión por medio de la prevención de infracciones de posible comisión futura, por lo que posee naturaleza preventiva. Ambas funciones del derecho Penal no son contradictorias, sino que deben concebirse como una unidad. El Derecho Penal tiene una función represiva, en tanto interviene para reprimir o sancionar el delito ya cometido. Pero esta función represiva siempre va acompañada de una función preventiva, pues con el castigo del delito se pretende impedir t5ambien que en el futuro se cometa por otros o por el mismo delincuente, esa esta de manera individual o colectiva, pues no solo debemos enfrentar ello, sino los nuevos tipos de delincuencia acorde a nuestra realidad fáctica social, como señala Roxin.-“la Criminalidad organizada globalizada”,

empero buscando el bienestar y garantía que

conlleva a una eficaz y garantista istración de justicia (control social y prevención). Empero, bajo esta óptica debe sujetarse nuestras acciones así como la obligación del Ministerio Publico, que nos vinculemos a la frase Nullum crimen, nulla poena sine lege, porque justamente dentro de nuestra argumentación de la presente imputación contra los denunciados, se encuentra plasmado dentro del principio antes acotado, es decir el principio

de legalidad, por lo que es necesario la intervención mínima del derecho Penal, como ultima rattio a fin de prevenir las conductas dolosos y delictivas de los denunciados, que no se motivan de la norma penal. Segundo.- (Breve exposición de los hechos materia de la denuncia y actos de corrupción).- La suscrita con la denunciada ha suscrito un contrato de alquiler de un local (canchón) y una habitación de calamina que, por cubierto la denunciada me obligo a que se consignara como Oficina de una extensión de 371 M2, la misma que lo suscribimos en 21 de Octubre del 2013 cuya plazo de vencimiento 21 de Octubre del 2014, conforme lo acredito con dicho contrato, de manera en el transcurso del contrato la suscrita y su familia ha sido blanco y víctima de una serie de hechos violentos, por parte de los familiares de la denunciada, así como de hurto como se tiene

sendas denuncias, por lo que habíamos

decidido retirarnos, pues la perturbación a la posesión era constante por sus hermanos y terceras personas, al extremo de haberlo derruido la pared de material rustico (piedra con barro) para luego echarme la culpa como si la suscrita fuera la autora de dicho hecho. En tales condiciones se le puso de conocimiento a la denunciada que nos retiraríamos por estos hechos, la cual le ofusco y me insulto como mejor le parecía, para posterior a días me insistía que me quedara, por cuanto ya había cursado la carta Notarial que se adjunta que no viviría en adelante, pero como había entregado como adelanto la suma de S/. 800.00 nuevos soles, así como por un mes de garantía S/. 800.00 nuevos soles, trato de llegar a un acuerdo por cuanto le había solicitado la devolución. Por lo mismo a tanta suplica pretendía que me quedara en su canchón, la cual a la fecha solamente quedaba en dicho canchón ladrillos, tubos y otras cosas, por cuanto lo demás ya lo había trasladado a otro canchón de mayor seguridad y donde la posesiones pacífica. Tercero.- Lo que recurrimos a su Despacho es por cuanto la denunciada no tiene las intenciones de decepcionar o recibirme la devolución de las llaves de la puerta principal de entrada, la misma que posteriormente pueda denunciarme por el ilícito penal de Apropiación ilícita de sus llaves, así como 9imputarme de Hurto de sus bienes como ya lo anunciado, por lo que impetro a sui Judicatura la denunciada recoja de su Despacho dichas llaves y que se le conmine a que en lo posterior no recurra a interponer las denuncias que supuestamente los haya aducido, por cuanto en todo caso la denunciada incurría en el ilícito penal de falsedad genérica, por las imputaciones falsas, la cual debe tenerse presente y

desarrollar nuestra denuncia preventiva en contra de la denuncia, y que dejando

constancia que la suscrita y su esposa se retiran dejando en completo orden y estado en las condiciones que se alquilaron el bien de la denuncia y que, a posterior no existe ningún reclamo alguno de sus bienes. Así como me impute u obligue a que se le reponga de su pared como lo pretende hacer. PRUEBAS.1. Copia de la contrato de fecha 21 de Octubre del 2013.

2.- Las llaves de la propiedad de la denunciada en juego de tres, que se niega a recibirme. 3.- vistas fotográficas. OTROSI DIGO.- Que, para la notificación del denunciado deberá hacerse en su domicilio en el Jr. Francisco de Angulo N° 585 – Barrio de Santa Ana – Huancavelica, lugar donde se le notificara en adelante. POR LO EXPUESTO: A Ud., Señor Fiscal, impetro lo solicitado por ser Justo y de Ley. Huancavelica, 04 de Febrero del 2014.

ABOGADOS ASOCIADOS “León & Llallico” 2008ESTUDIO JURÍDICO Ratificación de la Jr.

Torre

Sec.

: Denuncia : Sumilla

Tagle

No

123

:

–Hvca.

Denuncia Penal. Jr. J. P. Riego No 419 Of. 203 T-Hyo.

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL EN LO PENAL DE HUANCAVELICA. ADA JAQUELIN CASTRO GONGORA; identificada con DNI N° 40318489, con domicilio REAL EN EL JIRON Mariano Ignacio Prado N° 180

del

Distrito de

Pampas,

Provincia de Tayacaja,

Región

Huancavelica; con el cargo de Técnica en Enfermería Nivel STB y señalando domicilio Procesal en el Jr. Torre Tagle N° 123 de esta ciudad, a usted respetuosamente expongo y digo:

I.- DE LA PRETENSIÓN PENAL. Haciendo uso del irrestricto derecho de defensa y de petición prescrito en el Art. 2 Inc. 20) y 23), asi como del Art. 103 que repudia el abuso del derecho en nuestra Carta Constitucional, en armonía con lo prescrito en el Art. 12 y 94 del D. Leg. N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Publico; y habiéndose cometidos hechos de contenido penal con signos de corruptela en mi contra en la adjudicación de mi plaza que ocupada sopretexto que no tengo vinculo laboral, asi como haber sido sancionada la misma que el Estado debe procurar su investigación y

la respectiva sanción penal contra sus autores, cómplices y coautores, procurando para ello de ser el caso de reparación civil, vengo por ante vuestro Despacho con la finalidad de INTERPONER DENUNCIA PENAL, contra sus autores: SUB GEREENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA (PAMPAS),

Sub Gerente de

Asesoria Juridica y , por la comisión de los ilícitos penales contra de: 1) Consunción, Abuso de Autoridad, falsedad Generica tipos penales previstos y sancionados por el Art. 427, 428 del Código Penal; Sustentándola de manera clara y concreta, por la existencia de suficientes elementos de juicio, constituidos en medios instrumentales de prueba idónea que acreditan la comisión del tipo penal y

en los siguientes

fundamentos de hecho y derecho: I.- SUCINTA EXPOSICIÓN DE HECHOS QUE MOTIVAN LA DENUNCIA. Primero.- (Breve sustento de la acción delictual) Señor Fiscal, cuando aparece el Ministerio Publico con la constitución de 1,979 (Art. 250 Inc. 5), establecía que el representante del Ministerio Publico, es quien debe velar y vigilar en la investigación preliminar, en los actos Prejudiciales con la finalidad de establecer si existen elementos de juicio o no de una presunción de la comisión de un hecho reprochable antijurídico, es decir proveer elementos para decir el ejercicio de la acción penal, pues, no investiga en si la producción del delito en sí. Mandato que concuerda con lo previsto en el Atr. 9 del D. Leg. 052 de la LOMP, en consecuencia esta labor debe no solo debe resumirse en encontrar las exigencias legales del mandato del Art. 77 de Código de Procedimientos Penales, empero que acredite la verosimilitud de lo denunciado y sus características normativas o de los denominados indicio del hacho punible. A parte de ello, debemos diferenciar la titularidad del ejercicio de la acción, ya que, no solo el Fiscal, con la finalidad de llevar in caso concreto o una causa probable a la instancia jurisdiccional, la misma que esta debe extenderse no lo solo a la formalización de la denuncia, sino a la acusación y requisitoria, la de demostrar y dotarle el cumplimiento de su obligación procesal, de probar su denuncia, de manera que estos aspectos debemos tratar de entender esta función a fin de desterrar que existe insuficiente de medios personales y materiales necesarios para la persecución del delito, dejando menos el protagonismo de la investigación policial en el nuevo modelo con independencia, razonamiento lógico y como premisa el principio de legalidad como eslogan de si función a fin de garantizar el inicio de una transparente y oportuna istración de justicia. Siendo el Ministerio Publico la institución tutelar de la legalidad y representante de la sociedad, por cuanto tiene como función formal la persecución

del delito, como comportamiento antisocial de los ciudadanos, conforme lo prescribe el Art. 1 del d. Leg. 052, Ley Orgánica del Ministerio Publico, en armonía con el Art. 259 de nuestra Carta fundamental. Judicatura en la que debe recaer la investigación preliminar, par la

cual debe dotar las mininas garantías de la investigación

preliminar, a fin de darle una transparente, independiente, objetividad jurídica y una actuación acorde a ley, quien debe reunir los elementos de juicio e indicios de la sospecha de la comisión de un hecho reprochable antijurídico, por lo que es necesario la intervención del derecho penal, como medio de control social formal. Por lo mismo, la finalidad de derecho penal siendo la de reprimir los actos punibles. El derecho penal realiza su misión de protección de la sociedad, castigando las infracciones ya cometidas, por lo que es de naturaleza represiva. En segundo lugar, cumple esa misma misión por medio de la prevención de infracciones de posible comisión futura, por lo que posee naturaleza preventiva. Ambas funciones del derecho Penal no son contradictorias, sino que deben concebirse como una unidad. El Derecho Penal tiene una función represiva, en tanto interviene para reprimir o sancionar el delito ya cometido. Pero esta función represiva siempre va acompañada de una función preventiva, pues con el castigo del delito se pretende impedir t5ambien que en el futuro se cometa por otros o por el mismo delincuente, esa esta de manera individual o colectiva, pues no solo debemos enfrentar ello, sino los nuevos tipos de delincuencia acorde a nuestra realidad fáctica social, como señala Roxin.-“la Criminalidad organizada globalizada”,

empero buscando el

bienestar y garantía que conlleva a una eficaz y garantista istración de justicia (control social y prevención). Empero, bajo esta óptica debe sujetarse nuestras acciones así como la obligación del Ministerio Publico, que nos vinculemos a la frase Nullum crimen, nulla poena sine lege, porque justamente dentro de nuestra argumentación de la presente imputación contra los denunciados, se encuentra plasmado dentro del principio antes acotado, es decir el principio de legalidad, por lo que es necesario la intervención mínima del derecho Penal, como ultima rattio a fin de prevenir las conductas dolosos y delictivas de los denunciados, que no se

motivan de la norma penal.

La suscrita Ada Jaquelin Castro Góngora ostentaba el Cargo de

Técnica en Enfermería I, Nivel STB, en el Puesto de Salud San Miguel de Huallhua de la jurisdicción de LA Micro Red de Salud Pampas, la misma que venía laborando a partir del 01-12-2005 hasta el 30 de Junio del 2006; del 06 de Febrero al 30 de Setiembre del 2007; y del 01 al 31 de Octubre del 2007 posteriormente del 01 de Noviembre del 2007 al 30 de Octubre del 2008, y finalmente del 01 de Diciembre del 2008 al 31 de Agosto del 2009, para luego de haber sido sancionado temporalmente por 4 meses sin goce de haber. He vuelto a laborar del 02 de Enero del 2010 del 31 de Diciembre del 2010. Es más que a la fecha mi encuentro, considerado en la LISTA 2, para el NOMBRAMIENTO, de acuerdo al Decreto Supremo N° 111-2010-PCM, por lo que vengo laborando por más de 3 años consecutivos ocupando ya una plaza presupuestada vacante bajo la modalidad de servicios personales y reuniendo los requisitos establecidos en las leyes de la carrera correspondiente, porque en si estas resoluciones materia de impugnación afectan este proceso de nombramiento cuya finalidad de los emplazados es para favorecer a sus allegados, como lo han hecho iniciando desde la contratación ilegal del hermano del Sub Gerente de Asesoría Legal y otros funcionarios.

Empero aun cuando nada tiene que ver los hechos que nos contraen la sanción istrativa de 4 meses, esbozaremos brevemente, en las resoluciones materia de impugnación en la presente indebidamente se me imputa haber desvinculado de la Red de salud de Tayacaja y del Puesto de Salud de San Miguel de Huallhua, bien podemos itir ello, empro el articulista Sub Gerente de Asesoría Legal, viene confundiendo las cosas y los hechos, puesto que por un lado

señala, que mi

estabilidad laboral se debía al 10 de Febrero del 2011 por una Medida Cautelar expedida por el Primer Juzgado Civil de Huancavelica, y que mi reposición en el año del 2010 fue en razón de ello, cuando es completamente falso, por cuanto NADA TIENE QUE VER ELLO ya que el proceso contencioso istrativo

que deriva de dicho proceso, es sobre una supuesta falta istrativa que se

cuestionaba la resolución de sanción por 4 meses e incluso que ya los cumplí. La que rito en el Art. 2dichas versiones afirma y ratifica las imputaciones, contraviniendo de esta manera lo presc1 Inc. G) del D. Leg. 276, así como de la Ley No 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública Art. 11 y su reglamentación; por lo que les asisten responsabilidad istrativa respecto de los hechos señalados, empero las resoluciones materia de impugnación contienen causales de Nulidad, empero si bien es cierto bajo el principio de oportunidad

se ha devuelto dichos fondos y en la fecha se encuentra

ventilándose en vía penal, sin embargo se ha solicitado la suspensión de dicho proceso istrativo, esta no fue tomado en cuenta cuando en realidad existen otros hechos más gravosos y contra ellos, ni siguiera se han tomado medidas más por el contrario contraviniendo la norma se viene actuando en función del abuso del derecho.

Tercero.- Concomitante con ello señor a nadie hace daño un poco de estudio y lógica simple para entender el espíritu de la norma y los hechos como actos . Empero advirtiéndose no solo una incongruencia entere lo pretendido y lo resuelto a nivel istrativo, actos viciosos e ilegales, es menester solicitar la Nulidad total y/o ineficacia de la Resolución Gerencial Sub Regional N°

066-2011/GSRT/G/GOB.REG.HVCA

2011/GSRT/G/GOB.REG.HVCA

y

y

Resolución

riamente

el

Gerencial

Sub

Restablecimiento

Regional del

derecho

N°

0160-

o

interés

jurídicamente tutelado, debiendo amprar nuestra pretensión y ordenando que la Gerencia Sub Regional de Tayacaja cumpla con reincorporarme en mis labores Habituales de Técnico en Enfermería del Puesto de Salud San Miguel de Huallhua, Distrito de Ahuaycha – Tayacaja, de la cual se me ha suspendido en forma arbitraria a partir del 10 de Febrero del 2011, mediante el Memorándum N° 126-2011/GOB.REGHVCA/GSRT-UORST y posterior a esto después que haya presentado documentos para mi reposición generan resoluciones negándome por completo, aduciendo que a partir de esa, no tener vínculo laboral. DEL CUESTIONAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS (CAUSAL DE NULIDAD E INEFICACIA): 1.- Memorándum N° 126-2011-GOB.REG-HVCA/GSRT-UORST de fecha 10 de Febrero del 2011.Mediante Memorándum N° 126-2011-GOB.REG-HVCA/GSRT-UORST de fecha 10-02-2011, expedido por el Director de la Unidad Operativa Red de Salud Tayacaja, Andrés Herbozo Gonzales; quien da a conocer al Jefe del Puesto de Salud San Miguel de Huallhua, que no tengo vínculo laboral a partir del día 01Febrero-2011. Por ello dando que no debe considerarme la labor y la permanencia física en el establecimiento. Ya que personalmente no recibí ningún otro documento, siendo arbitraria mi despido. Si bien es cierto que, que muchas veces la Gerencia Sub Regional de Tayacaja, quisieron convocar a dicha plaza para un concurso de Reasignación; pero por existir un mandato judicial, se dejó sin efecto, razón a ello continuaba laborando, así tal como dispone la Opinión legal N° 070-2010-GSRT/OSRAJ-D de Asesoría Jurídica de la Gerencia Sub Regional de Tayacaja y lo mismo el Informe N° 0072011/GOB.REG.HVA/GSRT/ADH jefatura de Recursos Humanos de la Gerencia Sub Regional de Tayacaja, del 03 de Enero del 2011. Igualmente con absoluto despropósito legal y sin menor análisis de lo expuesto en mi escrito presentado, donde interpongo medida cautelar istrativa contra despido laboral, con fecha 25-Febrero-2011, el señor Sub Gerente de Tayacaja, emite la Resolución Gerencial Sub Regional N° 066-2011/GSRT/G/GOB.REG-HVCA de fecha 13 de Abril del 2011, declarando improcedente la renovación de Contrato por el período del año 2011, dejando a salvo el derecho para hacerlo valer conforme a ley. Bien podemos itir ello, empro el articulista Sub Gerente de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional de Tayacaja, quien viene confundiendo las cosas y hechos, puesto que por un lado señala, que mi estabilidad laboral se debía al 10 de Febrero del 2011. Por una medida Cautelar expedida por el Primer Juzgado Civil de Huancavelica, y que mi reposición en el año 2010, fue en razón de ello, cuando es completamente falso, por cuanto NADA TIENE QUE VER ELLO, ya que el PROCESO CONTENCIOSO ISTRATIVO que deriva de dicho proceso, es sobre una supuesta falta istrativa, que se cuestionaba la Resolución de Sanción de 4 meses e incluso que en los 4 últimos meses del año 2010 cumplí con esa sanción. La que rito en el Art. 2, dichas versiones afirma y ratifica las imputaciones contraviniendo de esta manera lo prescrito en el Inciso G) del Decreto Legislativo 276, así como de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, Art. 11 y su Reglamentación; por lo que les asisten responsabilidad istrativa respecto de los hechos señalados,

empero las resoluciones materia de impugnación contienen causales de nulidad, empero si bien es cierto bajo el Principio de Oportunidad se ha devuelto dichos fondos y en la fecha se encuentra ventilándose en vía penal sin embargo se ha solicitado la suspensión de dicho proceso istrativo, esta no fue tomado en cuenta, cuando en realidad existen otros hechos más gravosos y contra ellos, ni siquiera se han tomado medidas; mas al contrario contraviniendo la norma se viene actuando en función del abuso de derecho. Ahora bien, los hechos que motiva en el presente nada tiene que ver con dicho Proceso, pues una vez cumplida la sanción impuesta automáticamente se debería restituirme a mi Centro de Trabajo, que ello implica desvinculación con la entidad emplazada, sino que se ha dejado de laborar por una sanción istrativa temporal sin goce de haber, ello no puede ser motivo de LA NO RENOVACION AUTOMÁTICA DE MI CONTRATO, simplemente para favorecer a una tercera de su entorno del Gerente Sub Regional y sus funcionarios; pues habiéndome desempeñado en las funciones de carácter y de naturaleza permanente; me asiste la estabilidad laboral dispuesta en el Art. 1° de la Ley N° 24041, cuando son mis acciones pertinentes. A decir señor Juez, debemos recordarle al articulista Sub Gerente de Asesoría Jurídica de la Gerencia Sub Regional de Tayacaja, que, a nadie hace daño un poco de estudio, pues el sustento y el soporte jurídico y la argumentación jurídica, que da a los actos istrativos materia del presente, son desatinadas, la cual incurren en vulneración del debido proceso, así como en la comisión de ilícitos penales, pues en la fecha aun estando en trámite el Proceso Contencioso istrativo (Cuaderno Principal), que nada tiene ver con el Despido Arbitrario mediante el Memorándum N° 1262011-GOB.REG-HVCA/GSRT-UORST, de fecha 10 de Febrero del 2011, expedido por el Director de la Unidad Operativa Red de Salud Tayacaja, Medico Andrés Herbozo Gonzales, la misma que es arbitraria, por cuanto hace mención a un hecho aislado con el presente. 2.- Resolución Gerencial Sub Regional N° 066-2011/GSRT/G/GOB.REG-HVCA del 13 de Abril del 2011.- Igualmente con absoluto despropósito legal y sin menor análisis de lo expuesto en mi escrito presentado, donde interpongo medida cautelar istrativa contra despido laboral, con fecha 25Febrero-2011, el señor Sub Gerente de Tayacaja, emite la Resolución Gerencial Sub Regional N° 0662011/GSRT/G/GOB.REG-HVCA de fecha 13 de Abril del 2011, declarando improcedente la renovación de Contrato por el período del año 2011, dejando a salvo el derecho para hacerlo valer conforme a ley. Bien podemos itir ello, empro el articulista Sub Gerente de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional de Tayacaja, quien viene confundiendo las cosas y hechos, puesto que por un lado señala, que mi estabilidad laboral se debía al 10 de Febrero del 2011. Por una medida Cautelar expedida por el Primer Juzgado Civil de Huancavelica, y que mi reposición en el año 2010, fue en razón de ello, cuando es completamente falso, por cuanto NADA TIENE QUE VER ELLO, ya que el PROCESO CONTENCIOSO ISTRATIVO que deriva de dicho proceso, es sobre una supuesta falta istrativa, que se cuestionaba la Resolución de Sanción de 4 meses e incluso que en los 4 últimos meses del año 2010 cumplí con esa sanción. La que rito en el Art. 2, dichas versiones afirma y ratifica las imputaciones contraviniendo de esta manera lo prescrito en el Inciso G) del Decreto Legislativo 276, así como de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, Art. 11 y su Reglamentación; por lo que les asisten responsabilidad istrativa respecto de los hechos señalados, empero las resoluciones materia de impugnación contienen causales de nulidad, empero si bien es cierto bajo el Principio de Oportunidad se ha devuelto dichos fondos y en la fecha se encuentra ventilándose en vía penal sin

embargo se ha solicitado la suspensión de dicho proceso istrativo, esta no fue tomado en cuenta, cuando en realidad existen otros hechos más gravosos y contra ellos, ni siquiera se han tomado medidas; mas al contrario contraviniendo la norma se viene actuando en función del abuso de derecho. Ahora bien, los hechos que motiva en el presente nada tiene que ver con dicho Proceso, pues una vez cumplida la sanción impuesta automáticamente se debería restituirme a mi Centro de Trabajo, que ello implica desvinculación con la entidad emplazada, sino que se ha dejado de laborar por una sanción istrativa temporal sin goce de haber, ello no puede ser motivo de LA NO RENOVACION AUTOMÁTICA DE MI CONTRATO, simplemente para favorecer a una tercera de su entorno del Gerente Sub Regional y sus funcionarios; pues habiéndome desempeñado en las funciones de carácter y de naturaleza permanente; me asiste la estabilidad laboral dispuesta en el Art. 1° de la Ley N° 24041, cuando son mis acciones pertinentes. Igualmente debe declararse nulo la Resolución cuestionada por cuanto de los fundamentos de hecho y la argumentación jurídica, hace mención falsamente, a que la suscrita en su oportunidad no formulo el Cuaderno principal del Proceso Contencioso istrativo, pues es de advertirse, que con fecha 23 de agosto del presente año, la recurrente a interpuesto recurso de apelación ante el colegiado civil de Huancavelica impugnando la sentencia en dicho proceso que declara infundada dicho proceso, conforme se acredita con el documento de la referencia; es decir ni siquiera cumple su función como Sub Gerente de Asesoría Legal, omitiendo a duras penas simplemente aparentar este ejercicio, conforme lo tiene plasmado en el tercer parágrafo de dicha Resolución, invocando hechos totalmente ajenos a la decisión del DESPIDO ARBITRARIO,

mediante el Memorándum N° 126-2011-GOB.REG-

HVCA/GSRT-UORST de fecha 10 de Febrero del 2011, que estando a ello y la resolución al declarar improcedente distante de los fundamentos de nuestra pretensión con la opinión legal 036-2011, OSRAJD-D-GSRT-HVCA, no solo han incurrido en fraude procesal istrativo, sino va mas allá en falsedad genérica y el abuso de autoridad, por lo que siendo dos hechos distintos procesos esta Resolución es nula de pleno derecho ipso iure, de manera que vuestro juzgado debe declarar la nulidad e ineficacia conjuntamente con el memorándum antes dicho 3.- Resolución Gerencial Sub Regional N° 160-2011/GSRT/G/GOB.REG-HVCA del 08 de Agosto del 2011.- Que contiene causales de nulidad así como el Memorándum y la Resoluciones, contienen vicios de nulidad, al señalar que la suscrita a partir del 2 de Enero del 2010 a 10 de febrero del 2011 venia laborando por incumplimiento a un mandato jurisdiccional, cuando en realidad es totalmente falso, ya que el PROCESO CONTENCIOSO ISTRATIVO signado con el numero 709-2009-0-11-JR-CI-01, su finalidad es, dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 453-2008-DIRESA-HVCA, así como la Resolución Sub regional N° 300-2009-GOB.REG-HVCA/SGS, y la Resolución Gerencial Regional N° 0920-2009GOB.REG-HVCA/GDS, por la sanción de seis meses, la misma que ha sido rebajada a cuatro meses, sin goce de haber, que a la fecha de mi reposición cumplida a cabalidad, incluso habiendo devuelto los supuestos dineros que supuestamente me he apropiado. Es decir la decisión de las RESOLUCIONES VIENE CONFUNDIENDO HECHOS TOTALMENTE AJENOS, por un lado con gran apasionamiento se señala que me continuación en mis labores se debe a un mandato judicial y que no existiendo el Cuaderno principal; corresponde desvincularme con mi Centro de trabajo (Puesto de Salud Huallhua); cuando en realidad este hecho es totalmente falso por cuanto una vez concluidas la sanción corresponde OBLIGATORIAMENTE MI REPOSICION AUTOMATICA y ni siquiera la contratación como se ha señalado, de manera que estas resoluciones resuelven hechos distintos por una simple triquiñuela de los

funcionarios públicos con la finalidad de favorecer a sus allegados, mas aun en otros casos bajo la preeminencia de actos de corruptela y dadivas como es de pleno conocimiento de la Población de Pampas, se ha adjudicado plazas

vulnerando el derecho de trabajo y las normas istrativa

favoreciendo a sus parientes y amistades, como es el caso de Mediante mi escrito de fecha 24 de Febrero del 2011, he presentado la solicitud pidiendo el cumplimiento del artículo 1° de la Ley 24041 y renovación automática y anual de mi contrato, en razón que a partir del 02 de Enero del 2010 al 10 de Febrero del 2011 ya tenía labores de naturaleza permanente por más de un (01) año ininterrumpido. No teniendo ningún causal para mi despido laboral. Mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 0160-2011/GSRT/G/GOB.REG-HVCA, de fecha 08 de Agosto del 2011, declara improcedente la renovación automática y anual de Contrato. Empero en la resolución materia de impugnación en la presente, indebidamente se me imputa haber desvinculado de mi puesto de trabajo (Puesto de Salud San Miguel de Huallhua) de la Red de Salud Tayacaja.

La verosimilitud del derecho reclamado se encuentra acreditado con el material probatorio incorporado al presente y se adjunta, de donde se desprende que mi persona venia laborando con toda normalidad y bajo la preeminencia de la norma (Art. 15 y 27 de la Constitución Polit. del estado) en mi puesto de trabajo hasta que el emplazado y sus funcionarios públicos, especialmente del Sub Gerente de Asesoría Jurídica, se niegan a renovar mi contrato por imperio de ley, a sabiendas que gozo de los alcances de la Ley 24041, “…aduciendo que solo me ampara una medida cautelar y que gracias a ello estaba laborando, además que

por el mandato de la reposición me han permitido

trabajar del 1 de Enero del 2010 hasta el 10 del Febrero del 2011. Lo que es totalmente falso y mentiroso, pues a decir dicha acción cautelar innovativa, nada tiene que ver con la decisión tomada en las resoluciones materia de Nulidad, aun estando archivada dichos

actos jurisdiccionales, no tiene

incidencia jurídica en los actos del despido arbitrario, por lo que el articulista Asesor Legal, impone falsas perspectivas a la Gerencia y a la comunidad social, pues filosóficamente desquebraja la misión del derecho y del proceso. El Art. 23) de la Constitución Política del Perú, expresa: “Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador“. Entonces, por imperio Constitucional, toda persona debe ser considerado sus derechos desde el primer momento que ingresa al foco de atención de las normas procesales. En este sentido, se tiene que la Resolución Gerencial Sub Regional, vulnera flagrantemente los Principios Constitucionales y Tratados Internacionales antes citados, por lo que a efectos de que esta agresión no continúe o se convierte en irreversible, es necesario y oportuno que vuestro Despacho reconsidere mi reposición a mi centro de trabajo, al menos mientras se dilucide definitivamente en la vía judicialmente. Por otro lado, la istración debe tener en cuenta que las resoluciones emitidas en forma apresurada e ilegal no solo transgrede los preceptos legales y constitucionales invocadas anteriormente, sino que también me causa daño moral, que viene a ser la lesión inevitable a los sentimientos, al honor, la imagen y al ámbito psicológico, pues debe considerarse que la cesación en el trabajo no solo afecta el prestigio personal del trabajador, su confianza, seguridad personal, profesional; sino a todo el plano familiar, lo cual no requieren en pruebas para determinar el daño moral

de la víctima ya que resulta evidente, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona que es suspendido en un trabajo, experimenta un agudo sufrimiento y consecuencias psíquicas nocivas en el trabajador. PRINCIPIO

DE

IGUALDAD

DE

OPORTUNIDADES

SIN

DISCRIMINACIÓN,

PROPORCIONALIDAD

Y

RAZONABILIDAD.- Si bien es cierto, que mensualmente se generan las Resoluciones de Contrato de un aproximado de 17 trabajadores, bajo el régimen de la 276 (Contrato MINSA); tal es así que en la Resolución Directoral Sub Regional N° 006-2011/GOB.REG-HVCA/GSRT/ADH, Resolución de Contrato del mes de Enero, con fecha 18 de Enero, la suscrita ya no figura. Sin embargo personal que vino laborando en las mismas condiciones que mi persona; tales como la Técnica Enfermera Hildaura Huamán continua laborando en el Centro de Salud Daniel Hernández, tal como figura en el artículo 4° de dicha resolución. Lo mismo que la Técnica en Enfermería Brígida PICHO QUISPE, ha sido despedido al igual que mi persona; sin embargo para el mes de Marzo del 2011, lo reponen en su centro laboral del Puesto de Salud Quishuar; siendo que esta persona recién vino trabajando un año en la institución. Por ello

ya

figura

en

la

RESOLUCIÓN

DIRECTORAL SUB

REGIONAL N°

00028-2011/GOB.REG-

HVCA/GSRT/ADH. En el artículo 13° de fecha 14 de Marzo del 2011. Mientras que la suscrita, vino laborando durante el mes de Enero del 2011, tan solo mediante Memorándum N° 01-2011-GOB.REGHVCA/GSRT-OURST; siendo que dentro de ese mis cobre

mis remuneraciones correspondientes, de

acuerdo a la boleta de pago que acredita haber laborado y los mismo el Consolidado de Asistencia y las constancias de mi centro de trabajo. Al igual que para el mes de febrero del 2011, figura mi asistencia en la Programación de Turnos del Puesto de Salud de San Miguel de Huallhua. Circunstancia que desde ya evidencia un trato preferencial, ya que a mi persona han discriminado humillantemente, sin tener en cuenta que ya vengo laborando más de 4 años, aduciendo que no pertenezco a la agrupación o partido político actual; consecuentemente se ha contravenido el debido proceso al haberse inobservado el artículo 26° de la constitución Política del Perú relativa a que en la relación laboral se respeta la igualdad de oportunidades sin discriminación, como también en derecho istrativo sancionador se respeta el principio de proporcionalidad y razonabilidad. DEL TRABAJO TEMPORAL Y DE NATURALEZA PERMANENTE.- Lo que debemos replicarle al articulista, es que con gran facilidad de invención señala que la suscrita no puede retomar su cargo que ostentaba por cuanto no cumple trabajo de naturaleza permanente, empero señor;

la suscrita no solo cumple

funciones de naturaleza permanente, por cuanto por si no sabe el emplazado y sus “Asesores”, realizo “GUARDIAS DIURNAS” CUYO HORARIO ES DE 12 HORAS, igualmente estaba a mi cargo el manejo de Farmacia, el área de Nutrición, área de Crecimiento y Desarrollo del Niño, asistencia de pacientes en emergencia y por hospitalización y otros del ramo, es decir venia cumpliendo funciones asistenciales, y como si fuera poco también cumplo las funciones istrativas como cualquier funcionario público, es decir no es tan cierto lo que señalan y plasman en las resoluciones materia de impugnación en el presente. Por otro lado, para determinar si la suscrita no cumple dichas funciones como todo trabajador registro mi entrada de ingreso y salida de manera diaria, lo mismo al igual que el personal Nombrado trabajo bajo un horario establecido, para lo cual se hace la Programación de Turnos para cada mes; es decir no es esporádico y ME ENCONTRO BAJO LA PREMIENENCIA Y SUBORDINACION DE MI JEFE que en dicha fecha estuvo a cargo del médico, entonces como es que y donde extrae falsamente en su Informe el Sub Gerente de Percy Arenas García Asesoría Jurídica que no es permanece mi labor, todo estos hechos hace que debe nulificarse dichas resoluciones y actos istrativos que son irregulares,

plasmado de contenido penal, de corruptela y más que nada ilegales, con la complicidad de algunos funcionarios que se han prestado para señalar lo contrario de la realidad fáctica, por lo que debe ordenarse mi reposición inmediata bajo los alcances de la Ley No 24401, que me ampara y permite mi estabilidad laboral y no como se vulnera ello y cuestiona la realidad fáctica de los hechos. EN CONSECUENCIA NO CUMPLO FUNCIONES TEMPORALES Y ACCIDENTALES COMO SEÑALA FALSAMENTE LA RESOLUCION Y ACTOS ISTRATIVOS QUE DEBE DEJARSE Nulo. En consecuencia

es

completamente falso que la suscrita haya realizado labores temporales o accidentales, como señala tozudamente las resoluciones materia de impugnación, pues el despropósito es desvincularme de mi centro de trabajo.

Segundo.- (Brece exposición de los hechos materia de la denuncia y actos de corrupción).-

Tercero.- De la configuración del Tipo penal de Colusión y Concusion).-Señor Fiscal, se configura cuando a.- CONTRA LA ISTRACIÓN PUBLICA, en su modalidad Peculado (Art. 367 del C.P.). Esta figura

penal se acredita por cuanto los denunciados de manera

concertada y premeditada;. b.- CONTRA LA ISTRACION PUBLICA, en su

modalidad de Colusión y

Peculado (Art. 428 del Código Penal).-.. c) Contra la tranquilidad y paz pública, en su modalidad de Asociación Ilícita para delinquir.PRUEBAS.OTROSI DIGO.-

Que, para la notificación del denunciado deberá hacerse en su

domicilio en el Jr. Torre Tagle No 136 del cercado de Huancavelica – Huanca0velica. POR LO EXPUESTO: A Ud., Señor Fiscal, impetro lo solicitado por ser Justo y de Ley. Huancavelica, 28 de Octubre del 2008.

ABOGADOS ASOCIADOS “León & Llallico” 2011ESTUDIO JURÍDICO Interpone denuncia Jr.

Torre

Tagle

Sec.

: Denuncia : Sumilla

No

123

:

–Hvca.

Denuncia Penal. Jr. J. P. Riego No 419 Of. 203 T-Hyo.

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL EN LO PENAL DE HUANCAVELICA. ALBINO CANDIOTTI CUSI, con DNI No 19841383, con domicilio real en la Av. San Juan Evangelista No 202 del Distrito de Ascensión - Huancavelica

y por domicilio

Procesal en el Jr. Torre Tagle No 123 del cercado; ante Ud., con incita consideración digo: I.- DE LA PRETENSIÓN PENAL. Haciendo uso del irrestricto derecho de defensa y de petición prescrito en el Art. 2 Inc. 20) y 23), así como del Art. 103 que repudia el abuso del derecho en nuestra Carta Constitucional, en armonía con lo prescrito en el Art. 12 y 94 del D. Leg. N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Publico; y habiéndose cometidos hechos de contenido penal contra, la misma que el Estado debe procurar su investigación y la respectiva sanción penal contra sus autor, procurando para ello de ser el caso de reparación civil, vengo por ante vuestro Despacho con la finalidad de INTERPONER DENUNCIA PENAL, contra don JESUS CENTENO ESTRELLA, por la comisión del ilícito penal contra la Libertad Sexual en su modalidad de Violación Sexual de menor de 18 y mayor de 14 años delitos previsto y sancionado por el Art. 172 del Código Penal; Sustentándola de manera clara y concreta, por la existencia de suficientes elementos de juicio, constituidos en medios instrumentales de prueba

idónea que acreditan la comisión del tipo penal y en los siguientes fundamentos de hecho y derecho: I.- SUCINTA EXPOSICIÓN DE HECHOS QUE MOTIVAN LA DENUNCIA. Primero.- (Breve sustento de la acción delictual) Señor Fiscal, el suscrito en la fecha domicilio en la localidad Pucacancha del Distrito de Acoria donde residíamos con mi familia y mi menor hija Roxana C.F. Donde venia cursando el 6to grado de primaria, y como iba matricularlo al primer grado de secundaria es que lo trajimos de nuestra residencia a fin de que se estuviera acostumbrando a los trajines de esta urbe, por lo que alquilamos una habitación y la dejábamos mientras nos íbamos por dos o tres días a la chacra con la finalidad de que pudiera asistir a una academia o centro de preparación por vacaciones. Siendo el Ministerio Publico la institución tutelar de la legalidad y representante de la sociedad, por cuanto tiene como función formal la persecución del delito, como comportamiento antisocial de los ciudadanos, conforme lo prescribe el Art. 1 del d. Leg. 052, Ley Orgánica del Ministerio Publico, en armonía con el Art. 259 de nuestra Carta fundamental. Judicatura en la que debe recaer la investigación preliminar, par la

cual debe dotar las mininas garantías de la investigación

preliminar, a fin de darle una transparente, independiente, objetividad jurídica y una actuación acorde a ley, quien debe reunir los elementos de juicio e indicios de la sospecha de la comisión de un hecho reprochable antijurídico, por lo que es necesario la intervención del derecho penal, como medio de control social formal. Por lo mismo, la finalidad de derecho penal siendo la de reprimir los actos punibles. El derecho penal realiza su misión de protección de la sociedad (de mi hija), castigando las infracciones ya cometidas, por lo que

es de naturaleza

represiva. En segundo lugar, cumple esa misma misión por medio de la prevención de infracciones de posible comisión futura, por lo que posee naturaleza preventiva. Ambas funciones del derecho Penal no son contradictorias, sino que deben concebirse como una unidad. El Derecho Penal tiene una función represiva, en tanto interviene para reprimir o sancionar el delito ya cometido. Pero esta función represiva siempre va acompañada de una función preventiva, pues con el castigo del delito se pretende impedir t5ambien que en el futuro se cometa por otros o por el mismo delincuente, esa esta de manera individual o colectiva, pues no solo debemos enfrentar ello, sino los nuevos tipos de delincuencia acorde a nuestra realidad fáctica social, como señala Roxin.-“la Criminalidad organizada globalizada”,

empero buscando el

bienestar y garantía que conlleva a una eficaz y garantista istración de justicia (control social y prevención). Empero, bajo esta óptica debe sujetarse nuestras acciones así como la obligación del Ministerio Publico, que nos vinculemos a la frase Nullum crimen, nulla poena sine lege, porque justamente dentro de nuestra argumentación de la presente imputación contra los denunciados, se encuentra plasmado dentro del principio antes acotado, es decir el principio de legalidad, por lo que es necesario la intervención mínima del derecho Penal, como ultima rattio a fin de prevenir las conductas dolosos y delictivas de los denunciados, que no se motivan de la norma penal. Segundo.- (Brece exposición de los hechos materia de la denuncia y actos de corrupción).- Siendo el denunciado había conocido a mi menor hija en las inmediaciones de esta ciudad, que al inicio de la molestaba e incluso la perseguía acosándola la cual desconocíamos por estar fuera de esta ciudad, empero las veces que estábamos en esta localidad sin presagiar de todo ello le dábamos permiso a nuestra menor hija quien manifestaba que iba en sus amigas que había conocido, cuando en realidad salía a la calle y lo abordaba con engaños y astucia el denuncia para llevarla a lugares alejados y silenciosos, donde no transitan personas y vehículo la ultrajaba bajo amenazas y a la fuerza, contra su voluntad, toda vez que por la escaso estado cultural e ignorancia de los hechos y del mismo carnal y sus consecuencias, pese a que oponía tenaz fuerza este por la corpulencia y edad que cuenta con 26 años, le doblegaba en fuerza y maña, hasta lograr su cometido, del cual muchas veces las relaciones fueron en tres oportunidades en una casa descampada para dar rienda suelta a sus bajos instintos, consecuentemente el denuncia

para

realizar

el

acto

delictivo,

previamente

había

planificado

cuidadosamente todo los hechos como para que se materialice su cometido doloso, PUES TODO HA SIDO EN CONTRA DE MI VOLUNTAD, para la cual siempre me había opuesto, asa como

cuando me llevo a la casa abandona fue bajo amenaza de

matarme y agredirme si no fuera, empero no empleo ningún arma, sino la violencia física y psicológica y como quiera por la corta edad y estado cultural había aceptado que fin de cuentas una vez que le descubrió que el denunciado tiene otra pareja, por lo que siendo así debe sancionarse al denunciado con el rigor de la Ley. A parte de ello, al haberla engañado que luego en la segunda oportunidad para ultrajarla ante

el repudio y resistencia que oponía mi hija, el

denunciado la había ofrecido casarse y e incluso para que no nos pusiera de conocimiento la habían llevado a presentar a su domicilio

de sus padres donde

también con el consentimiento de toda su familia la hicieron quedar en dicha vivienda donde también la ultrajo, todo con la condición y amenaza que no denunciara los hechos y más que nada no nos pusiera en conocimiento de estos hechos, hasta que en esta ultima vez al notar su embarazo tuvimos que increparle y cuestionar su actitud sospechosa que venía tapando su vientre, y cuando veníamos a esta ciudad estaba en la casa y cuando nos íbamos el denunciándola levaba bajo amenazas y con no reconocer el menor como producto de la violación. Tercero.- De la configuración del Tipo penal de Violación Sexual).Señor Fiscal, queda demostrado a plenitud que en efecto se ha materializado los hechos

punitivos materia de la denuncia penal, así como existen suficientes

elementos que lo vinculan con el hecho criminoso contra el denunciado, y como si fuera poco,

mi menor hija como producto de la conducta reprochable del denuncia

mi hija viene gestando con 5 meses de embarazo, de manera que con la declaración indagatoria de mi hija se acreditada el delito de violación sexual, por cuanto ello fue sin el consentimiento por un lado y por otro lado bajo la amenaza y el engaño , cual es el matrimonio lo que debe tenerse en cuenta

al momento de calificar la

denuncia. PRUEBAS.1.- Se curse oficio a la Botica Municipal a fin de que informe si ha atendido a mi menor hija, respecto del tiempo de embarazo. 2.- Se reciba mi declaración indagatoria testimonial. 3.- Copia de su Documento Nacional de Identidad de mi menor hija. POR LO EXPUESTO: A Ud., Señor Fiscal, impetro lo solicitado por ser Justo y de Ley. Huancavelica, 21 de Setiembre del 2011.