1 Del Municipio Romano Al Municipio Medieval 61632p

CAPITULO PRIMERO

DEL MUNICIPIO ROMANO AL MUNICIPIO MEDIEVAL

I.

EL MUNICIPIO ROMANO

Durante muchos años fue generalmente itido que el municipio romano de los siglos I a v y después el visigodp hasta el VIII, habían sido los antecedentes inspiradores del municipio genuinamente español de los siglos IX y siguientes. Las rigurosas investigaciones del último tercio del siglo XIX y primero del XX, complementados con los trabajos de D. Claudio Sánchez Albornoz y sus discípulos, ampliaron los conocimientos, como veremos posteriormente, y se demostró que eran instituciones que en la práctica sólo tenían de común el nombre. El gobierno de la ciudad tuvo una gran tradición en Atenas de donde pasó a Roma, consolidándose el municipio como forma de gobierno urbano (GARCÍA VALDEAVELLANO). En la posterior expansión romana, sus legiones se encargaron de extenderlo por los confines del Imperio, guiadas por un principio colonizador y de homogeneidad para facilitar su istración. Inicialmente, en el caso de Hispania, la presencia romana se centró en los territorios de la Bética, parcialmente en la Tarraconense y Lusitania. Tales zonas configuradas por una incipiente red urbana contrastaban con el resto de la Península, donde hasta avanzado el siglo 1 no fue superado el régimen de tribus. De hecho hasta la época de los emperadores Flavios no se generalizó la romanización de Hispania. Inicialmente, bajo el régimen provincial romano, según García Valdeavellano, las ciudades de las provincias hispánicas mantuvieron su particular régimen político-istrativo, aunque existiese el control y la intervención de su régimen local por parte del gobernador romano de la provincia. Al evolucionar posteriormente hacia la unificación el régimen de las ciudades, su organización política adoptó el modelo romano de Colonias y Municipios Plinio en su Historia Natural (III, 3.1), nos da una idea sobre el estado de la romanización en España a principios del Imperio. La Tarraconense, contaba

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con 179 ciudades, entre ellas 12 colonias, 13 ciudades romanas y 18 latinas, una confederada y 135 estipendiarias; la Bética, inicialmente la provincia de más avanzada cultura romana, contaba con 175 núcleos urbanos, de los cuales tres eran ciudades confederadas y seis libres, ocho municipios, nueve colonias, 29 municipios latinos y 120 ciudades estipendiarias. Respecto a la Lusitania, la menos romanizada, había cinco colonias, un municipio, tres ciudades del antiguo derecho latino y 36 estipendiarias, sin referencias a la existencia de ciudades libres (HINOJOSA, pág. 24). Los núcleos de población conquistada se convirtieron en ciudades, graduadas según su índice de resistencia o pasividad a la conquista, en función de lo cual fueron calificadas como ciudades inmunes o federadas, libres o estipendiarias. El proceso de conquista y romanización fue transformando las primitivas estructuras políticas de acuerdo con las formas romanas y así aparecerían colonias, constituidas por soldados licenciados, municipios latinos y romanos. Por el contenido sustantivo de los estatutos reguladores de los municipios se puede conocer la categoría de los mismos. En primer lugar estaban los municipios de optime iure, en los que los munícipes eran ciudadanos romanos de pleno derecho y disfrutaban de una amplia autonomía en su organización interna. Tal situación no resultó frecuente y debe considerarse como excepcional, pues tal privilegio 10 obtuvieron muy pocas ciudades fuera de Italia. La generalidad de los municipios tenían la categoría de sine suffragio, que a su vez podían ser Munícipes Caerites, dotados de autonomía, y los Munícipes aerarii, carentes de autonomía y dependientes de la istración de Roma bajo la jurisdicción de un delegado del magistrado romano. De forma excepcional, existieron en Hispania los Municipii civium Romanorul1l, asimilados a los sine suffragio romanos; estaban organizados como entes autónomos, por lo que disponían de consejo municipal y magistraturas anuales. Su número era escaso, 24, distribuidos 10 en la Bética, 13 en la Tarraconense y uno en la Lusitania. En el caso de las provincias, siempre y cuando sus ciudades dispusieran de una organización urbana aceptable, manifestaran su lealtad a Roma, tuviesen suficiente número de habitantes ciudadanos romanos y se encontrasen en vías avanzadas de romanización, fueron dotadas del Municipio de derecho latino ius latii, lo que suponía que podían organizarse y regirse por el Derecho romano. Después de las campañas de colonización y municipalización llevadas a cabo primero por César y después por Augusto, en las provincias hispanas se extendió este tipo de municipios, alcanzando 45 a mediados del siglo 1, distribuidos de la siguiente manera: 27 en la Bética, 18 en la Tarraconense y tres en Lusitania. El hecho es que los municipios constituían comunidades ciudadanas, dotadas de un grado oscilante de autonomía y a las que se concedió la ciudadanía romana. Al disfrutar de tal privilegio, las ciudades renunciaron a su soberanía pero disfrutaban de una cierta capacidad de autoorganización. Simultáneamente sus habitantes obtuvieron la categoría de ciudadanos romanos pero debieron asumir las cargas que tal condición llevaba consigo.

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El Emperador Vespasiano dio un impulso a la romanización de Hispania intentando atraerse políticamente a la población indígena, por lo que concedió el derecho latino a todas las ciudades para que en lo sucesivo se organizasen con arreglo a la constitución romana, convirtiéndose en ciudadanos romanos aque110s vecinos que hubiesen ejercido alguna magistratura. Durante su reinado, Ptolomeo menciona que la medida se había hecho efectiva a más de noventa ciudades españolas. La istración de estas ciudades se reguló posteriormente mediante leyes especiales, de las que han l1egado hasta nosotros diversos textos y referencias que nos permiten conocer la organización municipal romana en España, como las Leyes Municipales Flavia Salpensana, Fluvia Malacitana o la colonial Genitiva Julia, así como consultas de municipios a gobernadores, caso de Pamplona, o cartas del César a los municipios, como la de Vespasiano al de Sabara autorizándole a reconstruir la ciudad siguiendo las normas de policía urbanística romana. Por ejemplo, la ley colonial de Osuna refleja la vida de una colonia y la de Málaga la imagen de un municipio. El conocimiento de estos detalles fue posible al descubrirse a mediados del siglo XIX inscripciones en bronce que contenían diversos fragmentos de las referidas normas. Incluso el hallazgo en Oviedo de un fragmento de la ley municipal coincidente con el capítulo 66 de la Lex coloniae Genetivae Juliae, favorece, según Sánchez Albornoz, «el supuesto de que en el solar de los astures tranSl1wntanos hubo algún municipio» (pág. 1081). Coinciden prácticamente todos los autores en señalar que el período de florecimiento de la vida municipal se mantiene con mayores o menores excepciones hasta fines del siglo" o principios del III. A partir de ese momento desaparecen los Comicios y aumentó la importancia de la Curia, no sólo por elegir a los magistrados sino porque al invertirse el orden éstos procedían de aquélla. También en este período los magistrados perdieron diversas competencias a favor de los Decuriones, además los curiales asumieron muchas funciones del Estado, que terminarían por superarles en el gobierno del Bajo Imperio, hasta el extremo de convertirlos en funcionarios gratuitos del Estado (PÉREZ PUJOL, págs. 202-203). No obstante 10 anterior, estas medidas de Vespasiano no consiguieron la completa romanización político-istrativa de Hispania, situación ésta que no se alcanzará hasta la Constitución Antoniana, promulgada por el Emperador Caracalla, inspirada tanto con el propósito de unificar la condición política y jurídica de todos los habitantes del mundo romano como también por motivos fiscales por el hecho del incremento del número de contribuyentes, pues determinados impuestos sólo afectaban a los ciudadanos de Roma. La realidad fue que todos los súbditos del Imperio alcanzaron la condición de ciudadanos romanos, superando la fase de organización local anterior que adscribía a sus habitantes a la tribu de origen, clasificando los vecinos en ciudadanos, transeúntes o peregrinos y extranjeros, aunque todos sometidos políti-

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camente al Estado romano, con lo que a la vez que se consiguió la romanización definitiva de Hispania, se completó el proceso que transformó a Roma de un Estado-Ciudad en un Estado universal.

a)

La fundación de ciudades en Hispania

Para conseguir la adecuada asimilación de las poblaciones españolas al sistema romano se recurrió a la fundación de colonias, configuradas como verdaderos centros de influencia cultural y que en definitiva colaboraron eficazmente a la romanización de la península, al tiempo que privilegiaban a soldados licenciados con lo que se garantizaban no sólo la seguridad del territorio, sino también la penetración de la cultura romana. Las colonias o ciudades romanas creadas en España y habitadas por ciudadanos romanos, estaban organizadas de acuerdo con el modelo constitucional marcado por el Estado-ciudad de Roma. La fundación de ciudades se hacía en un lugar predeterminado, pero a veces se fundaba sobre un núcleo urbano existente, como fue el caso de Osuna. El acto fundacional suponía un transplante de Roma a un territorio provincial, formalmente aprobado por una ley votada en los comicios. Todo el proceso de fundación y organización de las ciudades romanas estaba regulado por una ley general que servía de marco, especificándose las cuestiones particulares de cada ciudad por una ley especial para cada colonia (GARCÍA VALDEAVELLANO, pág. 128). Al lugar elegido para la fundación se trasladaba una Comisión, a la que acompañaban los futuros ciudadanos romanos que la iban a poblar; dicha Comisión procedía a realizar el trazado urbano, con dos calles como ejes, uno de norte a sur, llamado el cardo máximus, con una anchura de veinte pies, unos seis metros, y otra de este a oeste, el decúnwnus maximus, con doble anchura del anterior. Ambas se cruzaban en un espacio central abierto, elforum, plaza, mercado, etc., y el resto de las calles discurrían paralelas a los ejes mencionados, denominadas cárdines o decumani, con lo que se constituían cuadros o manzanas para las viviendas. En una palabra, una vez más se reproducía el plano de cuadrícula urbana diseñado en Grecia en los siglos anteriores. Posteriormente con una arado se trazaba un surco que determinaba el perímetro de la ciudad y la Comisión hacía el reparto de lotes de las tierras más próximas a los colonos. El resto de la tierra quedaba sin repartir como propiedad de la colonia, para dedicarse a bienes de aprovechamiento común o reserva de tierras propiedad del Estado romano (GARCÍA BELLIDO, págs. 30 Y sigs.). En la descripción de colonias fundadás por Roma seguiremos, una vez más, la relación efectuada por Hinojosa. La primera cronológicamente fue Itálica, fundada por Publio Comelio Escipión en el año 206 antes de Cristo, después Carteya en el 171 y, por último, Valencia fundada en el año 138 por el cónsul Licinio Julio Bruto. 4

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La política más intensiva de fundaciones, correspondió a César y a su sobrino Augusto, en la que prevaleció el criterio tradicional de facilitar asentamientos urbanos a los soldados romanos. Las luchas civiles entre César y Pompeyo influyeron en las repoblaciones y fundaciones, pues en algunos casos las ciudades fueron destruidas y posteriormente rehabilitadas, el caso de Sevilla y de Valencia. Asimismo fundó colonias inmunes como Itucci (Virtus Julia), Attubi (Claritas Julia), Cattago Nova o Cartagena, Tarragona, Celsa, Guadix (Acci), a cuyos habitantes fueron agregados veteranos de las legiones 3. a y 6.\ o Saclabis en la Lusitanía. Augusto concedió el honor de colonias romanas a Córdoba, Asta, Asido, Zaragoza (Caesaraugusta), fundada con veteranos de las legiones 4. a, 6. a y lo.a, sobre la antigua ciudad ibérica de Salduvas; Ecija (Augusta Firma), Tucci (Augusta Gemela), Ilici, Barcelona; Libisosa, ciudad de derecho latino; Salaria, Clunia; Las cuatro colonias de Lusitania, después de la guerra de Cantabria: Augusta Emérita, Mérida, residencia del gobernador de la provincia, Metellinum, MedelIín, Pax Julia, Béjar y Norba la actual Cáceres. La fundación de ciudades quedó desde entonces limitada a un estrecho marco, tanto por el norte como por el sur del Imperio, no siendo modificada esta situación hasta la época de Vespasiano que, como ya dijimos, concedió la latinidad en el año 75 a toda España y fundó Flavióbriga. En su política posterior de concesión de honores y privilegios a diversos lugares del Imperio, encontramos la española Flavium Brigantiu11l. Aunque no se crearon nuevas colonias en la época de Adriano, se concedió tal honor a Itálica que era un municipio.

b)

Organización y gobierno del Municipio hispanorrOlnano

Dos eran los elementos básicos de la organización del Municipio romano de una parte, la urbs y el territorium o distrito rural, carente de personalidad jurídica, formado por pequeños núcleos de habitantes conocidos como fora, conciliabula o vici y, de otra parte, la población ciudadana, el populus, compuesta por cives o munícipes, ciudadanos, y coloni, los colonos nacidos en las ciudades o que habían obtenido el derecho de ciudadanía en la misma, de acuerdo con una designación o elección por la Curia municipal. También existían los incolae, personas domiciliadas en la ciudad sin ciudadanía y los hospites con residencia temporal en la ciudad. Las cargas municipales obligaban a ciudadanos y domiciliados, pero sólo los primeros tenían posibilidad de a las magistraturas municipales. El sistema electoral trataba de ser muy estricto, pues las leyes vigentes en Roma sobre la inmoralidad electoral estaban en vigor en los Municipios del Imperio, a lo que han de añadirse las disposiciones específicas de cada municipio dedicadas a obtener una mayor transparencia del proceso electoral. En este sentido, por ejemplo, la Ley colonial de Osuna prohibía a los candidatos hacer dona-

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tivos, repattir víveres u organizar convites que excediesen de nueve personas, siendo las transgresiones sancionadas rigurosamente, síntoma de que en el período de referencia los cargos municipales eran aún muy codiciados. Los comicios municipales estaban presididos por el magistrado municipal más antiguo. Hinojosa combina la Ley Julia municipal y la Ley colonial de Osuna (pág. 31), para determinar los requisitos que debían reunir los candidatos a magistrados: no haber sufrido ninguna condena; no haber desempeñado oficios innobles; ser mayor de treinta años; o, por último, haber servido en el ejército algún tiempo. Augusto rebajó la edad a veinticinco años. Por su parte, el Duumvi rato no podía desempeñarse sin haber ostentado previamente la Edilidad, ni llegar a ésta sin ocupar previamente la Cuestura. No se permitía la reelección hasta pasados cinco años. Los candidatos a ocupar los cargos vacantes debían presentar con bastante antelación sus candidaturas. Una vez comprobado que reunían las condiciones legales exigidas, el Duumviro, presidente de los comicios, hacía anunciar los nombres por medio de carteles en los lugares públicos. En la fecha determinada para la elección, la votación correspondiente se hacía por separado para cada cargo (Dumviros, Ediles, Cuestores). La votación era por Curias yen ellas emitían su voto, además de los ciudadanos, los íncolas que lo hacían, previo sorteo, en una Curia determinada. Cada elector depositaba su tablilla en la urna electoral (cista), éstas eran vigiladas por tres ciudadanos, procedentes de una Curia distinta (quaestores), constituyendo lo que podríamos calificar en la actualidad una mesa electoral, con el objeto de velar por la limpieza electoral. El escrutinio se realizaba por los diribitores y los candidatos podían designar un Cuestor para que velase por sus intereses. Los Cuestores, que no podían votar en su Curia de origen, lo hacían en la que estaba adscritos; concluida la votación se hacía el recuento y los diribitores entregaban el resultado del escrutinio al presidente, que después de reunir los resultados de todas las Curias, proclamaba al candidato que hubiese obtenido mayoría simple de votos. En caso de empate eran preferidos los casados con hijos, en caso de igualdad de condiciones se sorteaba entre los afectados. Con el paso del tiempo, el sistema entró en grave decadencia, los cargos se hicieron poco estimados, por lo que faltaron candidatos, razón por la cual se facultó al presidente para proponer candidatos cuando no los hubiese. El deterioro del sistema condujo a finales del siglo 111 a un procedimiento de cooptación, que obligó a promulgar una disposición legal para que los magistrados salientes designasen a los entrantes, con la intervención del gobernador de la provincia.

Los magistrados municipales Estas magistraturas municipales tomaban el modelo de las existentes en Roma, incluida su duración anual. Habitualmente eran los quattorviri para los

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municipios y los Dunviros, duoviri iuricundo, en las colonias, aunque por las múltiples excepciones la norma no debió ser absolutamente rígida. No obstante, en todos los casos era obligatorio estar inscrito en el censo, como propietario de una fortuna cuya cuantía variaba según los municipios. Los magistrados de una u otra asignación se agrupaban en collegia, el cargo era irrenunciable, honorífico y gratuito. Además tenían que aportar una fianza para garantizar patrimonialmente los posibles perjuicios que ocasionasen en el ejercicio de su cargo, tanto a la ciudad como a los particulares. Las fianzas variaban de un Municipio a otro, en el caso de Málaga, parece ser que consistía en una hipoteca sobre bienes inmuebles. Desde los primeros tiempos del Imperio, al igual que sucedía en la Roma de Augusto, al tomar posesión del cargo era habitual aportar cierta cantidad para los gastos del común con destino a sufragar espectáculos, construcciones públicas, etc. Más gravosa era la obligación de pagar una cantidad variable con destino al erario municipal (HINOJOSA, pág. 31). Los bronces de Osuna fijaban el mínimo de la cantidad que los Duumviros y Ediles habían de gastar de su patrimonio particular en los juegos públicos. También era obligatorio dar al pueblo pan barato y a ser posible gratuito (PÉREZ PUJOL, pág. 175). En contrapartida el cargo de magistrado llevaba aparejado el disfrute de importantes honores, tanto en su vestidura, la toga pretexta, como en la prelación en actos públicos, acompañados siempre de dos lictores o alguaciles que llevaban las faces o hachas metidas en un haz de varas, sin olvidar que los documentos municipales se databan con el nombre de los Dunviros que ostentaban el cargo aquel año (GARCÍA VALDEAVELLANO, pág. 234). En Hispania, después de las reformas, los magistrados supremos de los Municipios eran los Dunviros, que convocaban y presidían los comicios, tenían jurisdicción civil, criminal, que pasaría a fines del siglo I a la órbita de los funcionarios imperiales y algunas competencias militares. En el orden civil entendían en los litigios de cuantía inferior a 15.000 sextercios (Ley Rubria De Gallia eisa/pina), cantidad análoga a la prevista en los bronces de Málaga; el nombramiento de jurados para la resolución de conflictos, e instruir las diligencias preliminares en los asuntos que no eran de su competencia, remitiendo las partes al presidente de la provincia (HINOJOSA, pág. 29). Posiblemente intervenían también en asuntos de jurisdicción voluntaria como las manumisiones, emancipaciones y adopciones, aunque no existe confirmación al respecto. istraban el patrimonio y los ingresos municipales, tenían competencia para imponer sanciones, de límite desconocido, en casos de alteraciones quedaban al cargo de la defensa de la ciudad, pudiendo recurrir al reclutamiento de una milicia ciudadana. Los dos Dunviros eran los magistrados de mayor rango en los Municipios, equiparables a los cónsules romanos. En su ausencia de la ciudad eran sustituidos por un delegado suyo denominado Praefectus. En el caso frecuente de que el Emperador fuese nombrado Dunviro, lo era en solitario, en consecuencia el 7


municipio era gobernado por un Praefectus del Príncipe ante la imposibilidad material de hacerlo éste personalmente. Los dos Ediles eran funcionarios auxiliares de los Dunviros, encargados de la policía de la ciudad, vigilancia de las calles y edificios públicos, mercados, abastecimientos, espectáculos, etc. Dotados de atribuciones sancionadoras, podían poner multas pecuniarias e infligir castigos. Mientras que en las colonias Dunviros y Ediles formaban colegios diferenciados, en los municipios se integraban en un colegio único: Quattuor viri, distinguiéndose dos categorías por su denominación, Quattuor viri iuridicundo los primeros y Quattuor viri aediles los segundos. En ambos casos la elección, hasta el siglo 11, como ya sabemos se hacía por el pueblo en los comicios. Posteriormente a propuesta de los magistrados salientes los designaría la Curia el uno de marzo de cada año. Los magistrados municipales eran auxiliados en sus funciones por diversos subalternos, previstos en la ley colonial de Osuna, en cuyos bronces consta la remuneración, para el caso de los Duumviros 2 lictores, ya mencionados, a 600 sextercios 1 accenso, alguacil a 700 sx. 2 escribas, secretarios contadores a 1.200 sx. 2 viatores, verederos a 400 sx. 1 librero, escribiente, archivero a 300 sx. 1 pregonero, o heraldo a 300 sx. 1 haruspice con 500 sx. 1 Tibicen, flautista sin sueldo marcado. Estos tres últimos también eran oficios a disposición de los Ediles, con sueldos inferiores, además de cuatro siervos públicos (HINOJOSA, pág. 30). Completaban la organización burocrática municipal los funcionarios encargados de hacer cada cinco años el censo de ciudadanos, duoviri quinquellllales, designados expresamente el año que correspondía la operación demográfica, complementada con el catastro de la riqueza urbana. Además había dos Cuestores que istraban la hacienda municipal. Por último hemos de incluir a los sacerdotes que disfrutaban de carácter vitalicio y que tenían a su cargo el culto local, además de otros seis, Seviros augustales, encargados del culto al Emperador. Los colegios sacerdotales de Pontífices y Augures estaban organizados igual que en Roma y disfrutaban de análogos privilegios. Pese al carácter vitalicio del cargo, en caso de indignidad, podían ser despedidos por los Dumviros. Los jefes del culto municipal eran los Pontífices, auxiliados por cierto número de auxiliares denominados magistri, uno· por cada templo o capilla y a los que correspondía hacer los sacrificios y preparar los juegos circenses acordados por la Curia. Mayor rango tenían los Seviros Augustales, que sólo existían en las ciudades donde se practicaba el culto al Emperador. El cargo era anual y resultaba gravoso, pues corrían a su cargo los gastos originados por los sacrificios y

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espectáculos, sin embargo al pasar a la actividad privada, aunque podían ser reelegidos, disfrutaban de una serie de privilegios y honores vitalicios, por lo que se agruparon en una corporación denominada Orde seviralium. Su importancia e implantación se debió a que el Gobierno imperial incentivaba la institución, concediendo los permisos que solicitaban las ciudades, pues por un lado se trataba de dar prestigio al Emperador y por otro dar entrada en los municipios a los libertinos, abriéndoles el camino a la participación política. Esta corporación u orden de los Augustales obtuvo el reconocimiento legal de su existencia y funcionamiento. La elección de los Seviros correspondía a los Decuriones, pudiendo optar al cargo los íncolas y los libertinos, incluidos cómicos o pregoneros, pero siempre que dispusieran de medios de fortuna para hacer frente a los considerables gastos reseñados. Al tomar posesión de su cargo debían hacer un depósito en la Curia cuyo destino era decidido por los Decuriones. Entre sus obligaciones estaban las de celebrar periódicamente sacrificios, dar espectáculos y repartir víveres al pueblo, con los fondos procedentes del depósito mencionado, salvo que los Decuriones lo hubiesen invertido en obras públicas; usaban la toga pretexta, se hacían acompañar de dos lictores con fasces, incluido el uso ocasional de las insignias decurionales edilicias. A partir del siglo III disponían de un tesorero especial, que istraba los donativos, poseían inmuebles y tenían a sus órdenes algunos funcionarios auxiliares, que elegían ellos mismos. Estaban facultados para expedir decretos sobre la elección de patronos y erección de estatuas, pudiendo establecer contribuciones a los ciudadanos para costearlas. La Curia

El gobierno municipal era ejercido por el pueblo, los magistrados y la Curia o Senado municipal. En el primer bloque se integraban los ciudadanos y domiciliados, divididos por tribus en las Colonias y curiae en los Municipios. Su intervención en el gobierno local se limitaba a la elección de los magistrados, reuniéndose en los comicios o asambleas populares de acuerdo con su composición original, en c01nitia tributa, o comitia curiata. A partir del siglo 11 la Curia municipal, formada por un pequeño consejo de principales Decuriones y los Magistrados anularon las funciones electivas de los ciudadanos para designar a éstos, configurándose la Curia como un poder oligárquico que sometió a los magistrados. La Curia, Senado o Consejo municipal era una asamblea permanente, a semejanza del Senado de Roma, y constaba de un número considerable de según las ciudades y las disposiciones de sus respectivos estatutos municipales. Habitualmente, los Decuriones, nombre que recibían los de este Consejo hasta los últimos tiempos del Imperio en que serían sustituidos por los Curiales, eran cien individuos pertenecientes a las clases más altas, antiguos magistrados y otros ciudadanos. En circunstancias normales, su renovación se producía cada cinco años y

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eran designados por los magistrados supremos de la ciudad, consignando su resultado en el Album decuriorum, donde figuraban los Decuriones inscritos en el último censo, siempre que no hubiesen sido objeto de indignidad por sentencia criminal o por otra causa; los que con posterioridad a la redacción del anterior Album hubiesen ejercido magistraturas municipales y por último, si no se completaba el número requerido de de la Curia, se completaba con ciudadanos que reuniesen las condiciones legales exigidas para ser magistrados (HINOJOSA, pág. 32). En definitiva era un sistema de cooptación entre los individuos de una lista formada previamente. El lugar que ocupaban en la Curia y el orden en sus intervenciones estaba previsto por el que constaban en el Album. El primer lugar era ocupado por los patronos del municipio, que ejercían la defensa de los intereses municipales ante el gobierno de Roma, cargo que era ocupado siempre por personas que habían desempeñado algún cargo en Roma y eran senadores o caballeros romanos. Ello no era obstáculo para que nombrasen patrono a algún caballero que residiese en Italia, con la condición de que no desempeñase ningún cargo público, aunque también, según Hinojosa, solía haber alguna excepción. Acordado por la Curias que se procediese a la elección de patrono, el pueblo reunido en los comicios lo designaba para ostentar el cargo y el decreto del pueblo se consignaba por duplicado en un documento público, uno para el patrono y otro para la ciudad (HINOJOSA, pág. 32). Continuaba el orden de prelación en la Curia formado por los Quinquenales, los Duumvirales, los Edilicios y los Questores. A continuación los Allecti, aquellos a quienes por sus méritos y en virtud de decreto de la Curia se les concedía el honor de Decuriones, los Pedáneos, ciudadanos que reuniendo las condiciones para desempeñar cualquier magistratura eran elegidos para completar el número de Decuriones. El último lugar lo ocupaban los Praetextati , hijos de los Decuriones incluidos en el Album, que disfrutaban del uso de insignias y demás privilegios, pero que no podían participar en las deliberaciones hasta llegar a la edad legal, en cuyo momento abandonaban dicha categoría para integrarse en alguna de las otras. La Curia estaba configurada como una asamblea legislativa, consultiva y deliberante, que entendía de los asuntos políticos, istrativos, judiciales y militares de la ciudad, cuyos acuerdos eran vinculantes para los magistrados, como órganos del poder ejecutivo municipal, y su inobservancia era objeto de graves responsabilidades. Actuaban también como tribunal de apelación de los particulares contra las multas impuestas por los Duumviros y Ediles. El número de cuya presencia era obligatoria para validar los acuerdos de la Curia, oscilaba según los casos: mayoría simple, dos tercios, etc. La convocatoria y presidencia del Consejo municipal, correspondía a los magistrados municipales supremos. Las votaciones eran abiertas, aunque en ocasiones previstas podían ser secretas. En las públicas, al emitir su voto los Decuriones debían argumentar los fundamentos del mismo.

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Las competencias de la Curia eran muy amplias, estaban consignadas en los estatutos municipales conocidos y en los monumentos epigráficos que han llegado a nosotros, entre ellas haremos mención a las siguientes: En el orden religioso: Nombramiento de los custodios de los templos y capillas, designación de los días festivos y formación del presupuesto del culto público. En el político: nombramientos de los patronos y delegados de la ciudad. En el económico: Percepción de las cantidades que por todos los conceptos debían ingresar en el Senado municipal, la formación del presupuesto de la ciudad y los cargos de legados de la ciudad al Emperador. En el civil: Manumisión de esclavos por ciudadanos menores de veinte años, y la aprobación del nombramiento de tutor hecho por los magistrados. En el judicial: Las mencionadas apelaciones contra las multas y actuar como defensores judiciales En el de policía: Permiso para la demolición de edificios en la ciudad, uso de los acueductos públicos, cuidado de las vías públicas y determinar las obras con que debía contribuir cada ciudadano, según lo previsto en cadá estatuto, para la construcción de edificios públicos, cuidar y calentar las termas públicas, conservar los caballos destinados al circo. En el orden militar debían armar y equipar a los ciudadanos para resistir los ataques contra la integridad e independencia del territorio municipal. Estas últimas competencias están recogidas detalladamente en la Ley colonial de Osuna del año 44 antes de nuestra era, por la que se autoriza a los Decuriones a disponer las fortificaciones de la ciudad, pudiendo recurrir a todos los habitantes, tanto colonos como extranjeros y armar a los ciudadanos, encomendando al Duumviro o persona en la que delegase a ejercer el mando con las atribuciones de tribuno militar (HINOJOSA, pág. 34). Las múltiples obligaciones municipales, las dificultades de los magistrados para cumplir sus compromisos económicos, la cada más escasa recaudación y también los desmesurados gastos que excedían a los ingresos, fueron las causas de que la hacienda de las ciudades entrase tempranamente en decadencia, razón que sería aprovechada por los Emperadores para intervenir en el régimen municipal (PÉREZ PUJOL, pág. 175).

c)

La Hacienda del Municipio romano

Las posibilidades de actuación de los Municipios romanos estaban supeditadas a la organización de una verdadera Hacienda local. Ya hemos visto anteriormente las importantes aportaciones realizadas al erario común, por los diversos magistrados, sacerdotes, etc. que resultaban una parte de dicha Hacienda, pues los ingresos principales estaban constituidos por las propiedades inmuebles rústicas, como tierras de labor, dehesas, bosques, lagos, minas, etc., cuyas rentas eran ingresadas en las arcas municipales.

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Los arrendamientos decididos por el Consejo municipal podían ser temporales o a perpetuidad; en el caso de Málaga o en la colonia Genitiva, los Duumviros arrendaban los vectigales y encomendaban a un contratista la construcción de edificios públicos, lo que llamó la atención del Estado. Por medio de la ley Julia de 644, creó una magistratura especial para tales cometidos, cuya existencia ya se ha mencionado: los quinquenales, que además de elaborar los censos de población hacían la Lectio Senatus y entendían en los arrendamientos de las propiedades del municipio y en las reparaciones de sus edificios. Electos por el pueblo en número de dos, sus funciones se prolongaron hasta la época de Constantino, siendo sustituidos por los Curatores. Estos no podían ser elegidos entre los ciudadanos del municipio donde desempeñaban sus funciones, la duración de su cargo era indefinida y podían ejercer su cometido en varias ciudades, pues no tenían obligación de residencia. En tiempos de Severo se institucionalizó el cargo, siendo designados entre personas de elevada categoría social, primero por el Emperador, posteriormente por los Decuriones entre ciudadanos que hubiesen desempeñado otros cargos municipales con anterioridad. Físicamente no era preciso que las propiedades rústicas estuviesen en el territorio de la ciudad, yen cuanto a su procedimiento de adquisición lo era por diversas vías, donaciones, compras, etc. incluso en algún caso, citado por Hinojosa, el propio emperador alentaba a los ciudadanos a que se dirigiesen el gobernador de la provincia para que aumentase sus propiedades. Además de los mencionados, hay que reseñar otros ingresos importantes, como los capitales procedentes de fundaciones particulares, aplicables al objeto previsto en su origen; impuestos establecidos en caso de necesidad a los ciudadanos e íncolas y el importe de las multas con que se sancionaba a los funcionarios y a los particulares, previstas en una extensa relación de la Ley colonial de Osuna. La construcción y reparación de los edificios y caminos públicos, constituían la partida más importante del capítulo de gastos municipales, a lo que deben añadirse los impuestos aportados por los municipios al sostenimiento del Imperio. La aprobación del presupuesto correspondía al gobernador en las ciudades provinciales y a los magistrados municipales en las libres y en los municipios itálicos. Las dificultades de la Hacienda municipal comenzaron por el desequilibrio presupuestario de los primeros siglos, y entró en crisis cuando el régimen imperial agudizó su centralismo, y al ser los recursos del Estado insuficientes para afrontar las obligaciones corrientes, muchas veces suntuosas, como ya indicamos, recurrieron a los fondos y bienes municipales. Constantino lo hizo en varias ocasiones, Valentiniano y Valente se apoderaron de dos tercios de las rentas que producían los títulos de la ciudad, Teodosio, Marciano, etc. tomaron medidas análogas que se prolongaron hasta las postrimerías del Imperio (PÉREZ PUJOL, pág. 218).

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EL MUNICIPIO ROMANO

d)

La decadencia del Municipio romano

En un proceso que se repetirá muchas veces en los siglos venideros, los Municipios perdieron fuerza y autonomía, a causa de las crisis económicas, de las guerras civiles y la decadencia de la población urbana. El principio del fin se produjo con las invasiones germánicas iniciadas a mediados del siglo 111, entre el 260 y el 264 llegaron a España las oleadas de francos que atacaron y destruyeron las ciudades costeras del mediterráneo, aunque en sus algaradas llegaron a conquistar Ilerda. La segunda oleada se produjo el 276, penetrando por Navarra llegó hasta Lusitania, después de destruir Pamplona, las ciudades del valle del Duero, Clunia, Augustóbriga, Uxama, Mérida, etc. Al coincidir con la desorganización militar existente y no poder hacer frente a los invasores, las ciudades fueron abandonadas produciéndose un desplazamiento de la ciudad hacia el campo, 10 que supuso la proliferación de latifundios y la pérdida de su influencia a favor de éstos. Estas circunstancias produjeron la desarticulación del territorio, hasta entonces dependiente de las ciudades, por lo que éstas perdieron, no sólo su influencia, sino su condición de centros istrativos y políticos. A principios del siglo IV ciudades como Ilerda, Calagurris o Bilbilis estaban prácticamente desiertas (SÁNCHEZ ARCILLA, pág. 110). La población romana, hasta entonces de carácter urbano, fue sustituida por la de extracción rural, que alcanzó gran fuerza a consecuencia de la concentración de la propiedad en latifundios y el incremento de éstos. Por lo que se creó una clase social compuesta por poderosos latifundistas que paulatinamente fueron sustrayendo poder al municipio, convirtiéndose éstos en organismos de la istración periférica del centralismo imperial. Por tanto se produjo una quiebra de la ciudad frente al medio rural, que claramente favoreció a éste, en de 10 urbano, es más, según Sánchez Albornoz, en su estudio sobre la ruina y extinción del municipio romano, entiende que en todas aquellas ciudades abandonadas por su habitantes, desaparecieron las tradicionales instituciones municipales romanas, es más al parecer la crisis del régimen municipal afectó a todo el occidente del Imperio. Además la participación del pueblo en los procesos electorales había sido paulatinamente excluido, por 10 que la elección de magistrados municipales fue asumida por la Curia o el Senado de la ciudad. La decadencia de las instituciones municipales fue manifiesta, pues Duumviros y Ediles perdieron la mayoría de sus atribuciones, incluso la misma Curia terminó convertida en un instrumento fiscal del Estado, al encomendarla recaudación de los tributos. La nueva obligación de los Municipios tenía una peligrosa consecuencia para los magistrados, pues estos eran responsables subsidiarios, respondiendo con sus fianzas a la permanente morosidad, pues el pueblo empobrecido no podía pagar los impuestos, pese a las coacciones de los magistrados. A causa de tales motivos los cargos curiales eran rechazados, principalmente por parte de

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los pequeños propietarios o comerciantes, que preferían abandonar, incluso, sus bienes que soportar las cargas municipales. En cuanto a los ricos propietarios se retiraron durante el siglo 111 a sus posesiones rurales, lo que forzó al Estado a incluir en el orden decurional a todos los ciudadanos que poseían bienes inmuebles o comerciantes, al tiempo que los Emperadores hicieron obligatorios y perpetuos dichos cargos, para ellos y sus herederos, bajo amenaza de graves sanciones. La decadencia de las instituciones municipales era una realidad. De momento no desaparecieron los cargos, a causa de sus obligadas aportaciones económicas, pero estaban vacíos de contenido; incluso Constantino legisló sobre los Duumviros y recordó la obligación de hacer elecciones en las Curias anualmente en marzo, incluso en el caso de aquellos, su existencia se prolongó hasta 412, cuando Honorio les prohibió ejercer la potestad de las fasces fuera del territorio de la ciudad y poco después perdieron la presidencia de la Curia, pero todo debía ser poco menos que ficticio El intervencionismo imperial dio un nuevo paso en el Bajo Imperio con la introducción de nuevos funcionarios en la organización político-istrativa municipal, lo que aceleró la decadencia de la institución. Un claro ejemplo lo tenemos en la generalización del CUl'ator, funcionario del Estado, aparecido en tiempos de Trajano, para intervenir en situaciones excepcionales y casos de corrupción en los municipios, se convierte en un magistrado municipal nombrado por la Curia y relegando en sus funciones a Duumviros, Ediles y Cuestores. Estos Curator civitatis asumieron, además del control financiero de la ciudad, el control de los registros de la propiedad de los contribuyentes, la elaboración de listas de contribuyentes, la conservación del orden público, detención de sospechosos de delitos y la instrucción del correspondiente proceso; en diversos lugares desempeñaban funciones anteriormente encomendadas a los ediles sobre aprovisionamientos, abastos y control de precios de mercancías. Ya nos hemos referido a la presión fiscal y abusos que sobre la ciudadanía ejercían los curiales, lo que producía frecuentes algaradas y conflictos. Para remediar la situación, en el siglo IV, se instauró en los Municipios un funcionario encargado de la protección y defensa de los habitantes de la ciudad, muy especialmente de la plebe, que recibiría los nombre de Defensor civitatis y Defensor plebis. Inicialmente eran elegidos por el Prefecto entre personas del orden senatorial, Honorio encomendó su nombramiento al Obispo y Clero -téngase en cuenta que desde Constantino el cristianismo había sustituido a la antigua religión romana y el culto al Emperador-, juntamente con la Curia que debía ser ratificado por el Prefecto del Pretorio, pero Mayoriano anuló la intervención del clero, limitando su elección a la Curia y a la plebe, El cargo duraba cinco años y era irrenunciable, quedando excluidos los decuriones, aunque habían de ser personas idóneas. Su misión era proteger a la plebe y a los pobres contra los abusos y violen-

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EL MUNICIPIO ROMANO

cias, denunciando al Prefecto del Pretorio los actos contrarios a la ley cometidos en el territorio municipal. Disponían de algunas atribuciones concretas en materia de Hacienda, policía y jurisdicción. Entre las primeras, las más importantes, se contaban la vigilancia para que los contribuyentes no fueran perjudicados en las declaraciones del padrón de la riqueza, para evitar exigencias no previstas en el reparto Imperial, evitar los fraudes en los pesos y medidas, etc. Como Jueces conocían en los asuntos civiles hasta cincuenta sueldo y quizá sin límites en los pleitos de la plebe rústica (PÉREZ PUJOL, pág. 197). Frente a la opinión mantenida por Pérez Pujol, de que este funcionario alcanzó una gran prestigio y después del Código Teodosiano fue antepuesto a todas las magistraturas municipales, por lo que siguió conservando una cierta influencia en el nuevo municipio después de la invasión germánica (pág. 197), quedan pocas dudas sobre el fracaso de sus funciones, convirtiéndose a la larga en un nuevo agente imperial que no cumplía sus objetivos iniciales. Este fracaso debe inscribirse en la crisis generalizada, existente en el Bajo Imperio, que afectaba a los valores políticos, económicos y sociales, por lo que era imposible evitar la ruina institucional del municipio romano, en aquellos últimos tiempos sometido a la istración centralista del Palatium del Emperador, quien a veces enviaba a las ciudades como delegado suyo a un conde (GARCÍA VALDEAVELLANO, pág. 154). La llegada de vándalos, alanos y suevos en 409, afectó casi de forma definitiva a las ciudades romanas, ya de por sí depauperadas y en absoluta crisis. Los nuevos invasores extendieron su acción por toda la península, salvo la Tarraconense, estableciendo sus asentamientos en zonas próximas a las ciudades. La guerra duró prácticamente todo el siglo y recién expulsados unos invasores llegaban otros que destruían lo poco que quedaba o que se había reconstruido, por lo que una vez más Sánchez Albornoz sostiene que a principios del siglo v las instituciones municipales habían quedado desarticuladas. Incluso en las fuentes no existen referencias a las magistraturas tradicionales, probablemente los curator habían entrado en crisis y sólo se mantenía el defensor civi-

tatis. Con estos antecedentes, el ilustre historiador de Avila deduce, pese a la ausencia de fuentes, a la presencia en los municipios de un nuevo funcionario: el comes civitatis mencionado en el Breviario de Alarico. Inicialmente el título de comes se confería a los individuos de la comitiva imperial, pero ello no era óbice para que, desde el siglo v, el Emperador destinase a una ciudad en calidad de comes civitatis a un miembro de su comitiva (SánchezAlbornoz, pág. 1084). Probablemente tenía un carácter militar y se podría al frente de la ciudad y su territorio, asumiendo las competencias de los anteriores magistrados, como respuesta a la situación de inestabilidad generalizada (SÁNCHEZ ARCILLA, pág. 117). Menos clara es aún la existencia en el siglo v de los judices civitatis y su actuación en las ciudades, Las dudas de Sánchez Albornoz sobre su presencia en las ciudades a la caída del Imperio son muy acusadas, aunque apunta la posi-. 15


bilidad de que los rectores provinciae delegaran ocasionalmente en un iudex la jurisdicción sobre algunas ciudades (SÁNCHEZ ALBORNOZ, pág. 1083). De cualquier forma es un síntoma más de la práctica desaparición de las instituciones municipales y su vacío pudo ser cubierto no sólo por un funcionario imperial, el comes, sino por otro designado ejerciendo la delegación del rector provinciae para este caso concreto, sin atribuciones militares. Se conoce una referencia antiqua del Liber ludiciorutn, al parecer procedente del Código atribuido a Eurico, a unos judices singularum civitatum, lo induce a pensar de su posible existencia en los extertores del Imperio (SÁNCHEZ ALBORNOZ, pág. 1084, Y SÁNCHEZ ARCILLA, pág. 118). Ninguna de estas posibilidades puede descartarse, pero ante la práctica inexistencia de fuentes sobre el municipio romano del siglo V, debemos mantener esta duda, siguiendo las opiniones de los grandes historiadores de nuestro tiempo, con la certeza de que la ruina de las instituciones municipales romanas en el siglo mencionado era un hecho incontrastable.

Il.

LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL VISIGODA

Las grandezas de un imperio se manifiestan por su resistencia a desaparecer cuando llegan los momentos de crisis y la adopción de diversas instituciones en el nuevo sistema que lo sustituye. Existen numerosos ejemplos a lo largo de la historia de la Humanidad y algo parecido ocurrió en el caso de Roma. Iniciada su decadencia, tardó años, más de dos siglos, en ser destruida su organización política por los pueblos invasores, que llegaron a la práctica totalidad de los territorios del Imperio -en el caso de Hispania los visigodos-, pero incluso con éstos en el poder, los diversos ordenamientos tardaron en refundirse y algunas instituciones, como el municipio, aunque sólo fuese nominalmente, sobrevivieron pese al entorno hostil, produciéndose su desaparición en fecha muy tardía con la quiebra del reino visigodo a principios del siglo VIII. Cuando los visigodos se establecieron en España, respetaron la división territorial de carácter provincial implantada por los romanos, incluso con los límites territoriales anteriores, pero con los nuevos ostentadores del poder, sin la importancia istrativa y judicial que habían tenido en el Bajo Imperio. Incluso es muy posible que durante la primera mitad del siglo V, el clima político resultó favorable a la continuidad de la organización municipal (SÁNCHEZ ALBORNOZ, pág. 1082), pero la situación debió variar pronto y con los nuevos conquistadores, la provincia perdió pronto su importancia dejando de ser la unidad istrativa y judicial por excelencia. La nueva provincia visigoda fue sustituida en sus funciones por nuevos distritos o territoria, englobados en un espacio geográfico más extenso que la antigua provincia, que constituían circunscripciones istrativas y judiciales dotadas de personalidad propia dentro de aquella y gobernadas por agentes

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LA ORGANIZACION MUNICIPAL VISIGODA

especiales sometidos a la inspección del funcionario superior del territoria. La moderna historiografía no duda en atribuir la existencia de los nuevos distritos a la extrema decadencia del Municipio, institución fundamental de la istración romana, por tanto, la base geográfica de este nuevo distrito estaba constituido por los antiguos territoria de las ciudades, con las aldeas o vicos incluidos en ellos y su centro fue la propia ciudad, pero sin que tal distrito dependiese de las agotadas instituciones municipales (GARCÍA VALDEAVELLANO, pág. 204).

a)

Los agentes reales

El iudex Esta crisis y los cambios introducidos en la división del tenitorio, realizada por los nuevos dueños de la situación, se debió principalmente, a la decadencia del municipio, que había permitido incluso la secesión parcial de su jurisdicción en diversos territoria. Si a ello unimos la decadencia de las Curias y la escasa personalidad de sus integrantes, entenderemos las causas que hicieron perder al municipio su condición de órgano principal de la istración y centro istrativo territorial, por lo que los visigodos situaron al frente de las ciudades a un nuevo funcionario -el iudex citado reiteradamente en la Lex romana visigothorum, Código de Alarico (506) o Breviario de Aniano- que ejercía su jurisdicción junto a la curia o sobre los curiales, al tiempo que asumía el gobierno de la nueva circunscripción formada por los antiguos territoria, las aldeas, etc. Sus funciones, respecto a la curia, comprendían la tutoría o curatoría de menores, así como todas las acciones y negocios referidos a ellos, aseguraban los derechos póstumos de los reos, asistía a la validación de las donaciones. Estaba facultado para liberar a los curiales de su oficio o castigarles en caso de comisión de faltas. Conocía los procesos electorales de exactores y susceptores de la urbe, pudiendo sancionar las irregularidades, por último los contribuyentes podían recurrir a él para reclamar ante los excesos fiscales. Por ello, entiende Sánchez Albornoz la permanencia de la función de ese juez en la ciudad y que sus poderes no eran sólo judiciales (pág. 1085). Este funcionario, habitualmente un iudex Uuez), designado por el rey, al frente de la nueva organización de los territoria, sustituyó al municipio romano, como órgano de la istración, ya que no debemos perder de vista que la organización judicial del estado hispano-visigodo estuvo confundida con la istrativa, y todos los funcionarios, al participar en la istración de justicia, recibían la designación general de iudices. En el ya mencionado Breviario de Aniano, aparece un cuadro simple de la organización municipal, propio de un período de transición. La presidencia seguía ostentada por el curator, designado entre los cuariales que hubiesen desempeñado todos los cargos de la curia y el defensor electo por el pueblo. El

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primero no tenía el significado de los tiempos anteriores, incluso el Breviario no le atribuye ninguna función específica. Respecto al defensor, aunque mantenía su cometido proteccionista de la curia y la plebe, sus competencias habían sido muy disminuidas: su potestad jurisdiccional se limitaba a causas menores del orden penal, sus competencias policiales fueron asumidas por los iudices, en el Breviario se le cita asistiendo a los inventarios de menores, junto a la curia, aunque sus preceptos prevén al iudex y a la curia validando los actos de jurisdicción voluntaria (SÁNCHEZ ALBORNOZ, pág. 1087). Pero el municipio, aunque ya resultaba incompatible con la nueva organización, aún se mantuvo en ocaso, incluso en el siglo VI, al redactarse la ley romana de los visigodos, la Curia Municipal conservaba algunas de sus funciones, como la recaudación de impuestos en la ciudad y en el distrito rural, ]a e]ección de los últimos Magistrados e incluso adquirió nuevas competencias como ]a autorización de los actos de jurisdicción voluntaria (emancipaciones, adopciones, etc.) y una cierta jurisdicción civil. Por otra parte, en esta época habían desaparecido los Dunviros, Ediles, Cuestores, sustituidos por el curator y el defensor, pero la mayoría de las ciudades estaban ya regidas por e] comes, que asumía incluso las funciones del segundo. Durante el siglo VI ]a Curia fue extinguiéndose en muchas ciudades y desde e] reinado de Recaredo]a recaudación de impuestos se encomendó a unos agentes de ]a Hacienda Pública, ajenos a] municipio, llamados numerai. En consecuencia las instituciones municipales sustituidas por una nueva organización visigoda se extinguieron lentamente. Por ello, Sánchez A]bornoz opina que e] municipio dejó de existir realmente en e] siglo VI, y que en el último tercio del siglo VII desapareció en todas las ciudades el defensor y la Curia era una sombra histórica. Es evidente que a principios de] siglo VI hubo numerosas ciudades españolas sin curiales, proceso de extinción que no se detuvo y provocó la paulatina desaparición de las curias, aunque es probable que desde el propio Estado visigodo no se decretó jamás la abolición del Orden curial, aunque tampoco debieron hacer nada por detener su desaparición. Pero también es probable que al producirse la caída de] estado visigodo, en algunas ciudades aún se detectase ]a existencia del defensor civitatis e incluso algunos curiales. De cualquier forma es indudable que a la caída del Estado ]a mayoría de las civitatis visigodas eran sedes de antiguos municipios. Además de los testimonios sobre ]a nueva organización local, ofrecidos por e] Breviario, así como documentación mencionada por Sánchez A]bornoz referente a Teodorico el Grande, anterior a] 526 fecha de su muerte, hacen suponer que en el primer tercio de] sig]ox VI, durante ]a regencia ejercida en España por este rey ostrogodo, había funcionarios godos al frente de las ciudades españolas, aunque no se puede afirmar si tales funcionarios continuaban una tradición o en realidad constituían una novedad institucional.

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El comes Pocos años después comienza a perfilarse la figura del comes vel iudex civitatis, que aparece con funciones judiciales, atribuciones policiales, istrativas e incluso militares. Por lo que Sánchez Albornoz se hace la obligada pregunta ¿ Había el conde, por tanto, asumido el gobierno en todas las ciudades espaFíolas, desplazando al iudex del Breviario? (pág. 1091). Su interpretación es que hasta el año 500 el delegado real en las ciudades se denominaba generalmente iudex y específicamente comes si pertenecía a la comitiva real. En las Antiquae del Líber Judiciorum, de cincuenta años más tarde, figuran el comes y el iudex ejerciendo en las ciudades idénticas funciones judiciales y político istrativas, lo que nos llevaría a la conclusión de que no existían novedades en la antigua práctica de que el iudex civitatis fuese un contes civitatis, en el caso bastante frecuente de que el rey enviase a uno de sus comites para regir la ciudad. Ahora bien, nunca coinciden en la misma ciudad ejerciendo sus funciones los dos oficiales, cuya distinción en definitiva es la carencia de competencias militares en el caso de los iudex. Probablemente la importancia de la ciudad o determinados factores de índole político, influirían en el ánimo real para el envío de un comes, que sin duda disfrutaba de un mayor grado de confianza y proximidad a su persona. Significativamente, ninguna de las dos figuras tenían a su cargo la recaudación de impuestos, encomendada tradicionalmente a los numerarii, excepcionalmente figuraba el conde realizando la recaudación de la annona precisa para el mantenimiento del ejército. En el reinado de Recaredo (586-601), se detectan ciertas fisuras en esta exclusión de las funciones fiscales, principalmente en los cánones del III Concilio de Toledo del 589 y las reservas en una ley del propio Recaredo anterior al 601. De tales fuentes se deduce que la cuantía de los impuestos y que debían pagarse se determinaban en una reunión anual de los obispos que se celebraba el día uno de noviembre de cada año. Existían iudices vel actores publici dotados de competencias fiscales en las ciudades, que exigían contribuciones abusivas a los obispos y clérigos, así como condes y vicarios que recaudaban en su provecho tributos en las ciudades y territorios, por lo que el propio Recaredo les prohibió el ejercicio de tales exacciones, al considerar que en su condición de jueces estaban remunerados por el rey.

b)

Recaredo y los Concilios de Toledo

Llegado este momento, no se puede ignorar el importante giro que tuvo para el desarrollo político y social de la monarquía visigoda, la generalización religiosa producida durante el reinado de Recaredo, que excluyó a los arrianos y elevó a la categoría de religión oficial de] Estado al cristianismo. De hecho

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junto al Rey y sus agentes figurarán los sucesivos Concilios celebrados en Toledo. De acuerdo con tales cambios, Recaredo confirió a los obispos la competencia de rechazar o nombrar a numerarios como recaudadores de impuestos y a los defensores, en su condición de jueces menores, ordenando que el ya mencionado uno de noviembre, los primeros se reuniesen conjuntamente con los obispos para determinar la cuantía de los impuestos. Los sucesores posteriores incrementaron estas potestades episcopales, por ejemplo Chindasvinto facultó a los obispos para intervenir en los caso de que condes, jueces o vicarios fuesen declarados sospechosos y Recesvinto otorgó al episcopado autoridad de crítica sobre los jueces, incluso potestad para juzgar con la colaboración de jurados laicos las causas de los pobres (SÁNCHEZ ALBORNOZ, pág. 1100). El origen del nombramiento, tanto episcopal como judicial correspondía a los reyes, por lo que tenían una dependencia de los agentes delegados inmediatos del rey: los comites, tampoco parece que los obispos tuviesen a mediados del siglo VII riquezas cuantiosas y poder territorial, en definitiva, unos agentes reales sin autonomía económica lo que les hacía tener una dependencia muy acusada del monarca. Pero no podemos ignorar su protagonismo político, después del III Concilio de Toledo, y aunque su influencia resultase más de índole moral que material, debemos interpretar su presencia en las ciudades como un instrumento del intervencionismo y de la acusada centralización de la monarquía visigoda.

Recesvinto y el Liber Judiciorum En el proceso de transformación institucional y refundición legal, además de las aportaciones mencionadas del Breviario de Alarico, Leovigildo o Recaredo, hay que destacar el mérito de uno de los reyes visigodos: Recesvinto, que unificó el derecho al promulgar un nuevo Código que era aplicable a godos e hispano romanos, aproximadamente hacia el año 654. El Código incluía más de 500 leyes distribuidas sus diversas materias en doce libros. Que recogían gran parte de las Leyes de Leovigildo, denominadas antiquae y las posteriores promulgadas por Chindasvinto. Esta compilación pasó a la historia con el nombre de Libro de los Jueces (Liber Iudiciorum), es una pieza básica para el conocimiento del derecho de la época y de la organización político-istrativa de los visigodos. Aunque hemos de señalar la importancia que tuvo la derogación de las leyes romanas, aunque autorizase su estudio y la prohibición de que los jueces sentenciasen en los casos de vacío legal, debiendo recurrir al rey para que dictase el fallo: El glorioso rey Flavio Recesvinto. Sobre las leyes derogadas de otros pueblos - Permitimos y aceptamos que se estudie en las leyes de otros pueblos para

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buscar su utilidad, pero las prohibimos y rechazamos para la discusión de los negocios. Pues aunque brillen en la exposición, presentan por ello dificultades. Por ello como hasta para la plenitud de la Justicia, el examen de las razones y el orden debido de las palabras las que es sabido se contienen en el conjunto de este código, no queremos sufrir ya más las leyes de los romanos o las instituciones extraíias» (GARCíA GALLO, vol. 11, págs. 170-171).

En el último cuarto del siglo VII, durante los reinados de Wamba y Ervigio, se produjeron nuevas leyes, por lo que éste encomendó al Concilio XII de Toledo la revisión del Liber. La nueva versión suprimió algunas leyes, adicionó las de los reyes indicados e introdujo diversas modificaciones que fueron interpoladas en los textos legales, por lo que resultaron ampliamente corregidas (GARCÍA GALLO, vol. 1, pág. 344).

El conventus publicus vicinorum Por último, situándolo a finales del período hispano godo, hay que recordar la existencia en los territoria, bajo la autoridad del comes, de aldeas y vicos libres de la dependencia señorial, dotada de una organización local muy rudimentaria, manifestada en una reunión de la asamblea de vecinos, figura rural que se conoció como: el conventus publicus vecinoru11l. Esta asamblea recogía algunos aspectos de la solidaridad vecinal para tratar asuntos de importancia menor relacionados con los usos comunales de carácter económico y agrario. Entre las cuestiones objeto de su competencia se encontraban la determinación de límites en los campos, rectificación de los mismos, distribución de las décimas por los ganados que pastaban en los campos comunales, estimación de daños causados por los animales en huertas, prados, viñedos, etc., persecución de siervos fugitivos, devolución de los ganados, que se mezclaban en los rebaños, a sus propietarios. También ante el Conventus publicus vecinorum, se realizaban enajenaciones de tierra y la ejecución de castigos corporales. Tal muestra incipiente de solidaridad local, se reunía en las encrucijadas de los caminos, en las calles de un poblado o en los mercados, convocados los vecinos a toque de bocina o cuerno, como consta en las Etimologías de San Isidoro. La actuación de esta asamblea vecinal en el aprovechamiento de los prados y bosques comunales, y que todos los propietarios rurales de la aldea poseían comunalmente en calidad de ager compascuus, es posible según García Valdeavellano, que fuese un vestigio de la solidaridad vecinal entre los comarcanos de las primitivas asociaciones agrarias germánicas y que la tradición de éstas tal vez se fundiese con los compascua del sistema agrario romano (GARCÍA VALDEAVELLANO, pág. 208).

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111.

LOS ORÍGENES DEL CONCEJO ABIERTO Y DEL MUNICIPIO MEDIEVAL

a)

El fin del reino visigodo y la resistencia cristiana inicial

La presencia árabe en la España visigoda en el 711, supuso no sólo la derrota militar del rey D. Rodrigo, sino la quiebra y liquidación del reino visigodo, cuyos no se habían integrado plenamente con la población hispanorromana de la época lo que resultó un factor decisivo para la rápida ocupación de Hispania. Las expediciones y algaradas del ejército bereber recorrieron todos los confines de la península, desde Guadalete hasta Gijón, exceptuando las bolsas formadas por los lugares más abruptos. Al margen de su presencia más o menos permanente en el territorio, no hemos de olvidar que las campañas militares musulmanas aprovechaban las estaciones más favorables para sus avances. Ocupadas inmediatamente las ciudades situadas al sur del Tajo y batidos por las sucesivas campañas los territorios del norte, los límites de la guerra se situarían en una ambigua frontera constituida por los núcleos de resistencia aislada que se extendieron a lo largo de la cordillera Cantábrica y continuaba por los Pirineos hasta el Mediterráneo, con unos puntos claves: Covadonga en Asturias, Amaya en Álava, Alquézar en Sobrarbe, Roda en Ribagorza y Ager en Pallars, que generaron los núcleos originales de los reinos asturiano, navarro, aragonés y catalán. Pese a la dura resistencia ofrecida en estos lugares, los conquistadores bereberes sobrepasaron la frontera natural de los Pirineos. En los años siguientes al 712 toda la península quedó dominada por los musulmanes, con las excepciones mencionadas. La resistencia asturiana inicial debió preocupar poco a los musulmanes de Córdoba, pues la posteriormente magnificada batalla de Covadonga no debió pasar de un enfrentamiento entre musulmanes procedentes de la guarnición árabe de Gijón y cristianos refugiados en las montañas, pero que probablemente no superaron entre todos los doscientos hombres. Los árabes, asentados en las tierras del sur más fértiles y de climatología más suave, tampoco impidieron la desertización de las tierras del Duero y el Ebro, relegando en último extremo a los norteafricanos a dichas tierras, las que pronto abandonaron. En la Meseta norte se produjo, en los años inmediatos, una dispersión total de la población urbana que murió en las sucesivas algaradas, fue sometida al cautiverio o se desplazó hacia el norte buscando los focos de resistencia cristiana. En cuanto a los habitantes del medio rural, sufrieron análogas dificultades, con el agravante de que vieron desolados sus cultivos, arrasadas sus viviendas y desposeídos de sus ganados, lo que les obligó también a dispersarse o buscar refugio en lugares poco accesibles y aislados de las rutas habituales recorridas por el invasor. En lo sucesivo los musulmanes no podrían utilizar para sus campañas contra Asturias la antigua vía romana de la plata desde Córdoba, Mérida, Cáceres, Salamanca, Zamora y Astorga, por la falta de vituallas e intendencia, impres-

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LOS ORIGENES DEL CONCEJO ABIERTO Y DEL MUNICIPIO MEDIEVAL

cindibles para los ejércitos expedicionarios que vivían sobre el terreno. La alternativa fue dirigirse hasta Nájera, última fortaleza musulmana en la vía de Astorga a Zaragoza, para entrar por las Conchas de Raro y Amaya buscando el camino más fácil hacia Asturias. Sin embargo, hemos de recordar que los intentos de avanzar sobre las Galias quedaron frustrados por Carlos Martell después de la batalla de Poitiers el 732 (SÁNCHEZ ALBORNOZ, Despoblación ... , pág. 165). Los reinos embrionarios citados, iniciaron tempranamente su proceso de expansión, recorriendo el camino inverso del que desde el 711 habían hecho, primero los visigodos derrotados y después los cristianos hispanorromanos que huían de los fundamentalismos árabes. En este orden, el reino de Asturias, que ya en el 724 había derrotado en Covadonga a los musulmanes, fue el primero en iniciar la expansión, aprovechando las crisis internas árabes y las revueltas ocurridas en el 741, que supusieron la práctica desaparición del ardor conquistador de los ocupantes, a lo que también colaboraron la escasez y el rigor climatológico, que provocaron el hambre y finalmente el regreso a África de los bereberes instalados en Galicia y en toda la meseta norte. Durante los quince años siguientes, Alfonso I y su hermano Fruela, lucharon con éxito fijando las fronteras árabes en la línea del Tajo, existiendo al norte el verdadero desierto del Duero, en el que Alfonso I estableció una tierra de nadie, sin ninguna organización istrativa y prácticamente deshabitada, que por lo inhóspito, cumplía un importante papel disuasorio y defensivo para la fortaleza asturiana. En los albores del año 811, reconstruido Oviedo, se instaló en ella la corte, organizándose una incipiente istración y se restableció la vigencia del Liber Judiciorum.

b)

La repoblación desde la cordillera cantábrica hasta el Duero

Con Ordoño n (850-866) se inicia el proceso de repoblación, reedificándose Tuy y Astorga (855) y León (856). Con su hijo Alfonso nI (866-910) se consolidó el proyecto repoblador, constituyendo a lo largo del Duero una barrera defensiva por lo que trasladó la capital del reino a León, cabeza de un territorio limitado por los ríos Mondego, Duero, Pisuerga, Arlanza, incluyendo a Vizcaya y Alava. En el reinado de Alfonso nI se produce también la consolidación del territorio independiente de Cataluña bajo el gobierno de Wifredo el Velloso, que agrupó en una entidad istrativa única al Rosellón, Cerdaña, Ampurias, Urgel, Barcelona y Gerona. También coincidió en este período la transformación de Navarra en reino. Los nuevos territorios conquistados por los reyes de Asturias y después de León, obligaba a un proceso de repoblación, no sólo por razones de seguridad, sino también de carácter económico, lo que supuso una colonización interior de gran envergadura que se prolongó en toda la península hasta el siglo XIII. Alfonso In se apoyó en el principio jurídico de que toda la tierra abandonada era de

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propiedad real, por lo que la adjudicó a particulares laicos o eclesiásticos. De acuerdo con el procedimiento, los nobles resultaron favorecidos al disponer de mayores medios propios (aperos, colonos, siervos, etc.) para poner en explotación más espacios, aunque en muchas ocasiones el rey o el señor entregaban a los campesinos libres tierras yermas para su cultivo dándoles al tiempo la correspondiente carta de población. La toma de posesión de la tierra recibió el nombre de presura y terminó por convertirse en un auténtico proceso de roturación y colonización de la tierra. Con tales características de tipo social la estructura latifundista romana desapareció, siendo sustituida por cultivadores directos y condicionada la propiedad de la tierra a un rendimiento agrícola y a su ocupación permanente, lo que generó una clase social de propietarios que tenían casa, huertos, sembrados propios y una participación en los bienes comunes: el bosque, el monte, el río, el pantano, etc. Sin embargo no debemos olvidar que salvo León o Barcelona, el resto de los núcleos de población del siglo IX principios del X, mencionados en crónicas y documentos, carecían de las condiciones materiales que podían atribuirse a un núcleo urbano; eran lugares para la defensa, residencia de obispos o nobles y refugio de campesinos. Estaban dispersos en las zonas montañosas y más concentrados en la meseta donde podía existir un centro urbano constituido paulatinamente alrededor de la iglesia y el mercado, con un territorio circundante denominado alfoz, lo que confería la inserción de sus habitantes en el medio rural. A partir de aquí surgieron una relaciones de vecindad, que conducía a los moradores de un mismo lugar a organizarse para regular el aprovechamiento de la tierra y su misma convivencia. Como hemos visto el proceso repoblador de los monarcas asturiano-leoneses se realizó, primero tímidamente, después con más fuerza, hasta llegar a los límites del Duero, lo que supuso la aparición de numerosos núcleos de población que fueran los futuros municipios. A estas entidades, eminentemente rurales, que a veces eran de carácter eclesiástico y otras laico, les otorgaron los reyes de Asturias y León determinados privilegios de inmunidad, yen virtud de los mismos quedó prohibida la entrada en ellos a los funcionarios reales. Estos núcleos, producto de la repoblación, constituían las comunidades de aldea. Sus pobladores, en principio, eran rústicos y campesinos que disponían de parcelas y tierras propias transmisibles a sus herederos, según consta en los documentos de la época, pero, además, tenían y participaban en el uso de los bienes comunitarios de la aldea como los pastos, los montes, el agua, el molino, el pozo de la sal, etc. La regulación de estas cuestiones, por un lado, y por otro, la defensa de sus derechos ante las intromisiones, la resolución de los litigios entre ellos, la determinación de los límites, las tasaciones, el control de los precios de los alimentos, etc., fueron problemas que se plantearon inmediatamente asentados los repobladores de la aldea y la fórmula para resolverlos fue por medio de la reunión de todos los vecinos, puesto que a todos les afectaba 24


por igual la cuestión y búsqueda de posibles soluciones. Es, sin duda, el Concejo Abierto. Otro motivo aglutinante de los aldeanos era su dependencia de una autoridad exterior (el Rey, el señor, etc.) el señor, secundado por sus agentes, los merinos y sayones, trataba de crear y mantener una tupida red de obligaciones sobre el hombre asentado en la aldea. Otra vez la reunión de todos los vecinos de aldea el Concejo Abierto, constituyó el mecanismo de defensa que les permitió presentar una actitud más o menos sólida y unitaria frente a las imposiciones y demandas del señor y sus subalternos. La Asamblea Vecinal intervenía en múltiples facetas de la vida social y económica de la comunidad, pero también defendía los principios inspiradores de su condición jurídica, aquellos privilegios y exenciones concedidos por el Rey, o que pactaron al repoblar la aldea. En definitiva, estaban defendiendo su derecho o fuero.

c)

El Concejo Abierto: desde las comunidades de aldea a las ciudades medievales

Aunque en el pasado, principalmente hasta los estudios realizados por D. Eduardo de Hinojosa, se ha insistido en el origen romano y visigodo del municipio medieval, estas teorías a la luz de las nuevas investigaciones históricas, continuadas por don Claudio Sánchez Albornoz y el Centro de Estudios Históricos, tienen escasa consistencia. En general se ite únicamente que determinados elementos aislados del municipio romano subsistieron en la nueva figura medieval, pero es evidente que su estructura, organización y principios eran indudablemente nuevos. En cuanto a las relaciones de las instituciones visigodas con el régimen municipal del medievo, Muñoz y Romero a mediados del siglo XIX vinculó el origen de éste con «la aplicación a la esfera del Municipio de las instituciones judiciales de los pueblos germánicos, conservadas son duda alguna por los visigodos». No parece que sea ésta una opinión muy sólida en nuestros días. Quizá alguna institución visigoda como el conventus publicus vecinorul1l, pueda lejanamente identificarse con algunos rudimentos de la asamblea vecinal que regía nuestros Concejos Abiertos (pág. 225). La aparición del Concejo Abierto está íntimamente ligada al origen del municipio medieval, cuestión en la que están de acuerdo todos los autores. Ahora bien, es preciso hacer algunas consideraciones al respecto para mayor claridad del problema. El Concillium del reino asturleonés se fue haciendo realidad al ritmo del proceso repoblador del valle del Duero y, por tanto, en los siglos IX y X tenía un carácter eminentemente rural. Debemos itir que este Concillium era el Concejo Abierto, y en tal sentido 10 utilizamos aquí, pero hay que tener en cuenta las diversas acepciones señaladas por Valdeón para dicho concepto, por ejemplo: «los integrantes del séquito real», «los monjes de un 25


monasterio», «el equivalente de una iglesia y sus feligreses». No hay que olvidar que estas definiciones han sido extraídas de múltiples documentos manejados e indudablemente tienen el valor científico adecuado. También puede aparecer en los documentos de la época el concepto «collación», aludiendo a una iglesia, que a la vez jugará un papel aglutinante de los habitantes de un territorio concreto, lo que hará coincidir la «reunión de fieles» y la «entidad rural». En ese caso, la «collación» será también Concilliul1l o Asamblea de esos mismos habitantes (El origen ... , pág. 6). Las comunidades de aldea, al tratar de resolver y hacer frente a los problemas planteados por su gestión, en terminología de nuestros días, generaron el nacimiento de las Asambleas Vecinales, con la característica ya mencionada de constituir la reunión de todos los vecinos. Por lo que el Concillium, en caso de confirmarse esta hipótesis era, en opinión de Valdeón, «la propia comunidad convocada en Asamblea para autogobernarse». Y es indudable que en las comunidades aldeanas de los siglos IX Yx eran el Concejo Abierto (El origen ... , pág. 5). Este Concillium tendrá un carácter eminentemente local, en el sentido que nosotros lo estamos utilizando, y como hemos visto será «la comunidad misma actuando en la regulación de algunas actividades comunes». Lo que también será cierto es que el Concilliu17l del incipiente Municipio estará constituido por todos los vecinos, sin excepciones ni discriminaciones de ningún género, ya sea de edad, sexo o condición social o jurídica con excepción de moros y judíos. Ello se desprende del conocimiento de algunos textos, por ejemplo el del año 935 referente al Concejo de San Zadurní, Berdeia y Barrio, en el que se menciona: «nosotros todos, que somos del Concejo de Berdeja, Barrio y san Zadornil, varones y mujeres, jóvenes y viejos, máximos y mínimos, todos conjuntamente, que somos habitantes, villanos e infanzones... ».

La conclusión de Valdeón será clara: estamos ante la equiparación entre la comunidad de aldea y el Concejo, que naturalmente tiene un carácter abierto. El origen del Concillium es ciertamente oscuro, pues no se encuentra ningún vestigio ni rastro de tal institución en las fuentes visigodas. Hinojosa piensa que el Conventus publicus vicinorum pudo persistir en algunas regiones apartadas del poder central (Toledo), favorecido por el Liber Judiciorum, y que pese a su oscurecimiento en los primeros años de la invasión árabe, posteriormente se fundió en el Concillium o Asamblea Judicial, con lo que encontramos este dualismo identificado por las mismas personas, pese a la autoridad del ilustre historiador, no es ésta la idea que se tiene al respecto a la luz de los últimos trabajos, principios confirmados reiteradamente por la moderna historiografía de Sánchez Albornoz, que afirman el origen medieval del Concillium, producto de las circunstancias especiales basadas en la repoblación y la extensión de los pri-

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mitivos reinos, por lo que Valdeón opina que el Concillium es una creación específica de la Edad Media sin os directos con alguna herencia del pasado» (El origen ... , pág. 3). Dicha interpretación parece ser la más idónea, pues no podemos olvidar lo argumentado posteriormente sobre el vínculo de solidaridad que ligaba a los repobladores, protagonistas de un proceso inédito desde antes de la romanización de Hispania. Tal espíritu solidario les impulsaba a la defensa de intereses comunes, siempre por medio del Concillium, pues debieron descubrir su fuerza ante la amenaza exterior, bien procediese del Rey, del señor, o incluso de los próximos componentes de otro Concillium cercano. Ello supondrá la aparición de una verdadera conciencia colectiva entre los vecinos, lo que, sin duda, produjo una mayor intervención de éstos en la ordenación y regulación de la vida local. y tal regulación, protagonizada por la comunidad de aldea, se desarrolló desde la Alta Edad Media, a través del Concilliu11l, el cual dará lugar al Municipio cuando obtenga el grado de organización precisa y disfrute de una cierta autonomía precedente de la obtención de derechos y fueros. A este Municipio o Concejo lo calificará Valdeavellano como «la reunión de todos los vecinos», o «Concejo Abierto», constituido en un régimen de democracia directa en el que todos participaban por sí mismos (pág. 481). La aparición de las comunidades rurales autónomas se produce en Castilla a partir de la época de Fernán González. Son las células que generarán los municipios castellanos. Ya vimos con anterioridad que los primitivos reyes de Asturias y León habían concedido privilegios de inmunidad a determinados lugares. Por ello, nuestros viejos conocidos, los habitantes de San Zadurní, Berbeja y Barrio, aquellos que eran iguales, en 955 atestiguarán ante el primer Conde de Castilla que no tenían a sus villas ninguno de los agentes del señor, ni merinos ni sayones. El asentimiento del referido Conde a estas manifestaciones que contenían una exención señalada, supuso el reconocimiento de la libertad istrativa y judicial de tales comunidades. Deduciéndose que de todas aquellas concesiones nació la figura jurídica del municipio castellano (SÁNCHEZ ALBORNOZ, Espaíia ... , 11, pág. 407). Este Concejo castellano no va a diferenciarse del surgido unos años antes en los reinos de Asturias y León con motivo de las repoblaciones iniciadas. Se mezclarán las personas, las costumbres y las instituciones. Así cuando lleguen al primer límite repoblador del valle del Duero no habrá distinciones entre unos municipios y otros y el sistema de Concejo Abierto, o la Asamblea General de Vecinos será el procedimiento de autogobernarse las aldeas. Si bien es verdad que aquellas aldeas y aquellos incipientes municipios estaban formados en un principio por hombres libres, la igualdad de todos no parece que sea su característica. En primer lugar, se suscita la cuestión de la duda cuando a una aldea repoblada llegan nuevos integrantes. ¿Qué sucede entonces? Y si no hay tierra suficiente, ¿cómo se instalan los recién llegados, eminente-

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mente campesinos? Valdeón dice que «las nuevas gentes, al no poder tener tierras propias, debían establecerse m,ediante contratos agrarios de diversa naturaleza» (Seiiores y campesinos ... , pág. 70). Evidentemente, los documentos son explícitos a este respecto, aunque no muy abundantes, y así del citado de 955 recordamos la fórmula inicial: «Máximos et mínimos, villanos et infanzones ... ». No caben, por tanto, muchas dudas sobre el particular, y podemos afirmar sin temor a errores, que al menos en el siglo x no existía ya una sociedad igualitaria, sino un entramado social marcado por el status económico, que en esta ocasión se reflejaba por la tenencia y propiedad de la tierra, que a todas luces era desigual, máxime cuando esta desigualdad aparece inicialmente en la adjudicación de tierras de labor en las zonas repobladas. La configuración de esta estructura social en las comunidades de aldea, dará lugar a la aparición de los boni homini, que serán aquellos vecinos que tengan hereditate en la aldea y que poco a poco irán absorbiendo la representación de la comunidad en el ConcilliUll1, con 10 que irá mermando la actividad del Concejo Abierto, dando paso a un Concejo reducido, que analizaremos después. Tal situación, pareja al crecimiento de la aldea, se producirá paulatinamente a partir de los siglos XI y XII. Los boni homini son, sin duda, los vecinos más destacados del Concejo, bien por sus propiedades, bien por su posición social, y ellos serán los que evolucionando el tiempo gobernarán en nombre de todos, ostentando la representación de la Asamblea General de Vecinos, consolidándose la diferencia de clases sociales basada en la desigualdad económica y en la incipiente influencia política. En la estructura social medieval, los que se perfilaban como dirigentes, señores, caballeros, etc., hasta finales del siglo XI, principios del XII, habían formado parte de la población rural; a partir de entonces, las nuevas demandas y la evolución social les impulsó hacia las incipientes ciudades, con lo que se institucionalizará un sometimiento de las aldeas de alfoz al Concejo urbano. El Concejo Abierto seguirá practicándose por tiempo indefinido en las aldeas y perseverará en muchos casos hasta hoy. Pero es indudable que existirá una fuerte dependencia del habitante de la aldea respecto al noble de la ciudad, marcada a partir del siglo XIII, con un matiz más público, pues desde el Concejo de la ciudad se dominaba a los Concejos de aldea, por el carácter hegemónico de aquéllos, «complementando, por esa vía institucional, el dominio, que a título individual, ejercían ciertos seíiores sobre ciertos aldeanos de la tierra» (GARCÍA DE CORTÁZAR, pág. 130). Ello producirá en el futuro indudables conflictos, que serán debatidos en los Concejos Abiertos, llegando los aldeanos hasta las más altas instancias del poder de Estado en queja y recurso de sus pleitos. Unas veces será contra los nobles o señores que olvidaban sus deberes, otras frente a instituciones como la Mesta. Punto de fricción éste muy frecuente por la mayor localización de aldeas de Concejo Abierto en las zonas altas donde el Honrado Concejo tenía sus pastos.

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IV.

LOS MUNICIPIOS URBANOS

El natural desarrollo de las aldeas hacia entidades locales más amplias o las concentraciones de población con carácter urbano, dan también lugar a diversas interpretaciones. Por un lado se piensa que las ciudades, al ser una transformación de las aldeas, heredan de éstas el Concillium y el sistema de Concejo Abierto para regular la vida local. En otro sentido, se apunta que al producirse la evolución urbana, no es simultáneo el mantenimiento institucional del Concejo Abierto. Se piensa a este respecto, que al menos en alguna ocasión el COllcillium de las ciudades pudo derivar de las Asambleas Judiciales de carácter feudal aparecidas en el reino asturleonés en la Alta Edad Media. Hay que señalar también que al aparecer las ciudades castellanoleonesas con sus incipientes municipios, se ubicaban la mayoría de las ocasiones dentro de un recinto amurallado rodeadas de una extenso territorio, que hoy denominaríamos término municipal y entonces se llamaba el alfoz, en el que a su vez existían varios Concejos, formados por el de la urbe y los de las aldeas. La realidad es que no había diferencias entre los habitantes de una y otras; en el período a que hacemos referencia, siglo x a XI, era realmente una sociedad igualitaria dentro de los de la misma condición, no existiendo inferioridad de los habitantes llanos del alfoz, respecto a los de la urbe. El componente común de las ciudades 10 encontraremos al tutelar éstas un conjunto de aldeas de su alfoz, a través de los caballeros, que anteriormente moraban en las aldeas y que ahora se han instalado en las ciudades, como hemos indicado, con lo que se producirá un fenómeno de dependencia señorial aldeaciudad. De ésta, dice Cortázar, «el caballero y ganadero de Avila, Salamanca, Segovia, Ca la tay ud, Daroca, o el noble interesado en los rendimientos agrícolas del campo de Lérida o Zaragoza sobreimponen su hegemonía sobre el campesino arraigado en las aldeas de la tierra o del alfoz» (pág. 56).

a)

Los casos de León, Zamora, Burgos y Valladolid

León En el temprano fuero de León de 1020 encontramos, en el capítulo 29, un reconocimiento a la igualdad de los habitantes de la ciudad y a los del distrito rural que constituían su término, pudiendo todos por igual intervenir en el gobierno municipal con idénticos deberes y derechos. En ese mismo Fuero existe otra disposición, la 30, que confirma la existencia de un Concejo General de los ciudadanos de fuera y de dentro de la ciudad, su igualdad y sometimiento a una misma norma. Tal precepto del Fuero leonés dispone que todos los habitantes del alfoz y de la urbe tuviesen siempre un mismo Fuero, y que acudiesen el primer día de Cuaresma al capítulo de Santa María de Regla para establecer

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allí las medidas del pan, del vino y las carnes, así como el precio de los salarios del campo, etc. Y también para asegurar el orden y justicia en «todo aquel al1o», con señalamiento de penas a los infractores (F. DíEZ GONZÁLEZ, El Concejo ... , pág. 579). Sánchez Albornoz, refiriéndose a dicha población de León en el siglo x, indica que «el Conde gobernaba a la ciudad, auxiliado por el merino y el sayón. El Concillium o Asamblea General de Vecinos de León y su alfoz se reunía bajo la presidencia de aquél» (Una ciudad... , pág. 29). Sin embargo, en la misma ciudad, durante los siglos XI y XII, según la investigación realizadas por el profesor Estepa, se llega a la conclusión de que el Concillium de León en la época citada «era la asamblea judicial, presidida probablemente por el iudez o integrada por los boni homini». La deducción la obtiene el autor tras el examen de un documento del año 1037 que contiene un testamento. Si este COIlcillium no coincide con el que Sánchez Albornoz describe para el año 930 aproximadamente, quiere decir que un siglo después se ha transformado su naturaleza. De acuerdo con Valdeón, el Concillium descrito por Estepa para la ciudad de León, a mediados del siglo XI, está casi en las antípodas del Concejo Abierto (pág. 10). Es probable que cuando se produzca la evolución del Municipio incipiente y aparezcan los municipios consolidados de las centurias siguientes, XII y XIII, este Concillium, ajeno al Concejo Abierto del XI, sea el antecedente del Concejo definido por Estepa como «Asamblea representativa de la comunidad, con atribuciones fiscales y militares, personalidad jurídica y ejercicio de jurisdicción como delegado del poder regio» (ESTEPA, Estructura ... , pág. 456). Surgen las dudas sobre el particular y a la luz de los actuales conocimientos no se puede afirmar que, a partir del siglo XI, las grandes ciudades del reino estuviesen gobernadas por un sistema de Concejo Abierto. El crecimiento urbano, la variedad demográfica, el deambular de peregrinos y mercaderes, etc., harían cada vez más difícil el funcionamiento del Concejo Abierto. La evolución se irá produciendo paulatinamente y el Concejo se formará sobre la base de la asamblea compuesta por algunos hombres de la ciudad, «una vez que éstos se atribuyan la representación de toda la comunidad urbana» (ESTEPA, pág. 456). Si a ello unimos, en el caso de León, el crecimiento urbano producido por la incorporación de nuevos barrios, como San Martín o el de los Francos, quedarán pocas dudas para interpretar que cuando se habla de «concilio» en documentos de la época (1122) se está refiriendo indistintamente a una pequeña Asamblea Judicial y a un grupo de personas también reducidas, representantes de las nuevas comunidades. De cualquier forma se está el declive del Concejo Abierto y como afirma Estepa se producirá «la actuación de unos pocos personajes en la vida local» (pág. 457).

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Zanwra Zamora, otro núcleo urbano de importancia en la primera repoblación por su carácter fronterizo, sufrió a fines del siglo x la ofensiva de Almanzor. Tras ella, sin obispado, semi destruida la ciudad y menguada su población, tardará un siglo en recuperarse, hasta mediados del Xl. A partir de ese momento en opinión de Represa «se irá definielldo Ull régimen de gobierno ciudadano», que ya, por su dimensión urbana, no podía ser el del Concejo Abierto, procedimiento que quizá había sido abandonado hacía tiempo (pág. 528).

Burgos Respecto a Burgos, las primeras referencias documentales en las que consta el funcionamiento del Concejo aparecen en el siglo x, y se refieren a él como una modesta Asamblea Vecinal, compuesta a veces por «todos y otras por un grupo de vecinos que representa a la comunidad». Con ello surge una vez más la duda de la presencia general de ciudadanos de todas las ocasiones en que se reúne el COllcilliu111. y además, según González Díez, en las escasas ocasiones documentales a que ha tenido consta que los ciudadanos participan en el tribunal del Conde (pág. 357), reiterándose lo que sucedía en León por época coincidente, según nos describía Sánchez Albornoz. En otro documento del 972, recogido por el mencionado González Díez constará «vel omni concilio de Vurgentiu111 civ ita te, anima ad huc esse civitas. et in ¡acie 111ultorum bonerum omniu111 a minimo usque ad m{LXillw». En esta ocasión no queda duda de que participan todos los vecinos. Situación que se reproduce en 1103, en un privilegio de Alfonso VI, eximiendo de la mañería que se pagaba en la ciudad. Al referirse al Concejo lo hace por la generalidad de los ciudadanos, detallando su situación jurídica: «ad todos homines de Burgos ... », «tan clerici quam layci, tam nobilis quam ignobiles, tan ¡ranci, quan castellani seu de quacumque provincia fuerint» (pág. 359). Pero nosotros, ciñéndonos al tema del Concejo Abierto, objeto de este trabajo, no podemos itir sin más la constancia de que el Concejo estuviese formado por todos los hombres de Burgos, por lo cual debemos formular algunas preguntas. Cierto que el Concejo de Burgos lo componían todos sus ciudadanos. Hoy también el Municipio está compuesto por todos los residentes en él (art. 12.2, Ley 7/1985). Pero a principios del siglo XII Burgos era una urbe de considerable importancia en la época, con una numerosa población franca o de otros lugares establecida en la ciudad y reseñada en el documento. Si estos casos hubiesen constituido una corta o escasa representación, no se haría mención de ellos; lo mismo es válida para clérigos, laicos, nobles, pueblo llano, etc. ¿No será una mera fórmula del procedimiento de elaboración del documento, mencionar todos los hombres de Burgos?, ¿no estaría ya en desuso en tal aglo-

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meración urbana el sistema de Concejo Abierto? ¿Habría posibilidad de reunir a todos los hombres de Burgos en el lugar habitual para celebrar el Concejo? Mucho tememos encontrarnos ante un caso de Concejo reducido en que unos pocos representan a todos. Y este Concejo reducido es probable que fuese en realidad quien gobernase el municipio burgalés de principios del siglo XII. Confirma nuestras dudas el profesor Estepa, cuando piensa que a partir del siglo XI se va borrando esta realidad del Cocillium y que la configuración de instituciones municipales en la segunda mitad del siglo XII tenga lugar ya a partir de la mera existencia de Asambleas Judiciales limitadas sólo a algunos hombres de la ciudad, caracterizados como boni homines, y produciéndose prácticamente en esta ocasión una situación análoga a la de León en la misma época (C. ESTEPA, Burgos ... , pág. 83).

Valladolid Un caso más tardío es el de Valladolid, lugar prácticamente inexistente durante el siglo X y la mitad del XI, pues la primera referencia documental no aparece hasta 1062, por la donación de un infantazgo hecho por Alfonso VI, que se extendía hasta «Val1adolid». La aldea situada entre los ríos Esgueva y Pisuerga tuvo durante poco tiempo carácter fronterizo, pues la conquista de Toledo en 1085 alejó el campo de batalIa más de 200 kilómetros al sur del Duero. Sin embargo, debemos reconocer su carácter de encrucijada y su estratégica ubicación como núcleo de población en los límites del antiguo territorio cristiano, protegida por las cercanas fortalezas de Si mancas y Cabezón, lugares más antiguos y escenarios de duras luchas en la primera mitad del siglo x. Loa hallazgos arqueológicos permiten suponer la existencia esporádica de pequeños poblamientos anteriores dotados de la movilidad propia del proceso reconquistador, pero la realidad es que hasta fines del siglo XI sólo se conoce su nombre y la existencia de dos parroquias, San Julián y San Pelayo, de gran tradición en la España cristiana, que quizá acogiesen a dos comunidades de origen geográfico distinto y de las que tampoco se conoce el momento de su instalación, pero es indudable que tenían un firme sentido comunitario. AquelIas parroquias o collaciones tendrían una importancia fundamental en el incipiente Concillium vallisoletano, que ya en 1095 estaba dotado de una relativa autonomía reconocida por el delegado regio, como figura en la carta dotal de la Colegiata de Santa María por el conde don Pedro Ansúrez (1. MAÑUECO y ZURITA, pág. 27). Tan destacado noble no fundó la ciudad, como vulgarmente se transmite, sino que al lado del asentamiento de la comunidad ya existente, regida por un Concejo Abierto, fundó dos iglesias: Santa María y Santa María de la Antigua y un hospital, produciéndose en el futuro un desarrollo urbano considerable hasta la actual plaza de Santa María desde la ori11a septentrional del Esgueva. A

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partir de ese momento se incorporaron al lugar pobladores de diversos orígenes, árabes, judíos y extranjeros, conocidos comúnmente como francos, o incorporándose éstos tempranamente a la condición de vecinos. También a finales del siglo XI se produce la integración de los habitantes de las dos parroquias primitivas y, por tanto, la consolidación del Concilliul1l, que se manifiesta como el instrumento para gobernar la comunidad, formado por todos los habitantes conjuntamente con el representante real, merino, sayón, etc. (Rucquoi ... , pág. 66). Sin embargo, en Valladolid, como en otros lugares al norte del Duero, se produjo un caso de doble jurisdicción, que dividió a la población a raíz de la donación hecha por el conde don Pedro al abad D. Salto, de un barrio fuera de los límites del Esgueva para que lo poblasen, constituyendo el señorío de la abadía y convirtiese a sus pobladores en vasallos (Maíiueco ... , 1, pág. 75). La situación perduraría durante los dos siglos siguientes con los conflictos y fricciones que pueden suponerse. Pese a la dificultad de identificar a las personas o el territorio de dicha jurisdicción abacial se suele situar al este de Santa María la Antigua en el barrio de la Cabañuelas. Lógicamente, junto al ConcilliUln y el delegado regio existió otro merino del abad y posteriormente, incluso, un judex abacial. A lo largo del siglo se crearon hasta 13 parroquias que, además de la consideración religiosa, dieron lugar a la aparición de una entidad territorial denominada barrio en lugar del habitual de parroquias o colaciones, aunque se desconoce el papel que desempeñaban estas verdaderas divisiones urbanas en la istración del Concejo. Durante todo el siglo XII ese Concilliul1l aparece una y otra vez como la manifestación colectiva de todos los vecinos en los documentos de la Colegiata, refiriéndose siempre a asuntos de interés que afectaban al gobierno de la comunidad o a las relaciones del Concillium con el abad. Su evolución entre 1100 y 1150 es desconocida, ya que la documentación sólo aporta el testimonio de su existencia, pero a partir de 1150 las referencias son más frecuentes y mucho más amplias, apareciendo no sólo el Concillium, sino diversos magistrados que desempeñaban funciones específicas, por ejemplo en 1158 aparece el Judex, como el primer oficial del Concillium, desempeñando funciones judiciales militares (la milicia concejil), y políticas que afectaban al Concejo. La evolución es lenta, pues hasta 1250 no aparecieron los alcaldes y los jurados. Quizá sea a mediados del siglo XII, cuando la complejidad de la istración y la existencia indudable de un sector oligárquico de boni homini, desplazase a la Asamblea Vecinal de las responsabilidades cotidianas en el gobierno local, que en lo sucesivo se desempeñarán por un grupo reducido de representantes, aunque el Concillium y, por tanto, la Asamblea de Vecinos, como tal, siga figurando en los documentos del período. Ello se deduce por la estructura de los mismos, en los que aparece el Concillium como protagonista de la urbana y en los que constan siempre una relación idéntica de personas que actúan en nombre de dicho Concilliul1l, por lo que

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si éste sólo fuese «la asamblea general de los habitantes reunidos para confirmar las ventajas, donaciones, intercambios y para solucionar algunos aspectos de la vida económica», cualquier individuo de la Asamblea podría actuar como testigo y suscribir los documentos en nombre del resto de sus convecinos. Estas circunstancias se repiten en las décadas posteriores, constando los hijos o adolescentes de los anteriores, por lo que Adeline Rucquoi mantiene la existencia de un reducido grupo de delegados representando al resto de la comunidad incluso antes de 1150 (pág. 149). Nuestra duda es si estos delegados eran electos por la Asamblea de Vecinos o por el contrario se repetían los nombramientos de forma rutinaria probablemente, y por último se haría de forma vinculante. Es muy probable que en 1250 se eligiesen a los nuevos magistrados; nada aclara la documentación, ni tampoco se puede recurrir al primitivo Fuero con el que se dotó tempranamente a la villa, pues sólo se reconoce su existencia por las referencias al mismo. Cuando en 1265, Alfonso X concedió el Fuero Real a Valladolid, desaparecen estas dudas y se inicia el ocaso de la autonomía e independencia local, porque el democrático ejercicio del Concejo Abierto había desaparecido bastantes años antes.

V.

LAS REPOBLACIONES HACIA EL SUR Y LOS GRANDES CONCEJOS

Hemos descrito cómo el municipio rural nació en las tierras repobladas cuyo límite marcaba el valle del Duero. Cronológicamente apareció muy temprano, hacia los siglos IX y X, pero también se extendió y asentó con gran rapidez, generalizándose institucionalmente por todo el territorio de los reinos de León y Castilla, que también comprendía el norte de Portugal. .La repoblación, que a continuación se acometerá, es la comprendida entre el Duero y el Tajo con la aparición de las dos Extremaduras, la castellana y la leonesa. El campo de batalla no volverá a estar al norte del Duero, por el contrario, la línea defensiva será el Tajo y la guerra se llevará hasta el corazón de AndaluCÍa. Tal circunstancia supondrá la aparición de una tupida malla de pequeños y grandes Concejos cuyo señor es el Rey, lo que en realidad produjo un claro equilibrio frente a la voracidad feudal de nobles y altos clérigos. Es preciso señalar, además, la fuerza de alguno de estos Concejos, los cuales ya no se regían por el sistema Abierto o de Asamblea General de sus vecinos. Esta fuerza económica y militar no será igualada por ningún señorío de la época y habitualmente apoyará al poder real en detrimento de las instancias feudales. Con razón se dirá que las milicias aportadas por los Concejos de ciudades como Avila, Segovia, Burgos, etc., cuando el Rey las reclame para alguna campaña militar, constituirán las fuerzas más importantes de su ejército, siendo prácticamente en todas las ocasiones más fuertes que las aportadas por los señoríos más relevantes. A ello habrá que añadir la potencia económica de su alfoz, unas veces sólo, otras institucionalizado en Comunidades de Villa y Tierra, lo que justificará la

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BIBLIOGRAFIA

afirmación de Díez González sobre la existencia de un verdadero «sellaría» del Concejo, opinión compartida por diversos medievalistas. El Concejo, efectivamente, era un señorío, perteneciente al «sellaría del Rey» (F. DíEZ GONZÁLEZ, El Concejo ... , pág. 580). Tal carácter señorial lo ostentaba el Concejo dada su personalidad jurídica, no sólo porque era propietario, sino «porque también ejercía una jurisdicción como delegado del poder regio y, por tanto, participaba de su fiscalidad» (C. ESTEPA, Estructura ... , pág. 459). Tales municipios aportaron nuevos contingentes humanos a los primitivos Concejos que habían surgido al norte del Duero en las primeras repoblaciones de los siglos IX y X, Y así, según Sánchez Albornoz, se constituyó «una extrwla comunidad histórica

alzada sobre una amplia base democrática, un pueblo único en Europa y Espalla» (Espwla ... , pág. 409). No parece que las opiniones de la actual investigación histórica al respecto, resulten terminantes y tajantes en su contenido democrático, como expone el ilustre profesor abulense, máxime desde que se constata la existencia de oligarquías urbanas precisamente a partir del mencionado siglo XII. Cuestión, por otra parte inevitable, producida por la propia dinámica de la sociedad medieval. Lo que es cierto, a los efectos de nuestro interés, es que el Concejo Abierto será cada vez más restringido y creemos que prácticamente inexistente en estos poderosos municipios medievales.

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